La interpelación por Seguridad expuso respuestas pendientes, fuertes cruces y una defensa oficialista que priorizó proteger a Lucas Ghi. Claudio Román admitió que su bloque le aconsejó no concurrir. La representación del intendente está permitida por ley, pero los cuestionamientos sobre información, recursos públicos y decisiones administrativas abren una discusión institucional mucho más profunda.
“Es este bloque que le dice al intendente que no venga para no exponerlo a un circo romano que lo quieren tener ustedes”.
Claudio Román pronunció la frase en el Concejo Deliberante de Morón y dejó al descubierto la estrategia del oficialismo durante la interpelación del jueves 17: preservar a Lucas Ghi de una exposición que sus propios concejales consideraron inconveniente.
El edil del PJ-Movimiento Derecho al Futuro respondió a las críticas por la ausencia del intendente, quien envió al secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso. Pero su intervención fue más allá de defender una facultad legal. Presentó el control institucional como un escenario del que correspondía mantener alejado al jefe comunal.
La jornada terminó por exhibir esa contradicción: un gobierno que reclama reconocimiento por su gestión, pero considera una agresión que los representantes del distrito le exijan explicaciones.
Un representante que debía responder por todo el Ejecutivo
Florencia De Luca, presidenta del bloque de Fuerza Patria, precisó el alcance de la convocatoria. Reconoció que Ghi podía delegar su comparecencia y cuestionó el modo en que Cardoso ejerció esa representación.
“Venimos hace varias horas escuchando al secretario de Seguridad hablar a título personal de su gestión en la Secretaría y lo que debería hacer es hablar en nombre del intendente”, sostuvo.
La observación apuntó a un problema central. El funcionario delimitó sus respuestas a su intervención al frente del área, mientras los concejales reclamaron explicaciones sobre la continuidad de una política municipal cuya responsabilidad corresponde al intendente, más allá de los cambios de gabinete.
“El intendente es intendente hace varios años y fue intendente de todas y cada una de las secretarías de Seguridad”, remarcó De Luca. Calificó como irresponsable su ausencia y vinculó lo ocurrido con la desprolijidad de la administración municipal.
Diego Spina planteó la misma distinción: “Nosotros no estamos interpelando al secretario de Seguridad sino al intendente Lucas Ghi”. También reconoció la posibilidad de representación, pero agregó una condición política que atravesó toda la sesión: “Lo que pasa es que hay que dar la cara de todo”.
El reclamo adquirió contenido concreto cuando Spina pidió las planillas de seguimiento de los GPS de los dos móviles que, según la explicación oficial, cubrían la zona del Colegio Emaús, en El Palomar. Allí, el jueves 10 de septiembre, el comisario retirado Hernán Catarraso resultó baleado cuando llevaba a su hija al establecimiento, en el episodio que motivó la interpelación. El concejal exigió conocer la ubicación exacta de ambos vehículos a esa hora.
Después llegaron los requerimientos sobre combustible, horas extras de la Policía Bonaerense y personal de la escuela de formación. Spina incluso propuso un cuarto intermedio para que el Ejecutivo reuniera los datos.
La insuficiencia de las respuestas no se redujo a una impresión opositora: ante las preguntas sobre gastos y horas adicionales, Cardoso aportó cantidades de efectivos, pero no precisó los montos solicitados. La información necesaria para contrastar recursos, prestaciones y presencia efectiva quedó pendiente en ese intercambio.
“Preguntamos cosas muy puntuales”, insistió Spina. Su sospecha de que no existió la cobertura anunciada quedó formulada como una acusación puesto que no hubo registros que la confirmen, pero tampoco que la desmientan.
“Esto se pudrió todo”
El cuestionamiento de Spina desembocó en una definición política que condensó la tensión de la jornada. Después de señalar la prolongada permanencia de Ghi al frente del Municipio, recurrió a un refrán:
“El pescado se pudre por la cabeza”.
Y concluyó: “Esto se pudrió todo. Esto está desbarrancado”.
La frase colocó la responsabilidad en la conducción del Ejecutivo. Los problemas de seguridad, las respuestas pendientes y los cambios de funcionarios no pueden analizarse como episodios sin relación con quien dirige el gobierno municipal.
El oficialismo ensayó otra defensa. Alfonso Martínez sostuvo que, mientras los concejales firmaban el pedido de interpelación, Ghi se reunió con la víctima, las autoridades del colegio y las familias.
“Díganme si eso no es estar en donde tiene que estar, que es con los vecinos”, afirmó.
El argumento omitió que ambas obligaciones son compatibles. Acompañar a una víctima y reunirse con una comunidad educativa no reemplaza la rendición de cuentas. El Concejo debe conocer qué decisiones se tomaron, con qué recursos y por qué fallaron las medidas de prevención.
La presencia territorial tampoco convierte las preguntas institucionales en un agravio.
La discusión sobre la legalidad llegó al recinto
Otro de los cruces más fuertes enfrentó al concejal Ariel Aguilera con Cardoso por el Decreto 1519/2026, referido a la denominada Policía Municipal.
Aguilera cuestionó la participación de jueces en la elaboración de la norma e invocó una afectación de la división de poderes. El intercambio escaló a una acusación de mentir; Cardoso la rechazó y lo instó a formular la denuncia judicial correspondiente.
El episodio agregó un asunto que requiere esclarecimiento: qué intervención tuvieron los magistrados mencionados y con qué alcance. Una colaboración técnica, una actividad académica y la participación en una decisión ejecutiva no son jurídicamente equivalentes.
Pero la controversia principal ya está instalada. El propio decreto define una estructura civil y administrativa, sin estado policial, mientras el discurso público del intendente proyectó capacidades que su secretario debió delimitar ante los concejales.
Ese uso de los márgenes legales resulta políticamente revelador: el gobierno amplía las promesas cuando anuncia y estrecha su alcance cuando debe responder por ellas.
Los vecinos, afuera de una discusión sobre su seguridad
La restricción de ingreso al público agregó otra fractura. Pablo Tozzi la cuestionó expresamente: “Es lamentable el hecho de que no hayan dejado pasar a los vecinos a esta interpelación”.
La decisión adquirió especial significado después de las protestas por inseguridad y de los reclamos que llegaron hasta la casa del intendente. El malestar que atravesó las calles encontró cerrado el acceso presencial al ámbito donde debían ofrecerse explicaciones.
El Reglamento Interno concede a la presidencia facultades para regular el acceso y preservar el orden. Sin embargo, impedir la entrada de vecinos no equivale jurídicamente a declarar secreta una sesión: para esto último, la Ley Orgánica y el propio reglamento exigen una votación de la mayoría del total del cuerpo.
La cuestión que corresponde esclarecer es qué medida se adoptó y con qué fundamentos. La potestad de ordenar una sesión debe servir a su funcionamiento, sin convertir el reclamo ciudadano en una presencia indeseable.
El resultado: el intendente quedó protegido de la exposición y los vecinos, apartados del recinto.
Las faltas que pueden comprometer la continuidad del intendente
La ausencia personal de Ghi no constituye una causal de destitución. El artículo 108, inciso 7, de la Ley Orgánica permite expresamente concurrir por intermedio de los secretarios. Ese mismo inciso, sin embargo, considera falta grave la negativa a suministrar la información requerida por el Concejo.
La distinción importa: una respuesta incompleta, un dato pendiente y una negativa efectiva no son lo mismo. Para determinar responsabilidades deben confrontarse la convocatoria, las preguntas, las contestaciones y los requerimientos posteriores.
La evaluación del último año y medio tampoco puede quedar reducida a esta sesión. Las coberturas de QuintoPoder.ar identificaron decisiones que merecen un examen administrativo y patrimonial específico.
El caso de los haberes de Félix Peña, cuya continuidad este medio publicó junto con documentación sobre su situación judicial, requiere establecer qué prestaciones existieron, quién autorizó los pagos y qué medidas adoptaron las autoridades. El eventual desembolso sin causa tendría una relevancia propia, diferente de los delitos atribuidos al empleado.
Los cuestionamientos por Plaza La Roche y la explotación publicitaria del mobiliario urbano abrieron otra discusión sobre facultades del Ejecutivo, autorizaciones del Concejo y aprovechamiento de bienes municipales. La pretendida transferencia de un tramo de la calle Donato Álvarez a ENOD, además, motivó una denuncia penal que pide investigar las condiciones de la operación y la protección del patrimonio público.
La contratación de Alba Postal exige revisar el procedimiento y la justificación del gasto. Las bajas y jubilaciones cuestionadas judicialmente plantean posibles vulneraciones de derechos y consecuencias económicas para la comuna. No basta con sumar controversias: hay que individualizar actos, normas presuntamente incumplidas, responsables y daños.
Los casos penales que involucraron a personal municipal tampoco trasladan automáticamente sus responsabilidades a Ghi. Lo que debe investigarse respecto del intendente son sus propias decisiones y omisiones: controles, designaciones, pagos y respuestas frente al conocimiento de irregularidades.
De las sospechas a una investigación institucional
El Concejo dispone de instrumentos para avanzar. Puede exigir documentación complementaria y, si existen elementos sobre transgresiones atribuibles al intendente, constituir la comisión investigadora prevista en el artículo 249 de la ley de municipalidades bonaerense.
Ese paso requiere 16 votos, dos tercios de los 24 integrantes del cuerpo. La comisión debe contar con representación de todos los bloques reconocidos, reunir pruebas sobre hechos definidos y garantizar el descargo del intendente.
La ley contempla treinta días de investigación, diez para la defensa y hasta quince para elevar el informe. Una eventual destitución exige después una sesión especial, citación con las actuaciones, oportunidad de defensa y una decisión fundada aprobada nuevamente por dos tercios.
El concejo deliberante moronense ya demostró contar con una mayoría calificada capaz de imponer controles más allá de las banderismo político partidario.
El «luquismo» y la restauración de una vieja lógica
La intervención de Claudio Román expuso algo más que una defensa circunstancial de Ghi. Al reconocer que su bloque le aconsejó no concurrir, dejó clara una prioridad: preservar al intendente de la exposición ante el órgano que debe controlar su gestión. La pertenencia al oficialismo se convirtió en argumento para descalificar la interpelación como un “circo romano”.
Esa lógica de protección permite examinar también los apoyos con los que el luquismo busca sostenerse fuera del Concejo. El respaldo de las dirigencias sindicales que acompañan al Ejecutivo adquiere especial relevancia cuando las decisiones municipales afectan derechos laborales. Allí se pone a prueba si la alianza sirve para representar a los trabajadores ante el gobierno o para defender al gobierno ante los trabajadores.
Las tercerizaciones y las bajas cuestionadas judicialmente vuelven concreta esa tensión. Las conducciones que sostienen políticamente a Ghi deben explicar qué respuestas consiguen para sus representados frente a esas medidas. La proximidad con el intendente pierde justificación gremial cuando no se traduce en garantías para quienes sufren las consecuencias de sus decisiones.
La convergencia entre protección legislativa y respaldo de conducciones aliadas remite a una tradición conocida en Morón. Durante las gestiones de Juan Carlos Rousselot, la personalización del poder y los acuerdos entre estructuras marcaron la política municipal. El luquismo recupera rasgos de esa cultura cuando identifica la defensa del intendente con la defensa del distrito y presenta el control como una hostilidad.
Y así pasamos el primer cuarto de siglo del siglo XXI, atónitos ante el resugimiento paródico del rousselotismo: una construcción que dice reivindicar una identidad popular, pero cuya respuesta ante los cuestionamientos consiste en cerrar filas en vez de dar respuestas certeras y documentadas. La interpelación del jueves 17 dejó expuesto el límite de esa estrategia. Los acuerdos entre aliados para intentar sostener a un gobierno no reemplazan las explicaciones que les debe a los vecinos y a sus representantes.
Quinto Poder 
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