El relato oficial duró poco. Apenas unas horas después de que trascendiera el allanamiento a la vivienda de Luna Ortigoza —funcionaria del área de Políticas de Género del Municipio de Morón— en el marco de una causa penal por presunta comercialización de estupefacientes, la gestión de Lucas Ghi activó el manual de supervivencia política: despegarse, borrar rastros y simular distancia.
Sin embargo, la documentación pública contradice rápidamente el intento de despegue. Ortigoza no sólo integraba el organigrama municipal, sino que había sido formalmente designada por decreto en junio de 2025 como Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. El nombramiento figura en el Boletín Oficial Municipal mediante el Decreto Nº 1236/2025, firmado por el intendente Lucas Ghi y refrendado por Estefanía Franco y Hernán Sabbatella.
La causa tomó estado público luego de que trascendiera el operativo realizado en Castelar, investigado por la UFIyJ Nº 9 del Departamento Judicial Morón, donde se hallaron estupefacientes en una propiedad vinculada a la funcionaria. El caso fue revelado inicialmente por Primer Plano Online y rápidamente generó un terremoto político en el ya golpeado esquema de poder del intendente.
Del blindaje político al descarte exprés
En un primer momento, dentro del oficialismo intentaron relativizar el hecho y preservar políticamente a la funcionaria. Pero cuando la gravedad del expediente judicial comenzó a escalar y el impacto mediático se volvió imposible de contener, el municipio difundió un comunicado donde anunció la “desvinculación inmediata” de Ortigoza y buscó reducir el episodio a un problema individual.
El texto oficial incluso evita cuidadosamente profundizar sobre el rango político que ocupaba la involucrada y habla apenas de “una funcionaria municipal del área de Políticas de Género”. Una formulación quirúrgicamente ambigua para intentar esconder que se trataba de una directora política nombrada por decreto apenas meses atrás.
El comunicado municipal además asegura que “la gestión ratifica su compromiso con la transparencia institucional”, una frase que en Morón empieza a sonar más a reflejo defensivo que a descripción de la realidad.
Una estructura atravesada por internas, denuncias y desplazamientos
La llegada de Luna Ortigoza al área de Género no ocurrió en un vacío político. Su desembarco, junto al de la actual secretaria Laura De Peri, se produjo en medio de una de las crisis más delicadas que atravesó el gobierno de Ghi: la denuncia contra el secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella.
Aquella causa, impulsada por una ex empleada municipal, terminó derivando en el apartamiento público del histórico funcionario (aunque sin despiido y sin afectación de su sueldo de secretario que sigue percibiendo intacto hasta hoy) y abrió una feroz interna dentro del municipio. En ese contexto, fue que se designó la nueva conducción del área Políticas de Género y Diversidad de la Gestión Ghi desmantelando el equipo interdisciplinario que había contenido a la denunciante, encabezado por la histórica militante feminista Cinthia Frías.
El episodio de Ortigoza ahora vuelve a dejar al descubierto una lógica repetida: mientras el discurso oficial reivindica perspectiva de género, transparencia y cuidado institucional, la estructura política aparece envuelta en operaciones de encubrimiento, desplazamientos internos y funcionarios bajo investigación judicial.
El costo político de un municipio en crisis
El caso impacta además sobre un gobierno municipal que arrastra desgaste por múltiples frentes: crisis presupuestaria, cuestionamientos en seguridad, conflictos sanitarios y crecientes denuncias por manejo político de áreas sensibles.
La imagen del allanamiento a la vivienda de una directora de Género por una causa vinculada al narcotráfico golpea nuevamente sobre uno de los discursos identitarios del oficialismo local. Y deja una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿nadie sabía nada o todos miraban para otro lado?
Porque más allá del intento desesperado por presentar a Ortigoza como una figura marginal, los decretos oficiales muestran otra cosa. Fue designada políticamente, ocupó un cargo jerárquico y formó parte del esquema de confianza de la gestión Ghi. Lo demás parece apenas una maniobra tardía para evitar que el escándalo termine salpicando más arriba.
Quinto Poder 
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