A pedido del abogado Javier Ignacio Baños, la Fiscalía de Morón dispuso una extensa ronda de declaraciones testimoniales de responsables de sociedades financieras y empresas vinculadas con la operatoria denunciada por Jorge Salvatierra. La investigación sumó, además, una nueva línea sobre Compañía General de Minerales, condenada en sede comercial a pagar $581 millones por tres pagarés incumplidos.
La causa iniciada por Jorge Osvaldo Salvatierra ingresó en una etapa decisiva para reconstruir el recorrido del dinero, la intervención de los intermediarios financieros y el papel de las empresas que recibieron fondos mediante pagarés bursátiles y otras operaciones bajo investigación.
El Estudio Jurídico Baños & Asociados comunicó que la Fiscalía hizo lugar a una presentación formulada por Javier Ignacio Baños y convocó a declarar a ejecutivos, asesores financieros, directivos y representantes de distintas compañías relacionadas con el circuito denunciado.
La medida no atribuye responsabilidad penal a las personas citadas. Su finalidad consiste en obtener información directa sobre la instrumentación de las operaciones, el destino de los fondos, la actuación de las Agentes de Liquidación y Compensación —ALyC— y las condiciones bajo las cuales se negociaron pagarés privados y bursátiles.
Una ronda de testimoniales hasta octubre
La resolución fiscal del 3 de junio dispuso las declaraciones conforme al artículo 232 del Código Procesal Penal bonaerense. La decisión respondió expresamente a un pedido presentado por Baños el 15 de abril dentro de la Investigación Penal Preparatoria N.º 10-00-054385-25/00, caratulada “Nediani, Marcelo Javier y otros s/Estafa”.
El cronograma comenzó con Alan Fainsod y continuará con María del Rosario Martínez Guerrero, Ariel Sbdar, Claudio Porcel, Javier Cristancho, Florencia Alcalde, Federico Nano, Fernando Puntín, Gastón Almada, Facundo Prado, Hernán Gigliotti, Alejandra Lorenzo, Fernando Kairuz y Nicolás Mindlin.
Según el comunicado del estudio, entre los convocados se encuentran referentes de Cocos Capital, Balanz, Callao-B2FI, Janos, Grupo Lapachos, Automóviles San Jorge y Compañía General de Minerales. Las audiencias se extenderán hasta el 2 de octubre.
Para la querella, los testimonios permitirán precisar quién propuso cada inversión, bajo qué parámetros se evaluaron los riesgos, cómo circularon los fondos y qué información conocieron los intermediarios y las sociedades tomadoras al momento de celebrar las operaciones.
La denuncia que originó la investigación
Salvatierra denunció una presunta operatoria fraudulenta que habría involucrado al exresponsable de Tesorería Marcelo Javier Nediani, al asesor Gustavo Lisandro Gardey y a Matías José Garbarini.
La presentación, patrocinada por Javier Ignacio Baños junto con otros letrados, solicitó investigar posibles delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y estafa. Allí se describieron operaciones con pagarés sin garantías, cauciones financieras, movimientos entre sociedades, presuntas comisiones indebidas y decisiones de inversión que se habrían apartado de instrucciones expresas del denunciante.
Entre las hipótesis expuestas figuraron la liquidación de posiciones consideradas seguras, la adquisición de activos de mayor riesgo, el apalancamiento mediante cauciones y la entrega de fondos a terceros a través de instrumentos que luego resultaron incumplidos. La denuncia también sostuvo que algunos asesores habrían actuado a ambos lados de las operaciones: por un lado, en representación de los intereses de Salvatierra; por el otro, vinculados con quienes recibían el financiamiento.
Un informe de auditoría citado en la presentación estimó pérdidas patrimoniales por USD 9,3 millones y señaló que podrían aumentar si se confirmaban otros incumplimientos. También calculó presuntas comisiones indebidas cercanas a USD 1,5 millones. Todas estas cifras integran la hipótesis de la parte denunciante y deberán ser verificadas mediante pericias, informes y declaraciones testimoniales.
Tres pagarés y un juicio ejecutivo por $581 millones
Uno de los desprendimientos patrimoniales más relevantes corresponde a Compañía General de Minerales S.R.L.
Salvatierra promovió un juicio ejecutivo contra la sociedad por tres pagarés electrónicos bursátiles no garantizados. Los instrumentos tenían valores de $196 millones, $194 millones y $191 millones, con vencimientos entre noviembre y diciembre de 2025. El capital total reclamado ascendió a $581 millones.
La demanda fue presentada por la apoderada Alejandra Analía Guzmán, con el patrocinio de Javier Ignacio Baños y Germán Rodrigo Francone. La acción se sustentó en certificados expedidos por Caja de Valores S.A., que acreditaron la existencia, registración y titularidad de los títulos. La parte actora también solicitó embargos, inhibición general de bienes y el mantenimiento del bloqueo de los pagarés.
Luego de la intimación de pago, Compañía General de Minerales no compareció ni opuso excepciones dentro del plazo procesal. En junio, el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 9 dictó sentencia de trance y remate y ordenó llevar adelante la ejecución hasta que Salvatierra percibiera los $581 millones, más intereses calculados desde las fechas de mora y las costas del proceso.
El pronunciamiento comercial reconoce la existencia y exigibilidad de la deuda. No constituye, por sí solo, una declaración sobre la comisión de un delito ni sobre la intención con la cual se emitieron los pagarés.
Una nueva línea sobre Compañía General de Minerales
A partir de esa sentencia, Salvatierra amplió la denuncia penal y pidió que la Fiscalía investigara la actuación de los administradores, gerentes y representantes de Compañía General de Minerales.
La presentación, también patrocinada por Baños, aclaró que no formuló una imputación anticipada contra personas determinadas. Solicitó establecer quiénes autorizaron las emisiones, cuál era la situación económica de la sociedad y qué información poseían sus autoridades cuando asumieron las obligaciones.
La cuestión jurídica central consiste en determinar si el incumplimiento obedeció al riesgo normal de una actividad empresaria o si los instrumentos se emitieron con conocimiento de una imposibilidad de pago, mediante ocultamiento de información relevante o con un destino distinto del informado a los inversores.
La ampliación propuso como hipótesis de análisis la defraudación, la administración fraudulenta, el desbaratamiento de derechos acordados y los tipos penales vinculados con la actuación de administradores y la negociación de instrumentos financieros. También pidió informes a la Comisión Nacional de Valores, al Mercado Argentino de Valores, a Caja de Valores y al Registro Público de Comercio de La Rioja, además de balances, libros societarios y una pericia contable.
Bienes, cheques rechazados y capacidad de cumplimiento
La documentación incorporada exhibió otros elementos sobre la situación patrimonial de Compañía General de Minerales.
Un informe del Registro General de la Propiedad Inmueble de La Rioja indicó que la sociedad no registraba bienes inmuebles inscriptos a su nombre al momento de la consulta.
Por otra parte, un reporte comercial fechado el 10 de julio registró 42 cheques rechazados desde 2023, de los cuales 38 permanecían pendientes, por un monto acumulado de aproximadamente $370,9 millones. El mismo documento ubicó a la empresa en situación crediticia 3 —“con problemas” o riesgo medio— y consignó incumplimientos de aportes patronales durante distintos períodos.
Estos antecedentes tampoco acreditan una conducta delictiva. Sin embargo, adquieren relevancia para evaluar la capacidad de cumplimiento que tenía la compañía cuando emitió los pagarés y para determinar si sus administradores conocían la verdadera situación financiera.
Dos vías judiciales y una misma reconstrucción
La estrategia impulsada por Salvatierra y su abogado Baños avanza por dos carriles complementarios.
En el fuero comercial, el objetivo consiste en recuperar el capital documentado en títulos ejecutivos. En la investigación penal, la pretensión apunta a reconstruir el circuito completo: quiénes recomendaron las operaciones, quiénes las autorizaron, qué comisiones se cobraron, qué riesgos se informaron y cuál fue el destino de los fondos.
El valor de las nuevas testimoniales dependerá de su capacidad para vincular documentos, decisiones societarias y movimientos financieros concretos. La citación de ejecutivos y responsables de las empresas no anticipa una conclusión, pero obliga a que quienes intervinieron en la operatoria expliquen ante la Fiscalía qué papel cumplieron.
La causa todavía atraviesa una etapa de investigación. Las responsabilidades individuales sólo podrán establecerse después de producir la prueba, garantizar el derecho de defensa y confrontar la hipótesis de la denuncia con la versión y los elementos aportados por cada una de las personas involucradas.
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