Mientras el jueves pasado el secretario de Seguridad del Municipio de Morón, Damián Cardoso, lo representaba en la interpelación a la que él no asistió, el jefe comunal estalló en un ataque de ira al notar que su funcionario se “lavaba las manos”. En más de una oportunidad, Cardoso hacía sentir que el responsable del “desgobierno” era el jefe comunal y sólo defendía la política de su Secretaría.
- Por Jaime Rorjas.
Así, en la soledad que sólo comparte con la jefa de Gabinete, Estefanía “La Tofi” Franco, reaccionaron de manera violenta y, como casi siempre, ilegal. Llamaron a dos empleadas “fieles” de la Dirección de Inspección General para que, a cambio de horas extras, salieran con aerosoles provistos por el Municipio a estropear los afiches publicitarios del exintendente Martín Sabbatella. A su vez, el secretario Guillermo Pascuero comenzó a amenazar a constructores cuyas obras tenían cartelería publicitaria con que no les entregaría los planos si poseían publicidades de Sabbatella, ya precandidato a intendente de Fuerza Patria.
Como si el ataque de furia no alcanzara, otras empresas de la vía pública fueron obligadas a tapar los afiches del contrincante con mayores posibilidades electorales. Y mientras las horas de la interpelación pasaban – duró más de siete horas de pura vergüenza para el oficialismo -, más deprimido y furioso se ponía Ghi. Por lo cual, no satisfecho, mandó a colocar una franja de clausura sobre las cartelerías de publicidad en la vía pública.
El Apriete a los Trabajadores de Recursos Humanos
El exdiputado de Francisco De Narváez, Damián Cardoso, acudió a la interpelación con la clara intención de dejar en offside a su jefe, Lucas Ghi, y, por otro lado, de defender su gestión ocultando datos que debieran ser públicos, como la nómina de los expolicías que ingresaron a la Municipalidad, el escalafón con el que prestarán servicios, cómo llegarán a cobrar un millón de pesos por mes, cuánto gastan en nafta para la policía, cuántas son las horas extras que pagan y cuál fue la empleada de Seguridad detenida por robo el mismo día del hecho de inseguridad en el Colegio Emaús de El Palomar.
Lucas Ghi y “La Tofi” vivieron como una puñalada que los concejales de Fuerza Patria tuvieran la nómina completa de los exmilitares y policías que ya se están formando para las cuadrillas de caminantes de la denominada Policía Municipal. Y creyeron que el dato salió de la Dirección de Recursos Humanos, que dirige el secretario de Economía, Guido Napolitano. Entonces empezaron una cacería de brujas, amenazando a esos trabajadores y trabajadoras y obligándolos a firmar un “Compromiso de Confidencialidad” sobre datos que, en realidad, deberían ser públicos, como dar a conocer la nómina de los 8.500 empleados con que cuenta la Municipalidad.
Ese papel carece de legalidad, está fuera del Convenio Colectivo de Trabajo y constituye una clara vulneración de los derechos laborales y humanos del personal municipal.
Se Vienen Más Juicios
Los hechos graves que ocurren por fuera de la ley ya llaman la atención hasta en la propia Justicia. Más de tres denuncias penales contra el intendente, desde peculado hasta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Y en el Fuero Contencioso Administrativo, donde ya se resolvieron las ilegalidades cometidas con los concursos de Salud, se están cursando en la actualidad los procesos judiciales por las cesantías masivas para obligar a acogerse a la jubilación a centenares de trabajadores.
Con estos últimos aprietes a los empleados municipales se esperan más denuncias, tanto del sindicato que conduce Gustavo Sanz como de sectores políticos cada vez más preocupados por el accionar del intendente Lucas Ghi y de su minúsculo grupo de seguidores.
Quinto Poder 
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