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Bolivia. Un experto de la ONU admite golpe de Estado e ilegal asunción de Áñez.

Un experto de la ONU reconoce que sí hubo un golpe de Estado en Bolivia en 2019 y que Jeanine Áñez fue nombrada presidenta sin sustento legal.

Denis Racicot, exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia, ha asegurado que “sí hubo un golpe de Estado en 2019”, contra el entonces presidente boliviano Evo Morales.

En sus afirmaciones hechas este viernes a Bolivia TV, ha dicho que la actualmente encarcelada Jeanine Áñez se autoproclamó tras el golpe de Estado, porque no hubo un juramento de posesión, un elemento legal, ley o reglamento que conllevara a que fuera investida en rigor con la Constitución del país.

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, en la cárcel. (Foto: Reuters)

“Con la toma violenta e inconstitucional por parte de Jeanine Áñez y un grupo de políticos en busca de poder sin que exista algún elemento legal para nombrarla presidenta de Bolivia”, ha precisado el exdiplomático.

El jueves, tras admitir errores de procedimiento, como incumplimiento de plazos, firmas, entre otros, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó dejar sin efecto el auto de apertura del juicio contra Áñez y ocho ex altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía en el caso denominado “Golpe II”.

Al respecto, Racicot ha sostenido que la decisión de dicho tribunal es prudente y seria porque respeta el debido proceso y, aunque va a dilatar el proceso, es importante que el trabajo técnico esté libre de errores, porque estas situaciones “afectan la visión que puede tener el público, como las víctimas”.

¿Qué procesos enfrenta Áñez?

El primero fue por el golpe de Estado contra Morales en el que está imputada por terrorismo sedición y conspiración; el segundo es por los mismos hechos, pero por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes y se lo denominó “Golpe II”, en relación la manipulación de los símbolos patrios en su posesión, el 12 de noviembre de 2019.

El tercer proceso se generó por la presunta designación irregular de un familiar y, el cuarto, por maltrato y detención de más de 50 personas durante la crisis de 2019.

El Ministerio Público anticipó que cuenta con más de 70 pruebas y alrededor de 20 declaraciones de testigos que indican que las acciones de la presidenta de facto están en consonancia con el Artículo 153 del Código Penal referido a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

ncl/ctl/rba

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