ARGENTINA. AMBA. Morón. Denunciaron penalmente a Ghi por bloquear el acceso a la Catedral durante la misa

El abogado Javier Ignacio Baños denunció al intendente de Morón, a funcionarios y agentes municipales por el cierre del acceso vehicular a la Catedral durante una celebración religiosa. Las imágenes muestran un móvil oficial de Tránsito, conos y cintas de “Peligro” desplegadas frente al templo. También presentó el caso ante el Concejo Deliberante y pidió una investigación institucional.

El abogado Javier Ignacio Baños presentó una denuncia penal para que se investigue la responsabilidad del intendente Lucas Ghi y de los funcionarios municipales que habrían ordenado, autorizado o ejecutado el cierre del acceso vehicular a la Catedral Basílica Inmaculada Concepción del Buen Viaje de Morón.

El hecho denunciado ocurrió el 22 de julio, alrededor de las 19 horas, cuando Baños llegó al templo para participar de la misa y encontró bloqueado el ingreso habitualmente utilizado por los fieles para acceder y estacionar sus vehículos.

Según la presentación, a la que obtuvo acceso QuintoPoder.ar, el cierre se realizó mediante conos y cintas con la inscripción “Peligro”, sin que hubiera una obra, emergencia o riesgo visible que justificara la medida. La restricción coincidió con el horario de la celebración religiosa y afectó especialmente a personas mayores, vecinos con movilidad reducida y familias que necesitaban aproximarse al templo en automóvil.

Un operativo municipal frente a la Catedral

Las fotografías incorporadas al caso despejan una de las principales dudas sobre la procedencia del operativo. En las imágenes se observa un vehículo oficial identificado con las inscripciones “Tránsito” y “Morón”, estacionado junto al sector cerrado. También aparecen conos municipales y cintas de seguridad extendidas sobre la calle, la vereda y el ingreso próximo a la Catedral.

La presencia del móvil oficial vincula directamente el cierre con la Municipalidad de Morón y obliga al Departamento Ejecutivo a explicar quién impartió la orden, qué dependencia intervino y cuál fue el motivo concreto para restringir el acceso durante el horario de misa.

Las fotografías también muestran que el operativo no consistió en una simple señalización aislada. Las cintas atravesaban distintos sectores de la calzada y delimitaban un perímetro frente al edificio religioso, con personal y vehículos municipales apostados en el lugar.

Denuncia por abuso de autoridad

Baños pidió que el Ministerio Público Fiscal investigue si los hechos pueden encuadrar en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal.

La denuncia también solicita determinar si se utilizaron vehículos, personal, equipos y fondos municipales para una finalidad ilegítima o diferente de aquella para la cual estaban destinados. En ese supuesto, podría analizarse la existencia de una eventual malversación de recursos públicos.

La presentación no atribuye de manera definitiva la comisión de un delito, pero reclama que la Fiscalía reconstruya la cadena de mando: quién dispuso el cierre, quién transmitió la orden, qué agentes la ejecutaron y si el intendente conoció, autorizó, toleró o ratificó la medida.

Entre las pruebas solicitadas se encuentran las cámaras municipales y privadas de la zona, las órdenes de servicio, los registros de personal, los mensajes internos, las hojas de ruta del móvil y las actuaciones administrativas vinculadas con el operativo.

Una situación que se habría repetido

La denuncia sostiene que no sería la primera vez que personal municipal bloquea el acceso a la Catedral.

También señala que la Municipalidad habría organizado o autorizado en otras oportunidades actos y espectáculos con música amplificada en las inmediaciones del templo, en horarios coincidentes con las celebraciones religiosas.

Según Baños, el volumen de esos eventos habría ingresado al interior de la Catedral y dificultado la escucha de la liturgia. Por ese motivo, pidió que se investiguen los eventos organizados durante 2026, las contrataciones realizadas, los niveles sonoros autorizados y los funcionarios responsables.

El planteo no cuestiona la facultad municipal de ordenar el tránsito o realizar actividades culturales. Lo que se denuncia es la posible utilización arbitraria de esas competencias para afectar el normal desarrollo de las ceremonias religiosas.

Presentación ante el Concejo Deliberante

Además de la denuncia penal, Baños presentó una petición ante el Honorable Concejo Deliberante de Morón para que el cuerpo investigue institucionalmente lo ocurrido.

Solicitó que la denuncia sea remitida a todos los concejales, sin distinción de bloques, y que intervengan las comisiones de Legislación, Derechos Humanos, Seguridad, Tránsito, Presupuesto, Cultura y Asuntos Institucionales.

También reclamó que el Concejo requiera informes al Departamento Ejecutivo, preserve las imágenes de las cámaras, convoque a las autoridades eclesiásticas y determine qué funcionarios participaron del cierre.

La presentación pide, además, que se investigue el uso de recursos públicos en los eventos realizados frente a la Catedral y que se establezca si existieron órdenes municipales capaces de afectar arbitrariamente la libertad religiosa.

En caso de comprobarse transgresiones graves, abuso de autoridad, negligencia reiterada o desvío de recursos, Baños solicitó que se evalúe la conformación de una comisión investigadora conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y el eventual procedimiento de responsabilidad política contra el titular del Departamento Ejecutivo.

Las explicaciones que deberá dar Ghi

El Municipio deberá informar ahora quién ordenó el operativo, por qué se cerró el acceso, cuánto tiempo permaneció bloqueado y si la medida fue comunicada previamente a las autoridades de la Catedral.

También deberá explicar si existía una emergencia concreta, una obra, un riesgo para los vecinos o alguna razón administrativa que justificara el despliegue de vehículos, conos y personal municipal durante la celebración religiosa.

La investigación deberá determinar si se trató de una medida legítima de tránsito o de una decisión arbitraria que terminó por obstaculizar el ingreso de los fieles al principal templo católico de Morón.