Maximiliano Angeli se presentó como defensor de Luna Ortigoza y Ángel Paz, ambos buscados en la causa por narcotráfico que sacude al gobierno de Lucas Ghi. El mismo abogado integró la defensa de Maximiliano Pilepich, condenado a prisión perpetua por el homicidio triplemente agravado de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba. La coincidencia profesional no demuestra por sí sola una conexión entre ambos expedientes, pero incorpora un nuevo y perturbador interrogante: ¿quién sostiene la fuga y la estrategia judicial de la exfuncionaria municipal?
Al momento de la redacción de este artículo, Luna Suyai Ortigoza lleva 54 días prófuga de la Justicia. La exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón desapareció el 19 de mayo, antes de que los investigadores pudieran detenerla por el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en la vivienda que alquilaba en Castelar sur.
Desde entonces, ninguna fuerza de seguridad consiguió localizarla. Tampoco fue encontrado Ángel Daniel Paz, el otro imputado sobre el que pesa una orden de captura y a quien la investigación ubica como una pieza relevante dentro del circuito de distribución de estupefacientes investigado por la UFI N.º 9 de Morón.
Sin embargo, ambos prófugos ya cuentan con defensa técnica. El abogado Maximiliano Angeli se presentó formalmente en el expediente para representar tanto a Ortigoza como a Paz y solicitar acceso a las actuaciones judiciales.
El nombre del letrado no resulta desconocido en las crónicas policiales. Apenas unos días antes, Angeli había ocupado uno de los lugares centrales en otro proceso de enorme repercusión pública: el juicio por el asesinato y descuartizamiento de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba.
El mismo abogado que defendió a Maximiliano Pilepich
Maximiliano Angeli, junto con Enrique Tonceda, integró la defensa de Maximiliano Pilepich, uno de los principales acusados por el homicidio de Pérez Algaba.
El jurado popular declaró culpables por unanimidad a Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el homicidio triplemente agravado de “Lechuga”: por la intervención de dos o más personas, por codicia y por el uso de un arma de fuego. Los tres recibieron la pena de prisión perpetua.
La acusación estableció que Pérez Algaba fue atraído el 18 de julio de 2023 hasta el predio Renacer, en General Rodríguez, bajo la promesa de cobrar parte de una deuda que Pilepich mantenía con él. Allí recibió dos disparos por la espalda mientras se encontraba en estado de indefensión.
Después del asesinato, su cuerpo fue seccionado, colocado dentro de una valija, una mochila y bolsas de consorcio, y arrojado al Arroyo del Rey. Los restos aparecieron entre el 23 y el 25 de julio de 2023 en Ingeniero Budge.
QuintoPoder.ar siguió el cierre del debate y destacó el alegato de Javier Baños, abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima. Aquella intervención apuntó contra la impunidad, cuestionó el sistema de juicio por jurados bonaerense y reclamó que los responsables del brutal homicidio recibieran la máxima condena prevista por la legislación penal.
Enfrente se encontraba Angeli, quien ejerció la defensa técnica de Pilepich y sostuvo su pedido de absolución. El jurado rechazó esa estrategia y consideró probada la responsabilidad de Pilepich en el crimen.
Una coincidencia profesional que no puede convertirse en una acusación
Que un mismo abogado intervenga en causas penales diferentes no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Toda persona imputada, incluso aquella que permanece prófuga, conserva el derecho constitucional a contar con una defensa técnica. Tampoco existe hasta el momento información pública que permita afirmar que los casos de Ortigoza y Pérez Algaba mantengan alguna conexión criminal.
La coincidencia, sin embargo, adquiere relevancia periodística por la dimensión de los expedientes y por el perfil de los representados.
Angeli pasó de defender a Pilepich, finalmente condenado por uno de los homicidios más brutales de los últimos años, a presentarse en nombre de dos personas que continúan ocultas mientras avanza una investigación por comercialización de estupefacientes.
Fuentes vinculadas al caso Ortigoza describieron al letrado como un profesional que interviene habitualmente en causas por narcotráfico y que desarrolla gran parte de su actividad en la zona de Hurlingham.
La pregunta, por lo tanto, no debe dirigirse contra el legítimo ejercicio de la abogacía. El interrogante central es otro: ¿quién contrató al defensor, quién financia la representación de los prófugos y qué personas mantienen contacto con ellos mientras las fuerzas de seguridad aseguran que no logran encontrarlos?
La sola presentación de un abogado no demuestra que haya mantenido comunicación directa con Ortigoza o Paz. Un familiar o una persona de confianza pudo contratarlo. Pero su intervención confirma que, mientras los investigadores no pueden localizarlos, alrededor de los prófugos existe al menos una estructura capaz de organizar y sostener una estrategia judicial.
Dos prófugos, una misma defensa
La orden de captura contra Ortigoza fue dictada por la jueza Laura Mariel Pinto, titular del Juzgado de Garantías N.º 1 de Morón, a pedido de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, de la UFI N.º 9 departamental.
Sobre la exfuncionaria pesan acusaciones por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil. En el allanamiento realizado en su vivienda fueron secuestrados aproximadamente 509 gramos de cocaína, marihuana y otros elementos incorporados al expediente.
La causa también alcanza a Ángel Paz, de 34 años, señalado como distribuidor mayorista dentro de una estructura que habría almacenado droga para abastecer a vendedores de distintos barrios. Paz permanece prófugo y es representado por Angeli en el mismo expediente.
A casi dos meses del operativo, la capacidad de ambos para permanecer ocultos mantiene bajo sospecha la existencia de una red de apoyo, logística e información. Sostener una fuga durante más de cincuenta días requiere dinero, alojamiento, movilidad, comunicaciones y personas dispuestas a colaborar.
Hasta ahora, ninguna autoridad informó públicamente quiénes podrían integrar esa estructura.
Ortigoza no era una empleada marginal
Desde el primer momento, el gobierno municipal intentó presentar el episodio como una conducta individual y ajena a la administración. La documentación oficial desmintió ese relato.
Ortigoza no era una trabajadora sin responsabilidades políticas. Lucas Ghi la designó el 19 de junio de 2025 como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad mediante el Decreto N.º 1236/2025. El nombramiento llevó la firma del intendente y fue refrendado por funcionarios de su gabinete.
Su jefa directa era Laura De Peri, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio de Morón. De Peri es abogada e integrante del Poder Judicial bonaerense en uso de licencia por el ejercicio de su cargo político dentro del Ejecutivo municipal.
La llegada de ambas al área ocurrió después del desplazamiento del anterior equipo interdisciplinario de Género, en medio de las denuncias por violencia que involucraron al secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella. En el Concejo Deliberante, el concejal Diego Spina responsabilizó directamente a De Peri por la incorporación de Ortigoza y exigió conocer cuál era el vínculo entre ambas.
La decisión administrativa final, sin embargo, correspondió a Lucas Ghi. Fue el Intendente quien firmó el decreto, le otorgó rango político y colocó a Ortigoza al frente de un organismo que intervenía en situaciones de extrema sensibilidad.
La denuncia tardía por los equipos municipales
Después de la fuga, De Peri se presentó ante la Fiscalía N.º 9 para denunciar que Ortigoza conservaba dos teléfonos celulares y una computadora Banghó pertenecientes al Municipio.
Según el escrito presentado el 28 de mayo, los dispositivos podían contener documentación administrativa, comunicaciones oficiales, información institucional y datos sensibles de personas asistidas por programas municipales. Ortigoza también utilizaba un vehículo comunal cuyo sistema de geolocalización no estaba habilitado.
La presentación permitió conocer el nivel de confianza y acceso que tenía la exdirectora dentro de la estructura municipal. También dejó al descubierto que, al momento de desaparecer, conservaba herramientas que podían facilitar comunicaciones, movimientos y acceso a información reservada.
A pesar de esa gravedad, el gobierno de Ghi no ofreció hasta ahora una explicación completa sobre los controles internos, la custodia de los dispositivos, el sistema de rastreo de los vehículos ni las circunstancias bajo las cuales Ortigoza abandonó sus funciones.
La coincidencia y las preguntas que el gobierno no responde
Maximiliano Angeli ejerce una profesión y cumple una función reconocida por la Constitución. No corresponde criminalizar a un abogado por la identidad o por los delitos atribuidos a sus defendidos.
Pero tampoco corresponde ocultar una coincidencia que, por su impacto público, merece ser informada.
El abogado que defendió a Maximiliano Pilepich, condenado a prisión perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, representa ahora a Luna Ortigoza y Ángel Paz, los dos prófugos de una causa por narcotráfico que golpeó directamente al corazón político del gobierno municipal de Morón.
Puede tratarse simplemente de un profesional especializado que fue contratado para intervenir en dos expedientes sin relación entre sí.
Lo que difícilmente pueda atribuirse a una casualidad es que dos personas con pedido de captura nacional e internacional mantengan recursos, contactos y asesoramiento jurídico mientras permanecen fuera del alcance de la Justicia.
Después de 54 días, la pregunta ya no es solamente dónde está Luna Ortigoza.
También es quién la ayuda, quién financia su fuga, quién mantiene contacto con ella y cuánto sabe realmente la estructura política que la promovió, la designó y le entregó recursos del Estado.
Lucas Ghi y Laura De Peri todavía deben esas respuestas.
Quinto Poder 
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