Argentina. AMBA. Morón. Lucas Ghi festejó un acuerdo antiobrero de Ganadera San Roque

El intendente de Morón Lucas Ghi salió públicamente a festejar el acuerdo entre las autoridades de la histórica Ganadera San Roque y sus trabajadores. Los nuevos dueños de la empresa impusieron un convenio ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin indemnizaciones pagadas, con rebaja salarial y sin reconocimiento pleno de derechos laborales mínimos. Para ello, contaron con el aval político del gobierno municipal.

Hace pocos meses, la Ganadera, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1400, dispuso el cierre de su planta. De la noche a la mañana cerró sus puertas y dejó en la calle a todo el personal. Ante el asombro de los trabajadores del lugar, el jefe comunal obligó a sus funcionarios a postear un video donde reivindicó el acuerdo y presentó como “buena noticia” una salida que, en los hechos, precariza las condiciones laborales.

La reapertura que el Municipio mostró como victoria

Ghi recorrió las instalaciones del frigorífico Ganadera San Roque tras concretarse el acuerdo que permitió la reapertura de la planta. En sus redes, tituló la publicación con una frase de campaña: “Más trabajo y producción en Morón”.

En el posteo, el intendente sostuvo que el acuerdo “permitió preservar los puestos de trabajo y reactivar la actividad de una empresa emblemática” del distrito. También afirmó que “gracias a la articulación entre el Municipio, la Provincia, la empresa, el sindicato y los trabajadores” se logró “encontrar una alternativa para evitar el cierre y garantizar la continuidad productiva del establecimiento”.

El cierre del mensaje resultó todavía más cínico frente al contenido real del convenio: “Seguimos trabajando para defender cada puesto de trabajo”.

Un acuerdo leonino bajo amenaza de desempleo

La Ganadera San Roque cerró sus puertas en marzo, cuando 140 trabajadores recibieron sus telegramas de despido. Ahora reabrió, pero bajo condiciones completamente distintas a las previas al cierre. La mayoría aceptó una rebaja salarial y un cambio abrupto en la relación laboral con la patronal para conservar su fuente de trabajo.

Los empleados sufrieron una fuerte quita respecto de los salarios que percibían antes del cierre. Desaparecieron adicionales que formaban parte del ingreso habitual y el nuevo esquema fijó una “garantía horaria de 140 horas mensuales”, pagadera en dos quincenas de 70 horas. El acuerdo lo firmaron la patronal, representada por Claudio Lusquiños, y la Federación Gremial de la Carne y sus Derivados. El Sindicato de la Carne de zona oeste no lo suscribió.

120 trabajadores aceptaron las nuevas condiciones para mantener el empleo, mientras 25 quedaron fuera de la empresa sin indemnización cobrada. La planta retomó la actividad con una faena cercana a 50 animales por día, menos personal, tareas duplicadas y salarios sensiblemente inferiores.

El relato macabro del ghiismo

El Municipio intentó transformar una capitulación obrera en épica de gestión. El video que difundió Ghi, y que replicaron funcionarios locales, omitió el dato central: los trabajadores no negociaron en igualdad de condiciones, sino bajo la presión material del cierre, los despidos y la falta de ingresos.

El discurso ghiista presentó como “articulación” lo que aparece como una convalidación política de la flexibilización laboral. Mostró como defensa del empleo un acuerdo que redujo salarios, dejó trabajadores afuera y postergó o desconoció indemnizaciones. Presentó como “continuidad productiva” una reapertura que descargó el costo de la crisis sobre quienes viven de su salario.

La escena resultó todavía más grave porque desde la Jefatura de Gabinete del intendente axelista se presionó a funcionarios locales para difundir el video municipal, con una versión parcial de los hechos. El mensaje oficial no explicó cuánto resignaron los trabajadores, quiénes quedaron afuera, qué pasó con las indemnizaciones ni por qué el Estado municipal decidió posar junto a la patronal en vez de resguardar los derechos laborales afectados.

El aval del Ministerio de Trabajo bonaerense

El acuerdo fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires – representado a nivel local por David Ponce – como autoridad de aplicación. El Municipio de Morón y el área laboral bonaerense convalidaron una reapertura sin pago de indemnizaciones, con reducción salarial y con una dotación de personal inferior a la que existía antes del cierre.

La foto política, entonces, no fue inocente. Ghi no sólo visitó una empresa que volvió a producir. El intendente se ubicó en el centro de una operación comunicacional que buscó lavar un acuerdo regresivo y convertirlo en propaganda municipal.

Una lectura desde el derecho del trabajo

Desde el derecho laboral, el caso enciende todas las alarmas. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional tutela el trabajo en sus diversas formas y garantiza condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa, protección contra el despido arbitrario y organización sindical libre.

La Ley de Contrato de Trabajo establece el principio de irrenunciabilidad de derechos en su artículo 12. También impide validar actos que encubran fraude o simulen una renuncia forzada a derechos mínimos. Aun cuando exista intervención administrativa, ningún acuerdo puede desplazar el orden público laboral si su resultado supone una afectación sustancial del salario, de la indemnización por despido o de condiciones esenciales del contrato.

La homologación estatal no convierte en justo lo que nació bajo coacción económica. Si la alternativa real para los trabajadores fue aceptar menos salario, perder derechos o quedarse en la calle, no hubo libertad negocial plena. Hubo necesidad, subordinación y aprovechamiento patronal.

Por eso la reapertura de San Roque no puede leerse como una victoria social. Es, en todo caso, un caso testigo de precarización laboral con aval político. Y en Morón, Lucas Ghi eligió festejarlo.