El Estudio Burlando presentó una nueva batería de diligencias para abrir los sistemas internos de Cervecería y Maltería Quilmes y reconstruir sus circuitos de notas de crédito, compensaciones, nóminas y registraciones contables. La presentación profundizó una causa que ya alcanzó al directorio de la compañía. Javier Baños, Germán Francone y uno de los damnificados expusieron en el ciclo «Prisión Preventiva» detalles de una operatoria que ahora pretenden colocar bajo la lupa judicial y fiscal.
La causa que mantiene bajo investigación a directivos de Cervecería y Maltería Quilmes abrió un nuevo capítulo. Después de reclamar medidas de coerción contra las máximas autoridades de la compañía, los abogados que representan a Quilbeb Sur S.A. avanzaron sobre otro terreno: cómo funcionaba por dentro la red de distribución de la cervecera y, especialmente, qué había detrás de sus notas de crédito, bonificaciones, pagos de nómina, sistemas informáticos y registraciones contables.
El Estudio Burlando informó que solicitó nuevas diligencias destinadas a profundizar la investigación sobre la estructura “económica, contable, fiscal, laboral, informática y comercial” de Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. El pedido se formuló en representación de Eduardo David Gómez y Juan Manuel Mazzacane, particulares damnificados en la IPP N° PP-06-00-029680-25/00.
No se trata de reemplazar las medidas anteriores. La nueva presentación las complementa y mantiene, entre ellas las referidas a Martín Ticinese y Tomás Eloy Fracchia, presidente y vicepresidente de la cervecera, respectivamente. El objetivo de las nuevas diligencias es otro: determinar si el conflicto que terminó con el desplazamiento de Quilbeb Sur constituyó un episodio aislado o si estuvo conectado con mecanismos de mayor alcance dentro de la estructura de distribución de la multinacional.
Abrir las computadoras de Quilmes
La nueva estrategia probatoria apunta hacia donde probablemente se encuentre buena parte de las respuestas: los registros internos de la compañía.
El Estudio Burlando pidió preservar bases de acreditaciones, notas de crédito y débito, bonificaciones, descuentos comerciales, registros de nómina y documentación contable. También reclamó resguardar información alojada en WAPI, CHESS, ERP y distintos SharePoint, además de correos corporativos, reportes, planillas y documentación de auditoría.
La finalidad declarada fue reconstruir la trazabilidad de los pagos y establecer si existieron circuitos no registrados, irregularidades fiscales o laborales, compensaciones internas o registraciones con incidencia sobre la red de distribución.
El pedido alcanzó además a terceros. Se solicitaron informes y documentación de NEXTBYN y de la firma auditora PWC, mientras que ante una entrega incompleta, incumplimiento o peligro de alteración de la prueba se reclamó que la Justicia evalúe órdenes de presentación y, subsidiariamente, allanamientos, secuestros y extracciones forenses.
Baños: “Una batería impresionante de medidas”
Parte de aquello que los abogados intentan reconstruir judicialmente apareció con mayor crudeza durante una extensa entrevista en el ciclo jurídico Prisión Preventiva, conducido por los abogados Germán “Pampa” Mónaco, Jorge Alfonso y Gustavo D’Elia.
Allí, Javier Ignacio Baños explicó que el equipo jurídico pidió que Quilmes detalle el funcionamiento de mecanismos que los denunciantes consideran potencialmente vinculados con evasión a través de impuestos internos.
“Hay una batería pero muy, muy grande de medidas”, sintetizó Baños. Y enumeró algunas de las cuestiones que pretenden esclarecer: “Se está pidiendo que se individualicen las notas de crédito, si había descuentos por posición de precio, los pagos en negro, las eventuales coimas que se pudieron haber pagado, regalos simulados”.
El abogado fue cuidadoso respecto de la calificación jurídica de esos hechos. Durante el programa remarcó que las irregularidades fueron puestas a consideración de la Justicia y que corresponde investigarlas. Esa misma cautela quedó plasmada en el comunicado del estudio: si de las pruebas aparecieran elementos compatibles con evasión tributaria, fraude fiscal o laboral, pagos indebidos, falsedad documental, fraude contable o lavado de activos, solicitaron la extracción de testimonios y su remisión a la Justicia, al Ministerio Público Fiscal, a ARCA o al organismo competente.
El relato del distribuidor: $500 millones mensuales en salarios
Fue el testimonio de Eduardo David Gómez, uno de los responsables de la distribuidora damnificada, el que permitió dimensionar económicamente lo que los abogados pretenden investigar.
“Los distribuidores de Quilmes, nosotros, éramos utilizados por Quilmes de una manera impresionante para evadir. A mí me pagaban los empleados —que eran de Quilmes— con notas de crédito, notas de crédito por producto”, afirmó durante Prisión Preventiva.
Gómez aportó además números concretos.
Según relató, Quilbeb tenía alrededor de 180 trabajadores y en diciembre de 2024 desembolsó aproximadamente 500 millones de pesos en salarios, incluido el aguinaldo. Para ese mismo período situó la facturación mensual de la distribuidora alrededor de los 3.000 millones de pesos.
Gómez describió además una operatoria particular. Sostuvo que en sus camiones convivían facturación de Quilmes y de su propia distribuidora, que custodiaba mercadería perteneciente a la cervecera y que determinados costos se compensaban mediante notas de crédito.
“Yo custodiaba un stock que no era mío, que era de Quilmes”, aseguró. También sostuvo que la compañía controlaba esa mercadería mediante un sistema al cual ellos no tenían acceso.
Francone y las notas de crédito: el punto donde el caso cambió de escala
Germán Francone, por su parte, puso el foco precisamente sobre ese mecanismo.
Durante la entrevista sostuvo que los trabajadores eran formalmente incorporados por distribuidores, y afirmó también que Quilmes habría financiado sus salarios mediante notas de crédito. “Los empleados verdaderamente son de CMQ, pero CMQ los terceriza y los emplea por medio de sus distribuidores y le paga los sueldos por intermediación de notas de crédito”, afirmó.
Cuando Gómez reveló las cifras de diciembre de 2024, Francone trazó una cuenta aproximada: una distribuidora que, según el damnificado, podía superar los 30.000 millones de pesos anuales de facturación y recibir compensaciones por cientos de millones vinculadas con salarios.
“Yo soy abogado, no contador, pero estoy seguro que ahí hay algo que no está bien, claramente”, señaló Francone.
Precisamente por eso la nueva presentación dejó de concentrarse exclusivamente en la forma en que Quilbeb perdió su operatoria y comenzó a buscar documentación sobre los mecanismos económicos que gobernaban la relación entre Quilmes y sus distribuidores.
De un proveedor histórico al despojo denunciado
La nueva línea investigativa no puede separarse del episodio que originó el conflicto.
Baños recordó en Prisión Preventiva que Quilbeb había trabajado durante unos 13 años como proveedor y distribuidor de Quilmes. Según su relato, luego de fracasar las negociaciones para resolver la desvinculación, la empresa fue desplazada del depósito que ocupaba en Berazategui.
El abogado afirmó que él y Francone concurrieron personalmente al establecimiento después de recibir el llamado de Fernando Burlando. Allí, según aseguró, observaron vehículos que salían del predio con mercadería mientras sus clientes no podían ingresar.
Baños relató que realizaron reiterados llamados al 911 y sostuvo que, varias horas después, vieron salir del interior del depósito al comisario de la jurisdicción junto con un subcomisario.
“La policía no venía, o no entraba, o no actuaba, ¡porque ya estaban adentro!”, afirmó. A partir de esos acontecimientos, explicó, se promovió una denuncia en Berazategui por distintos delitos.
Gómez coincidió con esa descripción y sostuvo que el desplazamiento no fue improvisado. Según su versión, recibió el 12 de febrero una carta documento que puso fin a la relación, pero afirmó que la decisión se preparaba desde meses antes. “Esto ya se venía premeditando”, señaló.
“Goliat y David”
Francone eligió una imagen para explicar la asimetría que, según la representación de Quilbeb, atraviesa todo el conflicto.
“Cuando hablamos de Goliat hablamos de CMQ, hablamos de Quilmes, hablamos de esta marca internacional”, afirmó. Luego contrastó el poder de la compañía con la situación de una distribuidora que contaba con 180 trabajadores y un depósito de más de 2.000 metros cuadrados.
El abogado sostuvo que el contrato del inmueble correspondía a Quilbeb y que los empleados también estaban registrados bajo esa empresa. Desde allí formuló la pregunta que atraviesa la hipótesis acusatoria: cómo pudo la distribuidora perder simultáneamente el lugar de trabajo, la operatoria y su personal sin que existiera, según su versión, el procedimiento jurídico correspondiente.
La cuestión económica tampoco resulta menor. Francone sostuvo que la desvinculación debía resolverse mediante las reglas aplicables al contrato de distribución y afirmó que el conflicto debería incluir una indemnización que estimó en 13 millones de dólares.
Una investigación que atravesó una recusación
Baños también reconstruyó durante el programa el derrotero procesal.
Explicó que existieron actuaciones en La Plata y Berazategui y que se planteó una controversia de competencia que llegó al Tribunal de Casación. Según su relato, la causa principal quedó radicada en La Plata mientras que la investigación vinculada con la usurpación permaneció en Berazategui.
También afirmó que la representación de los damnificados presentó numerosos escritos sin obtener el impulso pretendido y que finalmente promovió la recusación del fiscal interviniente. Tras un rechazo inicial y una intervención de la Cámara departamental, se realizó la audiencia correspondiente y el fiscal terminó apartado, según explicó Baños.
“Se cambió el fiscal. Ahora está interviniendo un nuevo representante del Ministerio Público Fiscal”, relató antes de explicar que fue en ese nuevo escenario donde presentaron la batería de medidas destinadas a investigar los circuitos internos de Quilmes.
La Policía bonaerense, afuera de las diligencias sensibles
Existe otro pedido que conecta directamente las nuevas medidas con los hechos ocurridos en Berazategui.
El Estudio Burlando reclama que las diligencias sensibles que requieran fuerza pública queden a cargo de la Policía Federal Argentina o de otra fuerza federal, con preservación de la cadena de custodia.
Baños explicó públicamente el motivo: la representación de Quilbeb denunció la presencia de policías bonaerenses durante el episodio del depósito y, por esa razón, considera improcedente que la misma fuerza participe de actos centrales de la investigación.
“Si nosotros vamos al momento en que se está usurpando la propiedad y los usurpadores son personal policial de la fuerza de seguridad, ¿cómo va a seguir interviniendo la policía de la provincia?”, cuestionó.
De las notas de crédito a ARCA
La investigación ingresó así en un terreno bastante más amplio que la ruptura de una relación comercial.
Ahora se pretende determinar cómo se financiaban determinadas nóminas, qué respaldo tuvieron las notas de crédito, cómo funcionaron las compensaciones a distribuidores, qué quedó registrado en los sistemas internos y si detrás de esa arquitectura existieron conductas con relevancia tributaria, laboral, contable o penal.
El comunicado del Estudio Burlando dejó expresamente abierta esa puerta: si la evidencia revela posibles delitos de acción pública, pidió que los antecedentes salgan del expediente original y lleguen a los organismos y tribunales competentes.
Al mismo tiempo, permanecieron vigentes los pedidos anteriores respecto de Martín Ticinese y Tomás Eloy Fracchia, incluidas medidas de coerción personal y, subsidiariamente, prohibición de salida del país y retención de pasaportes.
El interrogante judicial ya no se limita, entonces, a determinar cómo Quilbeb Sur perdió una distribución que sostuvo durante trece años. La nueva ofensiva del Estudio Burlando busca que la Justicia abra la estructura interna de Quilmes y determine si aquello que ocurrió con una distribuidora fue apenas el desenlace visible de un mecanismo mucho más amplio.
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