Marlon Ochoa vinculó la eventual postulación del expresidente con el desplazamiento de autoridades que cuestionaron las elecciones de 2025. En una entrevista con Axel García Ancira para el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA (México), denunció una operación de concentración del poder con respaldo estadounidense y advirtió sobre su proyección regional.
«Ocupaban sacarnos a nosotros porque, de acuerdo con la información a la que tuve acceso, el narcotraficante convicto Juan Orlando Hernández será el próximo candidato presidencial del Partido Nacional en Honduras». Con esa afirmación, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, expuso el objetivo que atribuyó a las remociones de funcionarios electorales y judiciales posteriores a los comicios del 30 de noviembre de 2025.
Durante la entrevista del pasado lunes en el programa Reflexiones de Sur a Norte, el dirigente de Libertad y Refundación (LIBRE) sostuvo que Hernández ya difundió fotografías de concentraciones políticas en Juticalpa, Olancho.
En junio de 2024, la justicia federal estadounidense condenó a Hernández a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y las armas. La acusación acreditó su participación en una conspiración que facilitó el traslado de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Posteriormente, Donald Trump le concedió un indulto.
Las instituciones bajo disputa
Ochoa situó su destitución del 16 de abril dentro de una secuencia destinada, según su interpretación, a eliminar obstáculos para el regreso político de Hernández. Incluyó en ese proceso el desplazamiento de autoridades de la justicia y del Ministerio Público, así como la remoción de la representación de LIBRE en el Tribunal de Justicia Electoral.
También denunció amenazas contra su vida y explicó que abandonó Honduras, primero solo y después junto con su familia. Afirmó que recibió información sobre un plan para encarcelarlo y asesinarlo dentro de prisión.
Cerimedo y los límites de la verificación electoral
Consultado por García Ancira, Ochoa atribuyó al asesor argentino Fernando Cerimedo un papel que comprendió la estrategia digital del Partido Nacional, los contactos con el entorno de Trump y la operación de su centro de datos, denominado Cielo Azul.
Relató que recibió diez audios en diciembre, con una voz que identificó como la de Cerimedo, sobre presuntas alteraciones de votos y el rechazo a un recuento. Precisó, sin embargo, que presumía la identidad del interlocutor, a quien vinculó con Asfura.
Según Ochoa, el Ministerio Público preparó un peritaje en Colombia, pero decisiones judiciales impidieron su realización y cerraron la investigación.
El exconsejero también sostuvo que la proclamación presidencial del 24 de diciembre se produjo con 306 actas pendientes de incorporar. Contrapuso una diferencia aproximada de 27.000 votos entre los primeros candidatos con una carga electoral de 132.000 personas en aquellas actas. Esa última cifra corresponde a electores potenciales, no necesariamente a sufragios emitidos.
En este punto, las observaciones del Instituto Alexandre Pétion aportaron un antecedente relevante. Su informe de observación electoral de diciembre señaló fallas estructurales, problemas de trazabilidad, ausencia de auditorías y debilidades en la gobernanza electoral. Dicho documento calificó las irregularidades como graves, generalizadas y potencialmente determinantes, y recomendó repetir el proceso.
El indulto y la presión sobre el voto
«Nosotros tuvimos unas elecciones completamente tuteladas por Estados Unidos», sostuvo Ochoa. Su análisis enlaza el respaldo de Trump a Asfura, las amenazas de consecuencias económicas y el indulto a Hernández como componentes de una misma intervención.
El apoyo del mandatario estadounidense y su advertencia de retirar ayuda si Asfura no triunfaba quedaron registrados en la cobertura internacional. Washington, además, pidió aceptar el resultado después de la proclamación.
Ochoa agregó otra denuncia: la difusión de más de tres millones de mensajes de texto dirigidos especialmente a receptores de remesas, con advertencias sobre la continuidad de esos ingresos si votaban por Rixi Moncada. Atribuyó la operación a una articulación entre bancos y compañías telefónicas.
El entrevistado interpretó, además, que el perdón presidencial a Hernández funcionó como una señal de impunidad para organizaciones criminales. Se trató de su explicación sobre los efectos políticos del indulto, distinta del hecho comprobado de su concesión.
Honduras en la articulación entre Washington y Tel Aviv
La conversación también abordó el papel de Israel y de sectores evangélicos. Ochoa señaló reuniones diplomáticas con dirigentes religiosos y denunció una estructura de activismo favorable al Partido Nacional dentro de iglesias. Vinculó esa capacidad territorial con las campañas digitales y los intereses estratégicos estadounidenses en el Caribe.
Una advertencia para México y la región
Ochoa presentó el caso hondureño como una advertencia sobre operaciones capaces de combinar presión externa, comunicación digital y estructuras territoriales. Identificó a México como un objetivo de esas redes y reclamó actualizar las estrategias de las fuerzas progresistas.
Propuso auditar algoritmos, reforzar las herramientas contra la desinformación electoral, disputar la comunicación en redes y sostener la organización comunitaria. También cuestionó la idea de que toda alteración electoral ocurre dentro de un sistema informático: destacó la importancia de los representantes en las mesas y del contraste entre actas y resultados publicados.
«No podemos exclusivamente asumir una conducta de denuncia», afirmó.
Su planteo dejó una cuestión política de fondo: la defensa de la soberanía electoral requiere capacidad para verificar el escrutinio, investigar las interferencias y proteger a quienes las denuncian. En Honduras, la eventual candidatura que atribuyó a Hernández concentró esa disputa: quién controla las instituciones que deberán garantizar la próxima elección.
Quinto Poder 
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