Los abogados de Quilbeb Sur reclamaron la detención cautelar del presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, Martín Ticinese, y de su vicepresidente, Tomás Eloy Fracchia. También solicitaron prohibirles salir del país, retener sus pasaportes y notificar formalmente a otros 20 ejecutivos y directivos. En una segunda presentación, ampliaron la ofensiva probatoria sobre presuntas maniobras fiscales, laborales y contables y pidieron preservar los sistemas informáticos de la compañía.
La causa que enfrenta a Quilbeb Sur S.A. con la estructura directiva de Cervecería y Maltería Quilmes ingresó en una nueva etapa. Ya no se trata solamente del expediente que nació a partir de la denuncia por el desplazamiento de la distribuidora que durante años operó en el sur del Conurbano bonaerense: los particulares damnificados pidieron ahora que la Justicia avance directamente sobre la libertad ambulatoria de las dos máximas autoridades locales de la cervecera.
Eduardo David Gómez y Juan Manuel Mazzacane, con el patrocinio de los abogados Fernando Burlando, Germán Francone y Javier Ignacio Baños, solicitaron la detención cautelar de Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., y de Tomás Eloy Fracchia, vicepresidente de la compañía. Subsidiariamente, reclamaron una batería de restricciones destinadas a impedir una eventual salida del país y preservar la investigación.
La presentación se realizó dentro de la IPP N° PP-06-00-029680-25/00, caratulada “Toranzo, Analía y otros s/ Asociación ilícita – Coacción agravada – Defraudación por desbaratamiento de derechos acordados”. La querella sostuvo que el expediente requiere un “impulso concreto, inmediato y eficaz” y cuestionó el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación.
Burlando pidió la detención de los dos máximos directivos
El planteo fue directo. Los abogados requirieron que el Ministerio Público Fiscal solicite al Juzgado de Garantías medidas de coerción personal contra Ticinese y Fracchia y colocaron como primera alternativa procesal su detención cautelar.
La presentación aclaró que no se pidió una “pena anticipada”, sino una medida procesal que, según la acusación particular, encontraría fundamento en riesgos concretos derivados de “la gravedad de los hechos, la capacidad económica y funcional de los denunciados, el tiempo transcurrido, la posibilidad de salida del país y el riesgo de entorpecimiento probatorio”.
Los denunciantes fundamentaron el pedido en seis puntos: la gravedad institucional y económica de los hechos investigados; las posiciones jerárquicas de Ticinese y Fracchia; la capacidad que tendrían para influir sobre documentación y prueba digital o testimonial; el tiempo transcurrido desde la denuncia; el eventual riesgo de ausencia del país y la necesidad de ordenar formalmente la investigación.
Uno de los argumentos centrales se apoyó precisamente en el lugar que ambos ocupan dentro de la estructura empresaria. Para la querella, sus cargos les habrían permitido “intervenir, conocer, autorizar, tolerar o controlar decisiones comerciales, logísticas, legales, financieras o estratégicas vinculadas con la operatoria denunciada”.
Pasaportes, Migraciones y una eventual salida a Estados Unidos
El escrito fue todavía más lejos. En caso de que la Justicia no disponga la detención, los particulares damnificados pidieron prohibir la salida del país de Ticinese y Fracchia, ordenar la retención o entrega judicial de sus pasaportes, comunicar la medida a la Dirección Nacional de Migraciones e incorporar alertas a los sistemas migratorios y de control fronterizo.
Respecto de Ticinese, la presentación señaló la existencia de circunstancias “vinculadas a una posible salida o radicación en el exterior”, particularmente en Estados Unidos. Por ese motivo también solicitó librar un oficio a la Embajada estadounidense —o utilizar el mecanismo institucional correspondiente— para determinar si existen circunstancias relacionadas con una eventual salida o radicación del ejecutivo en ese país.
El pedido no implica que esas medidas hayan sido concedidas. Se trata de solicitudes formuladas por los particulares damnificados que deberán ser evaluadas por la Fiscalía y, en lo que corresponda, por el Juzgado de Garantías.
Veintidós nombres bajo la lupa
La ofensiva judicial no terminó en Ticinese y Fracchia. La presentación pidió que se notifique en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense a un amplio grupo de personas individualizadas dentro de la estructura de Cervecería y Maltería Quilmes.
El listado comprende a Martín Ticinese, Tomás Eloy Fracchia, Fabio Baracho Martinelli, Javier Montes, Marcelo Pablo Carranza, Matías José Tabilla, Agustina Ivón Villalba, Paula Soledad Marconi, Analía Toranzo, Ariel Sandler, Ignacio Suárez, Owen Dempsey, María Eugenia Botta, Jimena Pérez, Eugenio Raffo, Gonzalo Fagioli, Erica Zamora, Rodrigo Catalá y Mariano Toledo. fileciteturn0file0
Además, los denunciantes pidieron individualizar y notificar, por su posición jerárquica o funcional dentro del grupo empresario, a Michel Doukeris, Fernando Tennenbaum y Carlos Lisboa. La presentación identifica a Doukeris como director ejecutivo, a Tennenbaum como director financiero y a Lisboa como CEO de Zona Sudamérica.
La posterior presentación sobre nuevas diligencias ratificó expresamente los mismos 22 nombres y sostuvo que su notificación resulta necesaria para “ordenar la investigación, garantizar derechos, evitar futuros planteos de indefensión y permitir que las medidas de prueba se produzcan dentro de un marco procesal claro”.
La acusación sostiene que Quilbeb no cayó por una simple disputa comercial
Quilbeb Sur sostiene que su salida del mercado no respondió a una controversia contractual ordinaria sino a una maniobra destinada a desplazarla de su zona de distribución.
Según la presentación, la operatoria investigada habría comprendido el bloqueo o interrupción del abastecimiento, la imposición de reclamos económicos utilizados como mecanismo de presión, el incumplimiento de decisiones judiciales dictadas en el concurso de Quilbeb, la ruptura de su cadena de suministros y el eventual ingreso de terceros beneficiados por su desplazamiento.
La querella volvió a conectar esa hipótesis con los episodios ocurridos en Berazategui, donde se denunciaron hechos de desapoderamiento, usurpación, sustracción de bienes y privación ilegítima de la libertad. Es precisamente por esos antecedentes que los abogados pidieron que las diligencias sensibles no queden en manos de dependencias policiales provinciales y que intervenga la Policía Federal Argentina o una fuerza federal equivalente.
Una segunda presentación abrió un frente fiscal, laboral y contable
Mientras reclamaron las medidas contra los directivos, Burlando, Francone y Baños presentaron otro escrito de 32 páginas que amplió considerablemente el horizonte probatorio.
Allí solicitaron investigar la eventual existencia de mecanismos vinculados con evasión del impuesto interno, pagos no registrados, utilización irregular de notas de crédito, fraude laboral, evasión impositiva dentro de la red de distribución, fraude contable y emisión de notas de débito sobre bases presuntas. Los propios denunciantes aclararon que no afirmaron categóricamente la existencia de todos esos delitos: pidieron producir prueba y, si aparecen hechos penalmente relevantes, extraer testimonios y remitirlos a las autoridades competentes.
La distinción es jurídicamente sustancial. La presentación enumera hipótesis que la querella pretende investigar, no delitos cuya comisión haya sido establecida judicialmente.
Entre otras diligencias, se reclamó acceder a bases de acreditaciones y notas de crédito identificadas como presupuestos “Sin Límite” y “Con Límite”, información del sistema WAPI, registros del equipo WSC —Wholesalers Compensations—, documentación sobre pagos vinculados con RAMA y SUTIAGA, bonificaciones especiales y reconocimientos de fletes.
“Colgate”, “cofre” y los sistemas que la querella quiere preservar
El escrito contiene dos denominaciones internas particularmente llamativas que ahora la querella pretende que la Justicia esclarezca.
Una de ellas es “Colgate”. Los denunciantes solicitaron preservar y obtener toda documentación relacionada con lo que describieron en su presentación como un supuesto “plan de evasión o esquema interno” conocido con ese nombre, y determinar si estuvo relacionado con requerimientos al sistema CHESS destinados a ocultar, modificar o restringir la visualización de modalidades de cobro de distribuidores.
La otra es “cofre”. Sobre ese concepto solicitaron documentación contable, responsables, períodos, importes, cuentas, asientos, reversos, aprobaciones y auditorías, con el objetivo declarado de establecer si existieron provisiones excesivas, reservas internas o mecanismos utilizados para alterar resultados contables. También reclamaron información a PWC sobre la documentación examinada para la certificación de balances y estados contables.
La presentación pidió además investigar las notas de débito identificadas como NAC o “No Acreditable” y determinar si fueron emitidas sobre bases reales y documentadas o mediante cálculos presuntos sin suficiente respaldo.
Trece testigos para reconstruir los circuitos internos
La nueva batería probatoria incluyó el pedido de declaración testimonial de trece personas que, según el escrito, podrían aportar información técnica o funcional sobre las áreas investigadas.
Se trata de Natalia Fabiano, Paula Isabel Demarchi, Pablo Toscano, Juan José Durso, Bruno Ungaro, Juan Pereda, Facundo Lara, Tomás Mercau, Lilian Santoro, Lucía Biset, Matías Schauvinhold, Gerardo Adrián Higa y María Emilia Aimaretti.
Los denunciantes vincularon a esos potenciales testigos con las áreas de Control Investment, Pricing, WSC, Impuestos, Sales Finance, Control Interno, auditoría de nóminas, sistemas, acreditaciones, notas de crédito, descuentos y provisiones contables.
El temor a que desaparezca la prueba digital
Otro de los puntos sobre los cuales los abogados pusieron especial énfasis fue la preservación inmediata de la evidencia informática.
Solicitaron resguardar los sistemas WAPI, CHESS y ERP, bases de notas de crédito y débito, los presupuestos “Con Límite” y “Sin Límite”, registros de Control Investment, correos corporativos, información de NEXTBYN y el SharePoint denominado “Plan Invierno / Plan Verano / Temporada”.
También reclamaron que la compañía se abstenga de “eliminar, alterar, migrar, modificar, depurar, anonimizar, borrar o sustituir” archivos, registros, correos electrónicos, bases de datos o metadatos vinculados con la investigación.
Si la documentación no fuera entregada, el pedido escaló un peldaño más: los particulares damnificados solicitaron subsidiariamente allanamientos, registros, secuestros y extracciones forenses en oficinas administrativas, áreas comerciales, contables, financieras, de compliance y tecnología, servidores, computadoras, teléfonos corporativos, repositorios compartidos y archivos físicos.
De la distribución de cerveza a una investigación que puede multiplicarse
La dimensión que pretende darle la querella al expediente quedó plasmada en el último tramo del escrito. Si las medidas solicitadas arrojan indicios de evasión tributaria, fraude fiscal o laboral, pagos en negro, coimas, falsedad documental o contable, administración fraudulenta, lavado de activos u otros delitos de acción pública, Burlando y los restantes abogados pidieron extraer testimonios y remitirlos a la Justicia competente, al Ministerio Público Fiscal, a ARCA y a los organismos correspondientes.
Así, el expediente que comenzó alrededor del desplazamiento de Quilbeb Sur intenta avanzar ahora sobre la arquitectura interna de una de las compañías más importantes del mercado argentino.
La Justicia todavía deberá resolver si existen elementos suficientes para disponer las medidas más severas reclamadas por los denunciantes. Pero el movimiento procesal marcó un cambio de escala: Burlando pidió la detención de las máximas autoridades locales de Cervecería y Maltería Quilmes, reclamó restricciones migratorias, puso bajo notificación a una extensa nómina de directivos y pidió abrir los sistemas informáticos, comerciales, laborales, fiscales y contables de la compañía.
Quinto Poder 
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