En una nueva y escandalosa vinculación del gobierno de Morón con el mundo delictivo, se conoció ahora que el intendente Lucas Ghi, su secretario de Economía, Guido Napolitano, y su directora de Recursos Humanos, Laura Albertini, decidieron seguir pagando el sueldo de otro empleado municipal prófugo de la Justicia: Félix Peña. Peña es buscado por la justicia junto a Brian Joel Caballero. Ambos están domiciliados en el barrio Carlos Gardel de El Palomar, donde se concentra gran parte de la militancia política del peronismo que acompaña a Ghi y a su estructura en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
El 12 de mayo, el titular de la UFI N.º 7 del Departamento Judicial de Morón, Dr. Matías Rappazzo, ordenó allanamientos en el monoblock 17 del barrio Carlos Gardel de El Palomar para buscar evidencias que permitieran esclarecer los delitos que constan en la IPP 10-00-058654-25 y detener a ambos empleados.
Tanto Ghi como Napolitano y Albertini, lejos de colaborar con la Justicia de Morón, ordenaron una serie de medidas que deberán investigarse. Para el momento en que se emitieron las órdenes de detención, la jefa de Gabinete, Estefanía “La Tofi” Franco, dispuso que la Dirección de Recursos Humanos pasara a depender de la Secretaría de Economía, con la propia Albertini a cargo. Albertini y Napolitano también son vecinos de El Palomar, al igual que el intendente y los prófugos
Al mismo tiempo, acrecentaron el accionar persecutorio contra quienes podrían contar con esa información, les quitaron los accesos a las redes del Municipio y dejaron de publicar el listado de los casi ocho mil empleados municipales. La Policía Bonaerense nunca pudo encontrar a los cacos y Lucas Ghi y su estructura nunca le descontó un solo peso a Caballero, ni siquiera por los 90 días no trabajados.
En tanto, todos los meses, los empleados que sí trabajan sufren descuentos injustificados, la cancelación del pago de horas extras trabajadas, traslados, reducciones de categoría y hasta jubilaciones anticipadas.
Ghi y la delincuencia
Félix Peña ya había sido contratado por el Municipio durante la gestión de Ramiro Tagliaferro mientras permanecía prófugo desde 2003. Su designación fue refrendada 11 veces y, cuando aquella administración detectó sus antecedentes, lo despidió antes de avisar a la Fiscalía, una decisión cuestionada por entonces por la propia Justicia porque le dio la oportunidad de volver a fugarse. Tres días después fue detenido en el monoblock 17.
Nueve años más tarde, la gestión de Lucas Ghi volvió a quedar bajo la misma sombra: con una nueva orden de detención vigente, Peña continuó en este caso como empleado municipal y siguió cobrando su sueldo.
No es la primera vez que el moralmente degradado gobierno de Morón se encuentra envuelto en escándalos judiciales. Hace una semana, una delegación especial de la Policía Bonaerense detuvo a la exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género, Luna Ortigoza, quien seguía vendiendo drogas a 15 cuadras de su casa.
En tanto, está por comenzar el juicio contra Karen Yael Cufré, vecina también del mismo barrio de El Palomar, quien, como empleada de la Secretaría de Seguridad encargada de monitorear las cámaras de la vía pública, contó con el tiempo necesario para extorsionar hasta la muerte al joven soldado que custodiaba la Quinta Presidencial de Olivos.
La empleada contratada por Ghi, que cobraba horas extras desmedidas e injustificables, es investigada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por integrar una banda junto con su novio, que se encontraba detenido. Mediante las redes sociales, ambos habrían instigado al suicidio a su víctima.
Quinto Poder 
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