El jurado popular declaró culpables por unanimidad a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba. Javier Baños, abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, cerró su intervención con un alegato duro contra los acusados y con un cuestionamiento directo al sistema de juicio por jurados bonaerense.
Un veredicto unánime para un crimen aberrante
El juicio por el asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba cerró con un veredicto contundente: los 12 integrantes del jurado popular declararon culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil, acusados por el homicidio del empresario asesinado en julio de 2023 en General Rodríguez, cuyo cuerpo apareció descuartizado en Ingeniero Budge.
El comunicado difundido por el Estudio Jurídico Baños & Asociados, patrocinante de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, informó que el jurado emitió veredicto de culpabilidad respecto de los tres acusados y sostuvo que “los tres recibirán la pena de prisión perpetua”.
La decisión del jurado llegó luego de un alegato en el que Javier Baños planteó el caso como un crimen ejecutado “a traición y sobre seguro”, con una planificación destinada no sólo a matar a Pérez Algaba, sino también a borrar rastros, descuartizar el cuerpo y construir una falsa pista para desviar la investigación.
“Lo mataron por plata”
Baños sostuvo ante el jurado que el móvil del crimen fue económico. “Lo mataron por plata”, resumió en uno de los tramos más duros de su exposición. Para la acusación, Pérez Algaba se había convertido en un problema para Pilepich por deudas vinculadas al emprendimiento inmobiliario Renacer, en General Rodríguez.
El abogado reconstruyó una secuencia criminal basada en roles diferenciados: Vargas habría llevado a Lechuga al predio, Pilepich habría ocupado un lugar central en la ejecución del plan y Gil habría intervenido en la maniobra posterior. “Hay una división funcional de tareas”, sostuvo Baños, al plantear que “no todos ejecutan personalmente la acción típica, pero sí son todos parte de ese plan para matar”.
La hipótesis acusatoria señaló que Pérez Algaba recibió disparos por la espalda, agonizó entre media hora y noventa minutos, y luego fue trasladado para el descuartizamiento. Sus restos aparecieron entre el 23 y el 25 de julio de 2023 en el Arroyo del Rey, dentro de una valija, una mochila y bolsas de consorcio.
La coartada, los audios y la falsa pista
Uno de los ejes del alegato fue la presunta construcción de una coartada. Baños sostuvo que los acusados intentaron cargar el crimen sobre Iglesias, un barrabrava de Boca que tiempo antes había amenazado a Lechuga en audios que luego se viralizaron.
Para el abogado, esos audios funcionaron como una pieza central del engaño: el cuerpo fue seccionado de modo compatible con aquellas amenazas y arrojado en una zona que podía reforzar esa falsa dirección investigativa. “Era la coartada perfecta”, describió Baños, al sostener que el plan incluyó matar, descuartizar, descartar los restos y direccionar la sospecha hacia un tercero.
El alegato también apuntó contra las contradicciones de los imputados. Baños contrapuso esas versiones con la prueba pericial, las antenas telefónicas, los testimonios, los videos y la documentación incorporada durante el debate. “¿A quién les vamos a creer? ¿A tres imputados que tienen todo para perder? ¿O a las antenas de los teléfonos, a las pericias, a los videos, a los testigos y a la prueba?”, planteó ante el jurado.
La crítica de Baños al juicio por jurados
El alegato tuvo otro núcleo político-jurídico: el cuestionamiento al régimen bonaerense de juicio por jurados. Baños advirtió que, para una condena a prisión perpetua, la ley exige unanimidad. Es decir, 12 votos afirmativos. Esa regla está prevista en el artículo 371 quáter del Código Procesal Penal bonaerense, incorporado por la Ley 14.543: para delitos con pena de prisión o reclusión perpetua, el veredicto de culpabilidad requiere unanimidad.
Baños calificó ese diseño legal como “pésimo” y “absurdo”. Su crítica fue concreta: la acusación debía convencer a 12 jurados, mientras que a la defensa le alcanzaba con instalar una duda en uno solo para bloquear la condena agravada. También remarcó otra asimetría: frente a una absolución derivada del veredicto de no culpabilidad, la acusación no cuenta con recurso; en cambio, la defensa puede impugnar una condena. La propia ley bonaerense establece la irrecurribilidad de la sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado y regula el recurso contra la condena.
El resultado, sin embargo, terminó por atravesar esa tensión: el mismo jurado cuya estructura fue cuestionada por Baños declaró culpables por unanimidad a los tres acusados. La condena no borró la discusión de fondo, pero sí evitó el escenario que el abogado había presentado como la peor derivación posible: la impunidad de un crimen atroz por la duda de un solo ciudadano.
“En este juicio estuvimos con tres asesinos”
En el tramo final, Baños buscó desmontar las estrategias defensivas que, según anticipó, intentarían apelar a la compasión, al miedo, a la desviación del eje central o al ataque contra la víctima, la fiscalía y la investigación. Las llamó “trucos sucios” de la retórica judicial.
El abogado cerró con una frase de una testigo, Ariana González, quien se refirió a Pilepich con una definición brutal: “Estuve con un asesino”. Baños tomó esa expresión y la extendió a los tres imputados: “En realidad, nosotros en este juicio estuvimos con tres asesinos”.
El pedido final fue directo: “Les voy a pedir que hagan justicia”. El jurado lo hizo en la forma más fuerte que permitía el sistema: por unanimidad.
Lo que viene
Tras el veredicto, resta la audiencia de cesura, instancia obligatoria en los juicios por jurados bonaerenses, en la que el juez que presidió el debate debe determinar la calificación jurídica y las consecuencias penales del veredicto.
El caso, además, no se agota con Pilepich, Vargas y Gil. Otros imputados deberán afrontar otro debate por distintos roles atribuidos dentro de la trama posterior al crimen, el encubrimiento y el descuartizamiento. La investigación continúa sobre una estructura que, según la acusación, combinó negocios, deudas, violencia extrema y una maniobra destinada a fabricar impunidad.


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