ARGENTINA. AMBA. MORÓN. Comienzan los juicios por los jubilados «de prepo» del Municipio

A partir de la presentación judicial realizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham por las irregularidades denunciadas en el proceso de ajuste que lleva adelante la administración de Lucas Ghi, este miércoles 16 de septiembre se desarrollará la primera audiencia en el fuero contencioso administrativo.

Son siete juicios cuyo resultado podría modificar la situación de los más de 100 trabajadores jubilados intempestivamente por la administración municipal. Esos siete procesos judiciales contienen a más de 60 trabajadores que firmaron la demanda impulsada por el gremio perteneciente a la FESIMUBO (Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires).

El juez interviniente es el Dr. Marcelo Gradín, el mismo magistrado que habilitó la lista de concejales de Fuerza Patria para la última elección. Gradín, que subroga ese juzgado vacante, fue funcionario de Mariano West en Moreno y está próximo a dejar ese cargo en el Departamento Judicial de Morón.

Este miércoles, el magistrado procederá a desarrollar la primera audiencia, a la que acudirán los trabajadores y sus representantes gremiales, mientras que Lucas Ghi será representado por el abogado radical Miguel Aldett.

Una paradoja es que el secretario general del Sindicato, Gustavo Sanz, también es abogado y compañero de trabajo de Aldett.

Los cuestionamientos

Entre las numerosas observaciones realizadas al esquema de ajuste de la comuna, se especificó que, en la gran mayoría de los casos, se enviaron telegramas de despido sin que existiera acto administrativo alguno. En todos los casos, el decreto de baja se firmó un mes después de la llegada de los telegramas.

Por otro lado, no se respetaron los derechos laborales consagrados ni en el SICAMOR —(carrera municipal) ni en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Uno de los hechos más cuestionados del manoseo que sufrieron los trabajadores fue que quienes se manifestaban como “militantes” políticos de Ghi fueron retirados de la nómina de cesanteados, lo que generó una diferenciación jurídica inconstitucional entre aquellos que se encontraban en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio. Muchos de ellos, además, tampoco cobraron la liquidación final.

Documentación que no fue publicada

Los anexos 1 y 2 del decreto, donde constan los nombres de los despedidos, nunca fueron dados a conocer por el Municipio ni publicados en el Boletín Oficial.

Fue el propio juzgado el que solicitó las pruebas documentales, que el Gobierno de Ghi entregó a regañadientes, luego de presionar al sindicato para que levantara las demandas y al juez para que las rechazara.

Este miércoles, finalmente, se desarrollará la primera audiencia de un largo proceso judicial en el que también se determinarán las responsabilidades de los funcionarios municipales intervinientes.