ARGENTINA. AMBA. LA MATANZA. “El peronismo no va contra su gente”: feriantes denuncian operativos ocultos del espinozismo (+Vídeo)

Comerciantes de la avenida Crovara denunciaron que personas que se presentaron para exigirles el levantamiento de sus puestos los amenazaron con decomisarles la mercadería y hasta avanzar con topadoras. Según una de las damnificadas, el operativo se realizó sin vehículos ni identificaciones municipales. “Me sentí como una ladrona”, relató Ninfa durante una entrevista de Sebastián Bandera Vila y Carlos “Charly” Terraza en El Nacional de Matanza. La situación abre un interrogante sobre quién ordenó el procedimiento y expone otra contradicción entre el discurso popular de algunos intendentes alineados con Axel Kicillof y las políticas que ejecutan en sus propios territorios.

“No es una acción peronista esta. El peronismo no hace esto, no va contra su gente”.

La definición de Sebastián Bandera Vila durante el streaming de El Nacional de Matanza terminó por sintetizar un conflicto que excede ampliamente a un puñado de puestos instalados sobre la avenida Crovara.

Feriantes y pequeños comerciantes denunciaron que fueron intimidados para abandonar el lugar bajo la amenaza de decomisos y hasta del ingreso de topadoras. Pero existe un elemento todavía más inquietante: según el relato de los damnificados, quienes llevaron adelante el procedimiento no utilizaron vehículos municipales ni exhibieron documentación oficial que permitiera conocer qué área del gobierno de Fernando Espinoza había ordenado avanzar contra ellos.

La denuncia ya comenzó a repercutir en distintos medios matanceros. Los trabajadores sostienen que las intimidaciones alcanzaron el corredor comprendido entre Crovara y Rucci y Crovara y Cristianía.

“Estoy trabajando dignamente”

Ninfa, una de las trabajadoras afectadas, relató durante la entrevista que todo comenzó el martes (28 de agosto) por la mañana.

“Nos vinieron a decir que tenemos que levantar todo porque nos vienen a llevar con topadoras o a decomisar las mercaderías”, contó.

Su historia permite comprender qué existe detrás de muchos de esos puestos que algunos funcionarios reducen a una cuestión de “ordenamiento” del espacio público.

Ninfa trabajaba como empleada doméstica. Perdió su empleo durante la pandemia después de que falleció su empleadora y nunca volvió a conseguir un trabajo estable. Encontró entonces en la venta callejera una forma de subsistencia para ella y su familia.

“¿Cómo está el país? ¿Ahora somos todos macristas, somos todos mileístas? Se cierran 30, 40 fábricas por día, ¿de dónde vamos a salir a conseguir trabajo?”, preguntó.

No reclamó un subsidio. Tampoco un cargo municipal. Mucho menos un privilegio. Pidió trabajar.

Los operativos ocultos del espinozismo

Pero el aspecto más grave de su testimonio apareció cuando explicó la metodología utilizada.

“Vinieron por su cuenta, no usaron vehículo municipal”, afirmó Ninfa.

Según relató, esa circunstancia llamó la atención de los propios feriantes. No hubo un procedimiento administrativo visible ni, siempre de acuerdo con su testimonio, una identificación institucional que permitiera establecer quién impartió la orden.

“Le extrañó a toda la gente que no haya un sello municipal, que vos vengas y me digas ‘me vas a levantar todo esto de acá porque te voy a traer una topadora’”, recordó.

La descripción expone una práctica que, si efectivamente fue ordenada desde alguna dependencia del Municipio de La Matanza, requiere una explicación inmediata.

¿Por qué un operativo destinado a retirar comerciantes del espacio público se realizaría sin móviles oficiales? ¿Quiénes fueron las personas que transmitieron las amenazas? ¿A qué área municipal pertenecían? ¿Existió una orden administrativa? ¿Quién la firmó? ¿Fernando Espinoza conocía el procedimiento?

Hasta que esas preguntas tengan respuesta, lo que emerge del relato de los trabajadores es la existencia de una suerte de operativo oculto del espinozismo, ejecutado sin la exteriorización institucional que debería acompañar cualquier ejercicio legítimo del poder de policía municipal.

“¿Qué quieren, que me vaya a vender falopa?”

El episodio adquirió todavía mayor crudeza cuando Ninfa contó que su hijo de apenas siete años presenció la intimidación.

“Estoy laburando con mi hijo de 7 años al lado mío, ¿qué me venís a patotear?”, cuestionó.

Carlos “Charly” Terraza le preguntó entonces si el niño había escuchado las amenazas contra su madre.

“Así mismo. Yo le dije: ‘Me sentí como ladrona’”, respondió.

Y lanzó después la frase que desnuda la dimensión social del conflicto:

“¿Qué quiere? ¿Que me vaya con mi hijo de 7 años a vender falopa enfrente de la villa? ¿Que me vaya a vender falopa en el colectivo, si yo estoy trabajando dignamente?”.

No se trata de romantizar la informalidad ni de sostener que el espacio público pueda ocuparse sin reglas. Un Estado municipal tiene la obligación de regularlo, establecer criterios, garantizar condiciones sanitarias, preservar la circulación y evitar privilegios.

Otra cosa muy distinta es patotear al trabajador informal, esconder el procedimiento administrativo y utilizar la amenaza del decomiso o de una topadora contra quien encontró en una feria la última posibilidad de llevar dinero a su casa.

“¡Vienen a joderle la vida a la gente!”

Bandera Vila reaccionó con dureza durante la entrevista. “¡Vienen a joderle la vida a la gente! Que quiere laburar con libertad, ¡déjense de romper los huevos, viejo!”, expresó.

Pero el conductor introdujo además otro elemento que resulta políticamente relevante. Se resistió a atribuirle de manera directa a Fernando Espinoza la decisión.

“Es evidente que acá están haciendo algo para hacer quedar mal a la Intendencia. No quiero creer que Fernando se meta con la gente trabajadora y humilde”, señaló.

La propia Ninfa recordó además su pertenencia territorial y política: “Mucho menos de Villegas”.

Terraza también manifestó sus dudas acerca de que el jefe comunal conociera personalmente el operativo y reclamó que se investigara.

Es una hipótesis posible.

Pero abre otra pregunta todavía más incómoda para el intendente: si Fernando Espinoza no ordenó el procedimiento, ¿quién tiene dentro de su gobierno la capacidad de amenazar comerciantes, anunciar decomisos y hablar de topadoras en nombre del Municipio sin que el propio intendente lo sepa?

Porque cualquiera de las dos respuestas resulta institucionalmente grave.

“El peronismo no va contra su gente”

Bandera Vila terminó por llevar la discusión al terreno político. “Vamos a darle la oportunidad de la duda, que se investigue”, planteó. Y después trazó el límite: “Esta acción no es una acción peronista. El peronismo no hace esto, no va contra su gente”.

La frase adquiere una dimensión especial en La Matanza. Fernando Espinoza no sólo se reivindica peronista. Es además uno de los principales intendentes incorporados al armado político de Axel Kicillof y presidente de la Federación Argentina de Municipios. El 17 de agosto participó del plenario del Movimiento Derecho al Futuro y cerró su intervención con una definición inequívoca: “Axel Presidente”.

Meses antes había sostenido que el Gobierno bonaerense “pone a su gente en el centro de cada decisión” y reivindicamdo un Estado capaz de “cuidar, proteger y respaldar a su pueblo”.

Es precisamente ese discurso el que ahora colisiona contra lo sucedido en Crovara.

Porque resulta difícil explicar cómo un gobierno municipal que denuncia el ajuste de Javier Milei puede, al mismo tiempo, amenazar con decomisarle la mercadería a una mujer que perdió su empleo y mantiene a su familia mediante una feria.

¿Una derecha con liturgia peronista?

Lo ocurrido en La Matanza tampoco aparece como un hecho completamente aislado dentro del mapa político del oeste del Conurbano. A pocos kilómetros, Lucas Ghi construye en Morón su alineamiento con Axel Kicillof reivindicando públicamente la necesidad de proyectar al gobernador hacia una alternativa nacional. Sin embargo, mientras sostiene ese discurso, su administración avanza con más de 300 jubilaciones compulsivas denunciadas por el Sindicato de Trabajadores Municipales, desmantela políticas socioeducativas históricas y aplica decisiones discrecionales sobre el uso comercial del espacio público.

No se trata de equiparar situaciones diferentes, sino de advertir una preocupante línea de conducta entre jefes comunales que se reivindican nacionales y populares y respaldan políticamente a Kicillof, pero que en la administración cotidiana de sus distritos ejecutan medidas cuyo costo recae sobre trabajadores, empleados públicos y sectores vulnerables. Espinoza frente a los feriantes de Crovara y Ghi frente a los municipales de Morón exhiben, con características propias, una contradicción cada vez más difícil de disimular entre la liturgia política que proclaman y las políticas concretas que aplican.

Y es que el peronismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la ampliación de derechos laborales, la movilidad social, la protección del trabajador y la intervención del Estado como herramienta para incorporar —no expulsar— a quienes permanecían en los márgenes del sistema económico.

No existe incompatibilidad entre esos principios y la necesidad de ordenar el espacio público. Pero un gobierno que se reivindica popular debería comenzar por formalizar, registrar, acompañar y generar alternativas, no por amenazar con topadoras.

Cuando el Estado llega primero con el inspector que con la política social; cuando ofrece decomiso antes que regularización; cuando jubila compulsivamente trabajadores mientras habla de derechos; o cuando administra el espacio público mediante decisiones discrecionales, la distancia entre el discurso nacional-popular y la práctica municipal deja de ser una mera contradicción retórica.

Empieza a convertirse en una concepción del poder. Una concepción mucho más cercana a la lógica de exclusión que el propio peronismo dice combatir.