Análisis. Nuestramérica. Soberanía Energética. El oscuro negocio de la luz: Por qué Honduras debe desconfiar de la «modernización» de la ENEE

En Honduras, el debate sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha vuelto a encenderse. Bajo el discurso de la «modernización», la «eficiencia» y la «apertura de mercado», sectores políticos y empresariales impulsan una reestructuración que, en esencia, propone dividir a la estatal en tres sociedades mercantiles para facilitar la inyección de capital privado.

En Honduras, ya hemos sufrido las consecuencias de convertir servicios públicos esenciales en mercancías. Las cicatrices del fallido consorcio Empresa Energía Honduras (EEH) siguen abiertas. ¿Por qué ahora deberíamos creer que fragmentar la ENEE será diferente?

El salto mortal: De derecho social a bien de mercado

El problema de fondo es filosófico y práctico. Cuando el acceso a la energía eléctrica pasa de ser un derecho social garantizado por el Estado a un bien de mercado manejado por corporaciones, la lógica operativa cambia por completo. Una empresa privada no existe para velar por el bienestar de los hondureños; existe para generar rentabilidad a sus inversionistas. El Estado, en teoría, debe equilibrar la rentabilidad con la justicia social. Al entregar el control, se cambia un motor que busca desarrollo por uno que busca ganancias.

1. La factura que siempre sube

En el modelo público del gobierno anterior, el Estado pudo implementar subsidios cruzados (que los grandes consumidores paguen más para que las familias pobres paguen menos) o asumir pérdidas temporales para evitar que los más vulnerables se queden a oscuras.

Pero una empresa privada no hace filantropía. Para que las nuevas «sociedades mercantiles» de la ENEE sean atractivas para los inversionistas, deben demostrar ganancias. ¿La vía más rápida? Aumentar el costo del kilovatio hora o recortar subsidios. La «modernización» se pagará directamente en la factura mensual de cada hogar.

2. El viejo truco: ganancias privadas, pérdidas públicas

El plan de dividir la ENEE en Generación, Transmisión y Distribución es el manual clásico del desbalance estratégico. Lo que suele ocurrir es:

Lo lucrativo se privatiza: La generación en zonas rentables y la distribución en áreas urbanas de alto consumo (San Pedro Sula, Tegucigalpa) se vuelven muy atractivas para el capital privado.

Lo costoso se lo queda el Estado: Al gobierno le tocará retener la transmisión (redes que requieren mantenimiento multimillonario) y la distribución en zonas rurales e indígenas, donde llevar luz es carísimo y no genera ganancias.

Resultado final: El privado se lleva las utilidades limpias, y el pueblo hondureño sigue pagando con sus impuestos el déficit de la parte pública abandonada.

3. La luz no llega donde no hay negocio

Si el sistema se rige por criterios de rentabilidad comercial, las comunidades alejadas pierden prioridad. Para una empresa privada, invertir millones de lempiras en cableado, postes y subestaciones para llevar energía a una aldea de 50 familias en la montaña no es un «buen negocio» (recuperar esa inversión tardaría décadas). Esto profundiza la brecha social y condena al aislamiento a las regiones más vulnerables, contradiciendo cualquier discurso de desarrollo nacional.

4. Pérdida de soberanía energética y seguridad nacional

La energía eléctrica no es una mercancía como vender celulares. Es el motor de los hospitales, las escuelas, la industria y el agua potable.

Cuando un Estado pierde el control de su matriz energética y de sus redes de transmisión, cede su soberanía. Las decisiones estratégicas sobre el desarrollo del país ya no se toman en el Congreso Nacional o en el Ejecutivo pensando en un plan de nación, sino en las juntas directivas de corporaciones transnacionales que buscan el retorno de su inversión.

¿Quién decide a qué hora hay apagones en una sequía? ¿Quién prioriza el consumo doméstico sobre el industrial? En un modelo privatizado, la respuesta es: el que tiene más poder de pago.

5. El fantasma de EEH: cuando la privatización parcial dejó trauma

Honduras ya vivió un experimento de privatización parcial con el consorcio Empresa Energía Honduras (EEH) , contratado para reducir pérdidas y mejorar la facturación. El saldo fue desastroso:

Las pérdidas no bajaron significativamente.

El Estado terminó en demandas multimillonarias (arbitrajes internacionales).

La ciudadanía sufrió años de abusos en la facturación, cobros promediados e impunidad ante los reclamos.

El temor generalizado es que la actual «escisión» de la ENEE sea simplemente repetir el libreto de EEH pero a una escala mayor: fragmentar toda la estatal y dejarla a merced de los mismos vicios contractuales donde el Estado hondureño siempre termina perdiendo en tribunales internacionales.

6. La CREE: el regulador que nadie pidió y que todos pagaremos

El reciente anteproyecto de ley publicado el 5 de junio de 2026 revela la pieza que faltaba para completar el despojo: la creación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) , un ente que se presenta como «técnico e independiente», pero cuyo diseño es profundamente antidemocrático.

Esto es lo que el artículo de La Prensa confirma y que debería encender todas las alarmas:

Nombramiento vertical: Los tres comisionados serán elegidos directamente por la Presidencia de la República, sin control del Congreso Nacional. Eso concentra el poder en una sola persona y elimina cualquier contrapeso.

Junta nominadora con dueños del poder privado: Para seleccionar a los candidatos, se crea una junta donde tiene asiento el COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) . O sea, los mismos empresarios a los que se regulará tendrán voz y voto para escoger a sus reguladores. Un conflicto de interés institucionalizado.

Independencia sin rendición de cuentas: La CREE tendrá «independencia funcional, presupuestaria y financiera». En la práctica, eso significa que no responde ni al Congreso, ni a la ciudadanía, ni a la Contraloría. Un Estado paralelo e intocable.

Lo pagamos nosotros, como siempre: La CREE se financiará con un 0.25% sobre las ventas mensuales facturadas por las distribuidoras y otro 0.25% sobre las compras de los «consumidores calificados» (grandes industrias). Ese costo, inevitablemente, se trasladará a tu factura de la luz. Crean un nuevo impuesto encubierto para sostener a sus propios vigilantes.

¿Qué significa esto? Que no solo se privatiza el servicio, sino que se crea una superestructura corporativa que operará sin control ciudadano, financiada con nuestros bolsillos, y diseñada para beneficiar al gran capital. La CREE no es una garantía de transparencia; es la garantía de que el negocio de la luz quede blindado contra cualquier intento de recuperación estatal.

Conclusión: La luz como derecho, no como privilegio

Privatizar o fragmentar la ENEE bajo el bonito término de «modernización» es peligroso porque trata a la energía eléctrica como un privilegio de quienes pueden pagarla, no como un servicio básico que garantiza la vida digna.

Si el Estado hondureño se retira de la administración del sector eléctrico, pierde la única herramienta que tiene para equilibrar la cancha en un país con altísimos niveles de pobreza, desigualdad histórica y regiones olvidadas. La ENEE puede ser ineficiente, corrupta y deficitaria. Pero la solución no es entregársela a quienes, por diseño, pondrán el precio de la luz por encima del derecho de los hondureños a no vivir en la oscuridad.

Ahora sabemos que el plan es incluso peor de lo que imaginábamos. No solo se dividirá la ENEE y se abrirá el mercado al capital privado, sino que se creará una CREE que concentrará el poder regulatorio en manos del Ejecutivo y del COHEP, sin rendición de cuentas y financiada con un nuevo cobro en tu factura. Esa no es una reforma para mejorar el servicio; es una reforma para eternizar un negocio del que los hondureños comunes quedamos excluidos, pero que pagamos con cada kilovatio.

La verdadera modernización se logra con auditorías, transparencia, combate al robo de energía (que suele ser un negocio para otros poderes fácticos) y gestión pública eficiente, no con la renuncia del Estado a su responsabilidad más básica ni con la creación de entes blindados al servicio del gran capital. Desconfiemos. La historia nos duele. Y ahora el proyecto ya tiene nombre: CREE.