Cristian Gabriel “Pity” Álvarez revocó la defensa oficial y designó como nuevos abogados particulares a los penalistas Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. En el escrito presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, al que tuvo acceso Quinto Poder, el músico pidió suspender o reprogramar el debate para que sus nuevos defensores puedan estudiar íntegramente el expediente y elaborar su estrategia. El Tribunal postergó las audiencias y el juicio continuará el próximo 26 de agosto.
Cristian Gabriel Álvarez Congiu, conocido popularmente como “Pity” Álvarez, dio un giro a su estrategia judicial en pleno debate oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y designó a los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro para que asuman su defensa técnica.
La presentación se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Capital Federal, en el marco de las causas 40694/2018 y 67864/2016. En el escrito, el músico pidió expresamente que ambos profesionales actúen “conjunta o indistintamente y con todas las facultades inherentes al ejercicio de la defensa técnica”.
Hasta este momento, Álvarez contó con la asistencia de los defensores oficiales Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín. Con la nueva presentación solicitó la revocación de esa defensa y dejó asentado que Baños y Queijeiro son “letrados de mi exclusiva confianza”.
Un cambio de defensa en plena etapa de juicio
La designación adquirió especial trascendencia porque ocurrió con el debate oral ya iniciado. Álvarez no se limitó a cambiar de abogados: vinculó directamente la incorporación de sus nuevos defensores con la necesidad de obtener tiempo para revisar todo lo actuado.
El escrito pidió que Baños y Queijeiro tengan acceso integral a las actuaciones mediante el sistema Lex 100, con posibilidad de consultar resoluciones, escritos, prueba documental, pericial y testimonial y los restantes elementos incorporados a los expedientes.
La petición sostuvo que los nuevos abogados deben contar con un plazo que les permita “tomar efectivo conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar la prueba incorporada, examinar los antecedentes del proceso y diseñar adecuadamente la estrategia defensiva”.
La presentación también solicitó que las firmas de Baños y Queijeiro sean consideradas como aceptación formal de los cargos y reclamó que se garantice la continuidad de la asistencia letrada durante el proceso de sustitución de la defensa oficial.
“Una defensa real, efectiva y no meramente formal”
El núcleo jurídico del planteo apareció en el pedido de suspensión y reprogramación del juicio.
La nueva defensa sostuvo que el derecho de defensa no se satisface con la mera presencia formal de un abogado, sino que exige que los profesionales dispongan del tiempo y de los medios necesarios para estudiar la causa antes de intervenir en una instancia decisiva como el debate oral.
“El derecho de defensa en juicio exige una defensa materialmente posible, eficaz y dotada del tiempo y de los medios necesarios”, señaló el escrito.
Para fundamentar el pedido, la presentación invocó el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 8.2, incisos c) y d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los abogados aclararon además que el planteo no busca demorar indefinidamente el proceso. El escrito afirma que lo solicitado “no persigue introducir una dilación indebida ni frustrar la realización del juicio”, sino asegurar el ejercicio efectivo del derecho de defensa y evitar futuros cuestionamientos sobre la validez del proceso.
El Tribunal concedió una semana
La primera consecuencia concreta del cambio de abogados llegó este mismo miércoles. El presidente del TOC N.º 29, Gustavo Goerner, suspendió la audiencia prevista para este 19 de agosto, en la cual debían declarar cuatro policías, y dispuso que el debate se retome el próximo miércoles 26 de agosto.
De esta manera, Baños y Queijeiro obtuvieron una semana para acceder al expediente, estudiar las pruebas y definir cómo continuará la defensa del músico.
El Tribunal que juzga a Álvarez está integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. La acusación pública se encuentra a cargo del fiscal Sandro Abraldes, mientras que el abogado Fernando Burlando interviene en representación de la querella.
El crimen por el que juzgan a “Pity” Álvarez
El proceso central que enfrenta el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se originó en la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
Según la acusación, después de una discusión Álvarez disparó contra Díaz y efectuó cuatro disparos que provocaron su muerte. El músico quedó detenido y la causa llegó a la instancia de juicio, pero el debate sufrió sucesivas postergaciones como consecuencia de las discusiones sobre su capacidad psicofísica para afrontar el proceso.
En 2021 el proceso se suspendió por primera vez. En marzo de 2023 volvió a paralizarse debido al estado de salud del cantante. Durante los años siguientes intervinieron profesionales del Cuerpo Médico Forense y peritos de la defensa para determinar si Álvarez estaba en condiciones de comprender y participar efectivamente del juicio.
En mayo de este año, el TOC N.º 29 resolvió reanudar el proceso. Los magistrados consideraron que las facultades mentales del acusado se encontraban estabilizadas y que podía comprender “el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra”. El tribunal fijó entonces el comienzo del juicio para el 10 de agosto.
La causa de 2016 quedó alcanzada por la prescripción
El escrito que formalizó a la nueva defensa mencionó expresamente las causas 40694/2018 y 67864/2016 y solicitó la vinculación de Baños y Queijeiro a ambos expedientes.
Sin embargo, durante la primera audiencia del 10 de agosto, el Tribunal comunicó que Álvarez quedó absuelto por prescripción en la causa correspondiente a hechos de 2016, donde se lo acusó por violencia y privación ilegítima de la libertad contra dos mujeres. De esa manera, el eje sustancial del debate quedó concentrado en la acusación por el homicidio de Cristian Díaz.
La nueva defensa anticipó otros planteos
El pedido incorporado formalmente al expediente se concentró en la designación de los abogados, el acceso a las actuaciones y la suspensión o reprogramación del debate. Sin embargo, fuera del escrito, la nueva defensa anticipó que la discusión podría avanzar mucho más allá.
Baños cuestionó públicamente que Álvarez se encuentre actualmente en condiciones psicofísicas de enfrentar el juicio y adelantó que buscarán una nueva evaluación. También planteó otro frente jurídico: “El juicio debería haberse realizado con jurados populares”.
Baños y Queijeiro anticiparon que evaluarán solicitar la nulidad del debate por esa cuestión y que, ante eventuales rechazos, podrían llevar la discusión a instancias superiores. “Hasta la Corte Interamericana podemos llegar”, afirmó la nueva defensa.
Por ahora, el primer movimiento ya produjo un efecto concreto. El juicio que comenzó después de años de suspensiones volvió a detenerse, esta vez por una semana, mientras Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro toman el control de una de las defensas penales de mayor exposición pública de los últimos años. El próximo capítulo quedó fijado para el 26 de agosto.
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