El abogado Javier Ignacio Baños llevó a la Justicia la controvertida operación impulsada por el gobierno municipal para desafectar y vender a ENOD S.A. un tramo de la calle General Donato Álvarez. La denuncia pide investigar al intendente Lucas Ghi, a funcionarios municipales y a representantes de la empresa por una maniobra que podría comprometer el patrimonio público. En ese contexto cobra otra dimensión una visita que el propio jefe comunal realizó a la firma en 2023 y las gestiones que, según reconoció ENOD, mantuvo directamente con el Ejecutivo.
Lo que hasta hace pocos días constituía una fuerte controversia política, urbanística y patrimonial en el Concejo Deliberante de Morón llegó finalmente a la Justicia penal.
El abogado y vecino de Morón Javier Ignacio Baños formuló una denuncia para que el Ministerio Público Fiscal investigue la posible comisión de delitos de acción pública alrededor del proyecto que pretende desafectar del uso público y vender a particulares el tramo de la calle General Donato Álvarez comprendido entre Cochabamba y Presidente Domingo Faustino Sarmiento.
La presentación alcanza potencialmente al intendente Lucas Hernán Ghi; a los funcionarios municipales que impulsaron, informaron, dictaminaron o intervinieron en el expediente; y a directivos, representantes y beneficiarios de ENOD S.A. y empresas vinculadas.
Baños había anticipado el paso judicial durante la audiencia pública del pasado 28 de agosto, tal como informó Quinto Poder. Ahora concretó aquella advertencia.
Una calle pública para unir dos plantas privadas
El núcleo del conflicto es sencillo: ENOD pretende adquirir aproximadamente una cuadra de Donato Álvarez que separa actualmente dos predios industriales, para integrarlos físicamente y ampliar su planta.
Durante la audiencia pública, la empresa anunció una inversión aproximada de 10 millones de dólares y estimó que el proyecto podría incorporar entre 80 y 100 trabajadores.
Pero la denuncia plantea una cuestión anterior a cualquier promesa de inversión: por qué el Estado municipal debe desprenderse de una calle perteneciente al dominio público para facilitar un proyecto empresario privado.
Para Baños, Donato Álvarez no constituye un inmueble fiscal ocioso del cual el Municipio pueda disponer como de cualquier activo inmobiliario. Se trata de una calle destinada a circulación, conectividad, evacuación, tránsito vecinal y acceso de los servicios de emergencia.
La pregunta que ya había quedado planteada durante la audiencia pública permanece sin respuesta: cuál es el beneficio público concreto que justifica que los vecinos de Morón pierdan definitivamente esa arteria.
De 160 a 2.000 dólares por metro cuadrado
Uno de los capítulos más sensibles de la denuncia apunta al valor asignado al espacio que pretende adquirir ENOD.
La tasación preliminar utilizada en las actuaciones rondaría los 160 dólares por metro cuadrado. Durante la audiencia pública se cuestionó duramente esa cifra y se mencionaron valores de mercado para la zona cercanos a los 2.000 dólares por metro cuadrado.
El propio Ejecutivo reconoció que aquella valuación no era definitiva.
Precisamente por eso Baños pidió que la Justicia determine mediante una tasación independiente cuál es el valor real del inmueble y si la operación podría provocar un perjuicio económico al patrimonio municipal.
El planteo va todavía más lejos. Para el denunciante, el eventual daño no puede calcularse únicamente mediante una comparación inmobiliaria: también debería contemplarse el valor estratégico que adquiere esa superficie para ENOD, ya que su incorporación permitiría unir dos establecimientos hoy separados por una calle pública.
La visita de Ghi a ENOD que ahora adquiere otro significado
En medio de la controversia reapareció un antecedente que adquiere particular interés político y eventualmente probatorio.
El 14 de septiembre de 2023, Lucas Ghi publicó en su propia cuenta de Instagram una visita a ENOD S.A. La imagen de aquel encuentro podría haber quedado como una más de las habituales recorridas institucionales de un intendente por establecimientos productivos de su distrito.
Pero tres años después el dato adquiere otro contexto.
Durante la audiencia pública, ante una pregunta del concejal Diego Spina acerca de las gestiones realizadas por la empresa, el representante de ENOD reconoció que las conversaciones destinadas a comprar la calle y ampliar la producción habían sido encaradas con Lucas Ghi y funcionarios de ka cartera productiva comunal.
Es decir, no se trata simplemente de reconstruir una relación institucional entre el Municipio y una empresa radicada en Morón. La propia firma reconoció públicamente que el intendente participó de las gestiones vinculadas con la operación que ahora se encuentra bajo denuncia penal.
La visita de Ghi a ENOD, por sí sola, naturalmente no acredita ninguna conducta ilícita. Pero situada dentro de esa secuencia temporal y frente a lo declarado posteriormente por la empresa, constituye un antecedente que puede resultar relevante para reconstruir cómo se originó y desarrolló la iniciativa.
Baños pidió investigar los vínculos
Ese punto ocupa un capítulo específico de la denuncia.
Baños solicitó investigar los vínculos entre los directivos, representantes, apoderados, gerentes y beneficiarios de ENOD y los funcionarios municipales que intervinieron en la operación.
La presentación reclama establecer cuándo comenzaron las reuniones, quiénes participaron, qué se discutió y qué compromisos se asumieron.
También pide determinar si existieron acuerdos previos, comunicaciones no incorporadas a las actuaciones administrativas, promesas, contraprestaciones, beneficios o algún tipo de trato diferencial.
El objetivo es reconstruir el camino completo que llevó una pretensión privada —unificar dos establecimientos industriales— a convertirse en un expediente promovido por el Departamento Ejecutivo para desafectar una calle perteneciente al uso público.
Sin estudio de impacto ambiental
Otro de los puntos que había quedado expuesto durante la audiencia pública fue reconocido por los propios funcionarios municipales: el expediente no cuenta con un estudio de impacto ambiental.
La denuncia cuestiona además la inexistencia, al menos según las constancias conocidas, de estudios integrales e independientes sobre impacto vial, seguridad pública, evacuación, circulación de ambulancias, bomberos y patrulleros, tránsito pesado y alternativas ante una emergencia ferroviaria.
El lugar no es irrelevante.
Donato Álvarez se encuentra próximo a la barrera de Pueyrredón, uno de los cruces ferroviarios de mayor circulación del distrito. El cierre definitivo de una arteria en ese sector podría eliminar una alternativa de escape y descompresión ante accidentes, desperfectos, interrupciones del servicio ferroviario o emergencias.
La denuncia también advierte sobre el riesgo de generar un extenso corredor con escasas posibilidades de circulación transversal, agravado por paredones industriales, las vías ferroviarias y las deficiencias de iluminación y mantenimiento que ya presenta la zona.
Las promesas de inversión tampoco estarían garantizadas
Existe otra contradicción que quedó expuesta durante la audiencia.
ENOD fundamentó su pedido en un proyecto de expansión que incluiría una inversión cercana a los 10 millones de dólares y entre 80 y 100 nuevos puestos laborales.
Sin embargo, ante las preguntas formuladas durante el debate, surgió que esos compromisos no estarían incorporados al proyecto de ordenanza como obligaciones concretas y exigibles vinculadas con la transferencia de la calle.
De allí otro interrogante: qué ocurriría si el Municipio entrega definitivamente el espacio público y luego la inversión o los puestos de trabajo anunciados no se concretan.
Para Baños, no resulta jurídicamente admisible desprenderse de un bien público sobre la base de promesas empresarias si estas no están acompañadas por garantías, obligaciones verificables, plazos y mecanismos efectivos de cumplimiento.
Una investigación que alcanza al Ejecutivo y a la empresa
La denuncia propone, de manera provisoria y sin afirmar que los delitos se encuentren acreditados, investigar eventuales figuras como defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación o peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica, entre otras que pudieran surgir de la prueba.
Baños pidió además que se incorporen los expedientes completos del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante; los registros y filmaciones de la audiencia pública; los informes técnicos y jurídicos; las tasaciones; y la documentación vinculada con las empresas beneficiarias.
También reclamó pericias independientes y medidas destinadas a reconstruir las comunicaciones y reuniones entre funcionarios y representantes empresarios.
La denuncia no formula una condena anticipada. Será el Ministerio Público Fiscal quien deberá determinar si los hechos poseen relevancia penal y, eventualmente, individualizar responsabilidades.
Del Concejo a Tribunales
El conflicto cambió así de escenario.
Cuando Quinto Poder informó sobre la presentación que Baños realizó ante el HCD durante la audiencia pública, el abogado había advertido expresamente que, si la operación avanzaba y aparecían elementos de relevancia penal, recurriría a la Justicia.
Lo hizo.
Ahora la discusión ya no gira solamente alrededor de si resulta urbanísticamente conveniente cerrar Donato Álvarez ni de cuánto debería pagar ENOD por esa superficie.
La investigación deberá determinar cómo nació la operación, quiénes la negociaron, por qué el Ejecutivo decidió impulsarla, cómo se estableció su valor, qué controles se realizaron, qué estudios se omitieron y qué garantías concretas obtiene Morón a cambio de desprenderse definitivamente de un bien destinado al uso público.
Y dentro de esa reconstrucción aparece un dato que ya no puede pasar inadvertido: Ghi no era ajeno a ENOD ni a las conversaciones por su expansión. Había visitado públicamente la empresa y, según reconoció después su propio representante, el intendente fue uno de los funcionarios con quienes se gestionó la compra de la calle.
La Justicia tendrá ahora que determinar si detrás de esas gestiones existió solamente una política municipal de promoción industrial o si la controvertida decisión de convertir una calle pública en patrimonio privado atravesó algún límite penal.
Quinto Poder 
0 comments on “ARGENTINA. AMBA. MORÓN. Baños denunció penalmente a Ghi y funcionarios por la pretendida venta de una calle pública a ENOD S.A”