ARGENTINA. AMBA. MORÓN. Tras jubilar por la fuerza a Mabel Mesa, Lucas Ghi desmanteló el Consejo Escolar

El intendente avanzó sobre el organismo educativo después de disponer el cese en el ejecutivo municipal de su presidenta. Siete trabajadores municipales con años de experiencia fueron retirados de áreas estratégicas, entre ellas Infraestructura Escolar, y reasignados en otras dependencias. El vaciamiento se produjo en medio de la disputa por la utilización de los fondos destinados a las escuelas públicas.

El gobierno de Lucas Ghi profundizó su ofensiva contra el Consejo Escolar de Morón. Después de imponer la jubilación de su presidenta, Mabel Mesa, el Departamento Ejecutivo retiró del organismo a siete trabajadores municipales que cumplían funciones esenciales y dejó desarticuladas áreas estratégicas para el mantenimiento de las escuelas del distrito.

Los agentes prestaban tareas en el Consejo Escolar a partir de un convenio de colaboración celebrado años atrás entre el Municipio de Morón y el organismo educativo, bajo una modalidad habitual en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Sus salarios dependían de la administración municipal, pero sus funciones se desarrollaban dentro del Consejo Escolar.

Recursos Humanos del Municipio citó a los siete empleados para asignarles nuevos destinos dentro de la estructura comunal. La decisión implicó su salida inmediata del organismo y afectó directamente sectores sensibles, entre ellos la Comisión de Infraestructura Escolar.

Algunos de los trabajadores desplazados contaban con más de veinte años de trayectoria en el Consejo Escolar. No se trataba, por lo tanto, de personal circunstancial, sino de agentes con experiencia específica en la tramitación administrativa, el seguimiento de obras y la atención de las necesidades edilicias de los establecimientos educativos.

El vaciamiento de Infraestructura Escolar

La Comisión de Infraestructura Escolar cumple un papel central en el relevamiento de los edificios, la identificación de emergencias, el seguimiento de reparaciones y la articulación entre las escuelas, el Consejo Escolar, la Provincia y el Municipio.

El retiro del personal municipal dejó al organismo sin buena parte de los recursos humanos que sostenían esas tareas. La medida golpeó especialmente un área que requiere conocimiento técnico, continuidad administrativa y capacidad para responder frente a problemas urgentes en los establecimientos.

El desmantelamiento se produjo, además, mientras numerosas comunidades educativas reclaman respuestas por deficiencias edilicias, mantenimiento, calefacción, filtraciones, instalaciones eléctricas y otras necesidades que condicionan el funcionamiento cotidiano de las escuelas públicas.

El Ejecutivo municipal presentó la decisión como una simple reasignación de personal. Sin embargo, el traslado simultáneo de los siete agentes que cumplían funciones estratégicas dentro del Consejo Escolar tuvo un efecto concreto: redujo drásticamente su capacidad operativa.

La jubilación forzada de Mabel Mesa

La nueva ofensiva ocurrió después del desplazamiento de Mabel Mercedes Mesa, presidenta del Consejo Escolar y referente histórica de la educación pública moronense.

El Decreto N.º 1468/2026, firmado el 24 de julio por Lucas Ghi, el secretario de Economía y Finanzas, Guido Napolitano, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, Estefanía Franco, dispuso su cese en el cargo municipal de Asesora I con efecto retroactivo al 1.º de julio.

El decreto sostuvo que la designación quedaba sin efecto “por razones de servicio”. La carta documento remitida a Mesa, sin embargo, expuso otro motivo: le comunicó que cesaría en sus funciones “para acogerse a los beneficios jubilatorios” previstos en la Ley N.º 9650/80.

La documentación contradijo la versión posterior del gobierno municipal, que intentó presentar la salida como una decisión voluntaria de la funcionaria. Mesa no resolvió jubilarse libremente: recibió una notificación que le impuso el cese y la derivó a la Dirección de Recursos Humanos para tramitar el anticipo jubilatorio.

El decreto y la carta documento exhibieron, además, fundamentos diferentes para una misma decisión. Mientras el acto administrativo invocó “razones de servicio”, la comunicación enviada a la trabajadora atribuyó el cese al acceso a la jubilación.

El conflicto por los fondos educativos

Mabel Mesa no sólo presidía el Consejo Escolar. También se desempeñaba como asesora municipal en materia de infraestructura educativa y tenía a su cargo el seguimiento de la aplicación de recursos destinados a las escuelas.

Por ejercer ese cargo municipal no percibía su dieta como consejera escolar. Por lo tanto, no existía incompatibilidad en el cobro de ambos conceptos.

La tensión con Lucas Ghi se profundizó a partir de los reclamos de Mesa para que el Municipio destinara efectivamente a las escuelas los fondos provinciales correspondientes. Desde su función, supervisaba la aplicación de esos recursos y cuestionaba que el Ejecutivo no los utilizara en la infraestructura educativa del distrito.

Su desplazamiento, seguido por el retiro del personal que trabajaba en áreas operativas del Consejo Escolar, expuso el alcance político de la maniobra. El Ejecutivo no sólo apartó a quien reclamaba por los fondos educativos: también debilitó la estructura institucional desde la cual esos recursos debían controlarse y ejecutarse.

Una respuesta oficial basada en falsedades

Tras las denuncias de la presidenta del Consejo Escolar, el Departamento Ejecutivo difundió un comunicado en el que negó el desmantelamiento del organismo y atacó a Mabel Mesa mediante afirmaciones falsas y difamatorias, desmentidas por el decreto de cese, la carta documento que impuso su jubilación y la documentación a la que tuvo acceso QuintoPoder.

Lejos de responder sobre el vaciamiento del Consejo Escolar, el gobierno de Lucas Ghi eligió desacreditar a Mesa y profundizó el conflicto político, institucional y educativo.

El comunicado sostuvo que la presidenta había decidido acogerse voluntariamente a la jubilación. La carta documento demuestra lo contrario: fue el Municipio el que le informó que cesaría en sus funciones desde el 1.º de julio para acceder al beneficio jubilatorio.

También negó el desmantelamiento del organismo, aunque el Ejecutivo retiró simultáneamente a siete trabajadores experimentados que cumplían tareas estratégicas y los destinó a otras dependencias municipales.

Un nuevo avance contra el Consejo Escolar

El retiro del personal municipal constituye un nuevo capítulo de ese conflicto. La medida no sólo afecta a una dirigente o a un sector político: compromete el funcionamiento de una institución encargada de atender las necesidades de toda la comunidad educativa.

Con la presidenta desplazada, siete trabajadores reasignados y la Comisión de Infraestructura Escolar debilitada, el gobierno de Lucas Ghi avanzó sobre la autonomía y la capacidad operativa del Consejo Escolar.

Mientras el Ejecutivo insiste en negar el vaciamiento, las consecuencias ya se observan dentro del organismo. Las escuelas quedaron con menos herramientas institucionales para reclamar, gestionar y controlar las respuestas que necesitan.