El abogado Javier Ignacio Baños presentó ante el Concejo Deliberante de Morón una dura oposición escrita contra la desafectación de la calle Gral. Donato Álvarez, entre Cochabamba y Sarmiento. Advirtió sobre riesgos viales, de seguridad y ambientales y dejó asentado que, si la operación avanza y surgen irregularidades con relevancia penal, se formularán denuncias contra los funcionarios y particulares que hubieran intervenido.
La pretendida entrega de una calle pública a particulares sumó ahora una advertencia jurídica formal.
El abogado Javier Ignacio Baños remitió al Honorable Concejo Deliberante de Morón una presentación escrita en el marco de la audiencia pública que se realizó el viernes 28 de agosto por el Expediente N.º 86977/25 y manifestó su “más enfática oposición” a cualquier proyecto que implique la desafectación, cierre, cesión, transferencia o entrega a privados de la calle Gral. Donato Álvarez, en el tramo comprendido entre Cochabamba y Pres. Domingo Faustino Sarmiento.
La iniciativa ya había generado cuestionamientos vecinales y fue abordada días atrás por Quinto Poder, en el marco de las excepciones urbanísticas que impulsó el gobierno de Lucas Ghi y que llegaron a audiencia pública.
Baños fue un paso más allá.
No sólo objetó el proyecto desde el punto de vista urbanístico, vial y ambiental. También dejó formalmente advertidos a los concejales y funcionarios que intervengan en el expediente sobre las eventuales responsabilidades políticas, administrativas y jurídicas que podrían derivarse de la decisión.
“No estamos frente a una modificación menor”
Baños sostuvo que la pretendida desafectación resulta “manifiestamente inconveniente, irrazonable y contraria al interés general de los vecinos de Morón” y rechazó que la operación pueda analizarse como una simple modificación de la trama urbana.
“No estamos frente a una modificación menor de la trama urbana. Se pretende eliminar una calle pública y, con ello, una vía de circulación y escape indispensable dentro de un sector particularmente sensible por su proximidad con el ferrocarril”, señaló.
Uno de los ejes centrales de la presentación pasó precisamente por las consecuencias que podría provocar el cierre del tramo de Donato Álvarez.
El abogado advirtió que la medida conformaría un extenso corredor cercado, con escasas alternativas de circulación transversal y limitadas vías de escape, circunstancia que, según planteó, podría afectar especialmente la seguridad durante la noche.
A ello agregó el impacto vial. Baños sostuvo que un corte ferroviario, accidente, desperfecto u obstrucción de los restantes accesos podría provocar importantes concentraciones vehiculares si desaparece esa alternativa de circulación.
Por esa razón, cuestionó cualquier decisión que se adopte sin estudios técnicos previos sobre impacto vial, seguridad y evacuación.
Las industrias y el estado del entorno
La presentación incorporó además otro aspecto sensible del expediente: las condiciones en las que funcionan y mantienen su entorno los establecimientos industriales instalados en el sector.
Baños sostuvo ante el Concejo que desde hace años existen veredas deterioradas, paredes y fachadas sin adecuado mantenimiento y acumulaciones recurrentes de maderas, pallets, desperdicios y residuos sobre el espacio público.
También manifestó que vecinos de las inmediaciones observaron en distintas oportunidades la dispersión de residuos o fibras aparentemente vinculadas con la actividad industrial, que el viento transportaría hacia viviendas y propiedades cercanas.
Frente a esa situación, reclamó controles ambientales, sanitarios y municipales antes de analizar cualquier transferencia del espacio público.
“Resulta entonces difícilmente concebible que, frente a quienes durante años no habrían mantenido adecuadamente su propio entorno y cuya actividad aparece vinculada con reiteradas situaciones de suciedad y degradación del espacio público, la respuesta municipal no sea primero exigir el estricto cumplimiento de todas sus obligaciones, sino premiarlos mediante la entrega de una calle pública que permitiría integrar físicamente sus establecimientos”, expresó.
Y sintetizó su posición en una frase contundente:
“No puede premiarse a quienes contribuyeron a degradar el espacio urbano entregándoles precisamente una parte de ese espacio público”.
Baños reclamó que, antes de avanzar con el expediente, se verifique el cumplimiento de las normas ambientales, de higiene y seguridad, las habilitaciones existentes, el estado de las veredas y el tratamiento y disposición de los residuos, entre otras obligaciones.
¿Cuál es el beneficio para Morón?
La presentación también colocó bajo discusión el fundamento mismo de la operación.
“La calle pertenece al uso público. No constituye una reserva territorial disponible para satisfacer la conveniencia operativa o económica de empresas particulares”, afirmó Baños.
Para el abogado, cualquier decisión que pretenda desafectar ese espacio debe acreditar de manera clara y documentada cuál será el beneficio concreto para la comunidad.
Y allí planteó el interrogante central que atraviesa al expediente.
“Hasta el momento, lo que aparece claramente identificable es el beneficio que recibirían los particulares interesados. Lo que no se advierte es cuál sería el beneficio público que justifique privar a los vecinos de una calle”, sostuvo.
La pregunta resulta particularmente incómoda para el oficialismo municipal.
Porque el expediente no sólo requiere explicar por qué una parte de la trama urbana debería dejar de pertenecer al uso público. También obliga a justificar qué obtiene Morón a cambio y por qué el interés particular de los establecimientos involucrados debería prevalecer sobre la conservación de una calle.
Una advertencia directa a los concejales
El tramo políticamente más fuerte de la presentación estuvo dirigido a quienes deberán intervenir en el tratamiento del expediente.
Baños dejó asentado que, después de su presentación, los funcionarios y concejales no podrán alegar desconocimiento sobre los riesgos denunciados.
Enumeró entre ellos las limitaciones de escape que podría generar el cierre de la calle, las consecuencias sobre el tránsito ante contingencias ferroviarias, los posibles problemas de seguridad y el eventual agravamiento de situaciones vinculadas con residuos, insalubridad y degradación ambiental.
“Después de esta presentación nadie podrá sostener que esos riesgos eran imprevisibles o que no habían sido oportunamente advertidos”, afirmó.
Y agregó:
“Quienes impulsen y voten favorablemente la medida deberán asumir las responsabilidades políticas, administrativas y, en caso de verificarse los presupuestos legales correspondientes, también las responsabilidades jurídicas que puedan derivarse de una decisión adoptada con conocimiento de tales circunstancias”.
La posibilidad de una denuncia penal
Baños también introdujo expresamente la eventual dimensión penal del caso.
El abogado aclaró que no imputó anticipadamente delito alguno, pero sostuvo que una eventual desafectación o transferencia de un bien destinado al uso público, si se realizara con prescindencia del interés general, mediante la omisión de controles indispensables o para satisfacer intereses particulares sin una justificación pública objetiva, podría dar lugar a una investigación sobre posibles conductas vinculadas con el abuso de autoridad o el incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras que pudieran corresponder.
“No afirmo anticipadamente la comisión de delito alguno”, precisó. Sin embargo, dejó asentado que, si el proyecto avanza y de las actuaciones surgen irregularidades con eventual relevancia penal, se formularán las correspondientes denuncias ante el Ministerio Público Fiscal.
Según anticipó, una eventual investigación debería alcanzar el origen y los fundamentos del proyecto, las actuaciones administrativas, los informes técnicos realizados u omitidos, las condiciones de funcionamiento de los establecimientos beneficiados y la actuación concreta de quienes impulsaron, dictaminaron o votaron la iniciativa.
Baños también advirtió que, ante eventuales hechos penalmente relevantes vinculados con el ejercicio de la función pública, deberá analizarse el régimen legal de suspensión de la prescripción que corresponda.
“No se trata de efectuar amenazas ni imputaciones anticipadas. Se trata de formular una advertencia jurídica concreta frente a una decisión que considero extraordinariamente grave y cuyas consecuencias pueden resultar irreversibles”, expresó.
La advertencia quedó en el expediente
La presentación concluyó con el rechazo absoluto a la desafectación, cierre, cesión, transferencia o entrega a particulares del tramo de Donato Álvarez comprendido entre Cochabamba y Sarmiento.
También solicitó que el escrito se agregue íntegramente al Expediente N.º 86977/25, que quede incorporado como oposición formal presentada durante la audiencia pública y que sea puesto en conocimiento de todos los concejales antes de cualquier tratamiento o votación.
“La responsabilidad institucional por una decisión semejante será de quienes la impulsen y de quienes la acompañen con su voto”, concluyó.
Quinto Poder 
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