ARGENTINA. AMBA. MORÓN. “Es un disparate absoluto” (+vídeo)

Tras la aprobación por 16 votos contra 8 de la interpelación por la crisis de seguridad en Morón, el concejal Diego Spina cuestionó con dureza al intendente Lucas Ghi y calificó como un “disparate absoluto” el anuncio de que integrantes de la denominada Policía Municipal podrán desempeñarse con armas de fuego particulares. El Decreto 1519/2026 firmado por el propio jefe comunal define al cuerpo como civil y administrativo, establece que carece de estado policial y prohíbe reconocer dentro del vínculo municipal habilitaciones derivadas del retiro de una fuerza. La legislación provincial y nacional agrega nuevos límites a un esquema que aparece jurídicamente temerario.

El jueves 10 de septiembre condensó en pocas horas la crisis de seguridad que atraviesa Morón y expuso, además, una contradicción que trascendió la discusión política para ingresar en un terreno institucional y jurídico mucho más delicado.

A primera hora de la mañana, Hernán Mariano Catarraso, comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, recibió un disparo en el abdomen durante un violento episodio frente al Colegio Emaús de El Palomar, mientras las familias llegaban con sus hijos al establecimiento. El hecho ocurrió alrededor de las 7.15 sobre Santiago Brian al 900. Catarraso intervino ante un intento de robo, se identificó como policía y se produjo un intercambio de disparos. Fue trasladado al Hospital Posadas.

El episodio tuvo además un antecedente inmediato: pocos días antes se había registrado otro hecho delictivo en las inmediaciones del mismo colegio. En las horas posteriores al tiroteo, vecinos de El Palomar volvieron a denunciar una sucesión de robos violentos y una particular concentración de hechos durante las primeras horas de la mañana.

La jornada terminó en el Concejo Deliberante de Morón. Allí, por 16 votos contra 8, una mayoría integrada por distintas fuerzas políticas aprobó la interpelación al intendente Lucas Ghi por la situación de inseguridad.

Terminada la sesión, el concejal de Fuerza Patria Diego Spina habló con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. La entrevista derivó rápidamente en una caracterización política de la gestión municipal, pero también puso en el centro de la discusión el anuncio que Ghi había formulado pocas horas antes sobre su denominada Policía Municipal.

“Hay un desgobierno”

Spina aclaró desde el comienzo de la entrevista que la aprobación de la interpelación no podía reducirse a una disputa entre oficialismo y oposición. Señaló que Fuerza Patria acompañó el pedido junto con la Unión Cívica Radical, el PRO, sectores libertarios y otras expresiones políticas.

“El acento acá está puesto en la grave inseguridad que sufre el partido de Morón y en el desgobierno que, lamentablemente, recae toda la responsabilidad en el intendente Lucas Ghi”, afirmó.

Ante la pregunta de Rossi sobre la ruptura política entre Ghi y el espacio conducido por Martín Sabbatella, Spina reconoció el enfrentamiento pero rechazó que explicara por sí solo la votación.

“Nosotros somos de Sabbatella, pero acá lo que estamos hablando es de las familias que corren riesgo su vida”, respondió. Y agregó que la situación “amerita la presencia del intendente Lucas Ghi para que venga al recinto a rendir cuentas”.

Feinmann se detuvo entonces en una expresión utilizada por el concejal: “desgobierno”.

Spina ratificó el término y avanzó todavía más. Dijo que observaba una “descomposición” del gobierno municipal desde hacía aproximadamente dos años y cuestionó las alianzas construidas por el intendente desde su alejamiento del sabbatellismo.

“Se ha conurbanizado en el peor sentido de la palabra de la década del 90, y ha constituido un poder político con lo más rancio de la política del conurbano”, sostuvo.

Para el concejal, esa transformación desembocó “en un desgobierno, en un problema institucional muy serio” que encontró en la inseguridad una de sus expresiones más graves.

El Palomar: ¿estadísticas favorables en medio de una balacera?

Horas antes de la sesión, el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, había salido a explicar lo ocurrido frente al Emaús y a defender las políticas del Municipio.

Cardoso aseguró que en El Palomar se había logrado reducir alrededor de un 30 por ciento el robo automotor a mano armada y sostuvo que los delitos de mayor violencia mostraban una tendencia descendente. Sin embargo, frente a las consultas sobre la reiteración de episodios en determinados horarios, reconoció la existencia de un problema durante el cambio de guardia del Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense.

La combinación resultó difícil de soslayar: mientras el funcionario exhibía indicadores estadísticos que, según sostuvo, mostraban una mejora, esa misma mañana un policía retirado terminó baleado frente a un colegio durante el horario de ingreso de los alumnos.

Spina incorporó ese contexto durante la entrevista. Recordó un robo ocurrido el día anterior contra un matrimonio al que delincuentes apuntaron a la cabeza y otro episodio registrado días atrás en las cercanías del Emaús.

“Acá lo más grave es lo que le está pasando a la ciudadanía”, sostuvo.

De las armas menos letales a las armas de fuego

La controversia escaló durante la tarde.

Hasta entonces, la presentación oficial de la denominada Policía Municipal había colocado el eje en los chalecos antibalas, los móviles, el entrenamiento y las armas de baja letalidad. El propio Cardoso volvió a mencionar ese equipamiento durante sus intervenciones posteriores al tiroteo.

Pero Ghi introdujo otro componente: El intendente sostuvo ante medios nacionales que los 130 integrantes de la primera promoción, provenientes de fuerzas de seguridad, podrán portar y eventualmente utilizar sus armas de fuego particulares porque conservan su estado policial. Aclaró que el Municipio no les proporcionará esas armas y reconoció que trabaja con la Provincia para conseguir una ley que permita tener personal armado bajo jurisdicción municipal.

La afirmación abrió un problema que excede la comunicación política.

Si Morón necesita una ley provincial para disponer de personal armado bajo jurisdicción municipal, esa facultad no existe actualmente en cabeza del Municipio.

El anuncio intentó salvar esa imposibilidad mediante un atajo: los agentes no portarían armas provistas por la Municipalidad sino las que, según Ghi, podrían utilizar personalmente por su condición de retirados.

“El propio intendente generó por decreto un cuerpo administrativo”

Durante la entrevista, Spina recordó que el Concejo Deliberante había trabajado sobre la creación de una estructura local de seguridad, pero señaló que el propio Ghi retiró aquella discusión legislativa y avanzó unilateralmente mediante un decreto.

“El propio intendente la ha retirado del recinto para generar por decreto un cuerpo administrativo que hoy salió a decir demagógicamente que son empleados municipales pero que van a poder salir armados con armas de fuego”, sostuvo.

Feinmann y Rossi reaccionaron calificando el planteo como una “locura”.

Spina respondió:

“Es un disparate… es un disparate absoluto”.

Y sumó otra advertencia: el mecanismo también podría poner en riesgo a los empleados municipales que compartan móviles y procedimientos con personal que porte armas de fuego bajo una habilitación ajena al vínculo laboral con el Municipio.

El decreto de Ghi contradice el anuncio de Ghi

La principal objeción al anuncio no surge sólo de la oposición política.

Surge del Decreto N.º 1519/2026, firmado el 29 de julio por el propio Lucas Ghi junto con Damián Cardoso y la jefa de Gabinete Estefanía Franco.

La norma creó el Programa Municipal Integral de Prevención, Proximidad, Protección Comunitaria y Convivencia Ciudadana y dispuso que su cuerpo operativo se denomine, institucional y públicamente, “Policía Municipal de Morón”.

Pero el artículo primero inmediatamente aclaró su verdadera naturaleza jurídica:

“El Programa es una organización civil, administrativa, jerarquizada, profesional y preventiva integrada a la Administración central municipal. Carece de personalidad jurídica, autarquía y estado policial. Su denominación no crea competencias ni privilegios y sólo podrá interpretarse dentro de las facultades municipales expresamente reguladas”.

La redacción no deja demasiado margen. La llamada Policía Municipal no es jurídicamente una policía. Es un programa administrativo municipal al que el Ejecutivo decidió colocarle esa denominación pública.

El propio considerando del decreto lo refuerza cuando reconoce que la seguridad pública en sentido estricto y la organización de las policías corresponden a la Provincia de Buenos Aires y que el Municipio “no puede conferir estado policial, crear una fuerza integrante del sistema policial provincial ni asumir funciones generales de investigación criminal o policía judicial”.

Más contundente todavía resulta otro párrafo de la misma norma:

“El Municipio no proveerá armas de fuego, no exigirá su portación y no reconocerá en el vínculo municipal habilitación derivada del retiro de una fuerza”.

Es difícil encontrar una contradicción normativa más directa con la explicación pública posterior.

Ghi sostuvo ante los medios que los agentes podrán utilizar sus armas precisamente por una habilitación derivada de su condición de retirados. Su decreto establece que el vínculo municipal no reconocerá esa habilitación.

Estado policial no equivale a portación automática

La primera falacia normativa consiste en presentar como equivalentes conceptos jurídicos que no lo son.

El estado policial, la autorización para portar un arma de fuego y la competencia de un organismo público para ejercer funciones policiales constituyen categorías diferentes.

La Ley bonaerense N.º 13.982 define el estado policial como la situación jurídica integrada por derechos y deberes propios del personal de las Policías de la Provincia. Su artículo 2 establece que esa condición se conserva después del cese en el servicio activo, salvo que el cese se produzca por baja. El régimen también distingue el retiro activo y establece derechos, deberes y limitaciones específicas para quienes revisten en esa situación.

Por lo tanto, ni siquiera resulta jurídicamente correcto afirmar de manera genérica que cualquier “expolicía” posee estado policial: depende de la forma en que terminó su vínculo con la institución y de su situación de revista.

Pero aun cuando un retirado conserve estado policial, de allí no se desprende que el Municipio de Morón adquiera estado policial, potestades policiales o facultades para convertir esa condición personal en atributo operativo de un cuerpo municipal.

El derecho o deber que eventualmente conserva el agente pertenece al agente y deriva de la institución policial a la que perteneció. No se transfiere al empleador municipal.

Tampoco existe una portación automática por haber sido policía

La legislación nacional agrega un segundo problema a las declaraciones del intendente.

El Decreto reglamentario N.º 395/1975 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, conforme a las modificaciones vigentes, contempla al personal policial en actividad o retiro, pero establece un régimen de autorización para la adquisición, tenencia y portación. Esa autorización corresponde a las autoridades competentes y queda sometida a requisitos específicos.

La reciente Resolución RENAR N.º 48/2026 es todavía más precisa. Para el personal retirado exige requisitos documentales y dispone que las solicitudes se resuelvan por las áreas técnicas competentes del Registro Nacional de Armas, previa conformidad de la superioridad de la fuerza a la cual pertenece el solicitante.

Por eso, la ecuación pública “es retirado, conserva estado policial, entonces puede salir armado como policía municipal” resulta jurídicamente falsa por simplificación.

Una persona retirada puede tener una autorización válida de portación. Pero esa portación es individual, está sometida al régimen nacional y policial correspondiente y no nace de su contratación por la Municipalidad. Mucho menos transforma al cuerpo administrativo que lo contrata en una fuerza policial armada.

La Provincia conserva la competencia

La segunda frontera aparece en la legislación bonaerense.

La Ley N.º 12.154 establece que la seguridad pública es materia de competencia del Estado provincial y que su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El propio Poder Ejecutivo bonaerense reiteró ese principio al regular experiencias de policías locales.

Incluso las Policías de Seguridad Comunal previstas por la Ley N.º 13.482 existen bajo un régimen provincial. La adhesión municipal requiere un convenio con el Ministerio de Seguridad y su ratificación por ordenanza; la propia normativa provincial regula su organización y funcionamiento.

Es decir, cuando la Provincia decidió permitir modelos con participación municipal, los creó mediante legislación provincial.

Un decreto de un intendente no puede reemplazar esa ley.

Mucho menos puede hacerlo mediante un recurso nominal: llamar “Policía Municipal” a un programa administrativo no le incorpora las atribuciones propias de una policía.

El Decreto 1519/2026 reconoce expresamente esa limitación cuando establece que la denominación “no crea competencias ni privilegios”.

¿Dónde comienza la ilegalidad?

La distinción es fundamental.

No resulta ilegal, por sí mismo, que un policía retirado contratado por la Municipalidad posea o porte un arma si cuenta con una autorización individual vigente otorgada conforme al régimen correspondiente.

El problema jurídico comienza si el Municipio transforma esa situación personal en una herramienta institucional de su política de seguridad.

Si los selecciona porque pueden portar armas, los coloca en móviles municipales, les asigna tareas propias de la denominada Policía Municipal y prevé que utilicen esas armas particulares para cumplir órdenes emanadas de la estructura municipal, la portación deja de operar como una circunstancia individual y comienza a suplir, de hecho, el armamento que el propio Municipio reconoce que legalmente no puede proporcionar.

Allí aparece el núcleo más temerario del anuncio.

No porque el arma necesariamente sea ilegal, sino porque podría utilizarse para construir por vía de hecho una capacidad policial armada que el ordenamiento jurídico no le otorgó al Municipio.

Y el propio decreto local dificulta aún más esa posibilidad: además de afirmar que el cuerpo carece de estado policial, dispone que Morón no reconocerá dentro del vínculo municipal ninguna habilitación derivada del retiro de una fuerza.

¿Quién da la orden de disparar?

La cuestión tampoco es meramente doctrinaria.

Un eventual procedimiento abre interrogantes concretos: ¿bajo qué régimen utilizaría el arma un retirado contratado por el Municipio? ¿En ejercicio de su estado policial proveniente de la institución de origen o como empleado de Morón? ¿Quién establecería las reglas de empeñamiento? ¿Quién ordenaría una intervención? ¿Qué autoridad investigaría administrativamente un uso indebido? ¿Qué responsabilidad asumiría el Municipio si el disparo se produce durante una orden de servicio municipal?

El Decreto 1519/2026 regula con especial cautela incluso la incorporación de elementos menos letales. Exige clasificación legal, evaluación técnica y médica, protocolo propio, capacitación, certificación individual, trazabilidad y revisión de cada utilización.

Sin embargo, el anuncio público de Ghi pretende incorporar de hecho un elemento mucho más grave —el arma de fuego— a partir de la autorización personal de determinados trabajadores.

Ahí reside otra de las inconsistencias centrales: el decreto exige controles específicos hasta para las herramientas menos letales pero el discurso político intenta resolver la presencia de armas de fuego mediante la situación jurídica previa de quien las porta.

El anuncio también contradijo el argumento de Cardoso

La secuencia del jueves dejó al descubierto otra inconsistencia dentro del propio Ejecutivo.

Por la mañana, Cardoso describió una estructura municipal equipada con chalecos, móviles y herramientas de baja letalidad, y sostuvo que la estrategia debía complementarse con la Policía Bonaerense. Defendió además una supuesta reducción de los delitos violentos, aunque reconoció problemas operativos durante los cambios de guardia.

Horas después, Ghi colocó a las armas de fuego particulares de los retirados como una capacidad posible del nuevo cuerpo local.

Y al mismo tiempo admitió que trabaja para conseguir una ley provincial que permita que el Municipio tenga personal armado bajo su jurisdicción.

La propia admisión termina por desnudar la falacia.

Si esa ley debe sancionarse, es porque hoy esa competencia no existe.

Spina apuntó también al dinero que Morón destina a la Bonaerense

La entrevista posterior a la sesión incorporó otro frente.

Spina reclamó información sobre los recursos municipales destinados a cubrir gastos que corresponden a la seguridad provincial.

“Lo que nosotros queremos saber es algo que no nos cuentan, pero que sí se sabe porque aparece en los datos contables: cuánto pagan de horas extras el Municipio de Morón a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cuánto paga de combustible el Municipio de Morón a los patrulleros de la Provincia de Buenos Aires”, señaló.

Después vinculó esa falta de información con el diagnóstico político que atravesó toda la entrevista:

“El desgobierno llevó a un descalabro económico, cuya primera responsabilidad institucional y legal es la del intendente Lucas Ghi. Él no nos informa qué es lo que pasa”.

Dieciséis votos para exigir respuestas

La sesión cerró una jornada que comenzó con disparos frente a una escuela y terminó con una derrota política para el intendente.

La interpelación obtuvo 16 votos contra 8. Fuerza Patria acompañó el pedido junto con bloques de distinto signo político. Spina remarcó ese carácter transversal y rechazó que el reclamo pudiera reducirse a la ruptura entre Ghi y Sabbatella.

Ahora el Ejecutivo deberá responder por los recursos destinados a seguridad, los resultados de su política preventiva y el verdadero alcance del cuerpo creado mediante el Decreto 1519/2026.

Pero deberá explicar también una contradicción mucho más difícil.

El mismo intendente que firmó que su “Policía Municipal” es civil y administrativa, que carece de estado policial, que su nombre no crea nuevas competencias y que el Municipio no reconocerá habilitaciones derivadas del retiro de una fuerza, anunció ante la opinión pública que sus agentes retirados podrán actuar armados justamente por las facultades que conservarían de aquellas fuerzas.

Entre una cosa y la otra no existe sólo una discusión política. Existe una contradicción normativa que el Ejecutivo deberá despejar antes de colocar empleados municipales armados en la calle.

Porque en materia de seguridad pública y armas de fuego, un “atajo” administrativo constituye más que un disparate, convirtiéndose en una responsabilidad jurídica de consecuencias mucho más graves.