JUDICIALES. ARGENTINA. BUENOS AIRES. Violencia digital: Mónica Macha reclamó nuevas leyes y una Justicia preparada para proteger a las víctimas

La senadora provincial de Fuerza Patria participó en Morón de una jornada que reunió a integrantes del Poder Judicial, organizaciones especializadas y familiares de víctimas. El encuentro abordó la necesidad de prevenir, sancionar y reparar las violencias que atraviesan a mujeres, diversidades, niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

La senadora provincial por Fuerza Patria y referenta de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, participó este lunes del conversatorio “Propuestas legislativas en torno a la violencia digital”, que organizó la Comisión de Género y Diversidad de la Asociación de Magistrados, Magistradas, Funcionarios y Funcionarias del Departamento Judicial de Morón.

La actividad reunió a referentes políticos, familiares de víctimas, organizaciones sociales y representantes del sistema judicial para analizar las nuevas formas que adquirió la violencia por motivos de género a través de redes sociales, plataformas digitales y otros dispositivos tecnológicos.

El encuentro contó con las exposiciones de Macha; Laura Sánchez, madre de Emma Bondaruk e impulsora de la Ley y la Guía Emma; Soledad Fuster, profesora, licenciada en Psicología y referente de GENTIC; y los agentes fiscales departamentales Claudio Oviedo y Marisa Monti.

Olimpia Coral Melo, sobreviviente de violencia digital e impulsora internacional de la Ley Olimpia, no pudo participar debido a una indisposición de último momento.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, Matías Rappazzo, mientras que Andrea Molaro, secretaria general de la entidad y referenta de la Comisión de Género y Diversidad, moderó el conversatorio.

Una violencia histórica que encontró nuevos territorios

Mónica Macha sostuvo que la violencia digital no constituye un fenómeno aislado ni completamente novedoso, sino una nueva forma de expresión de una violencia estructural e histórica contra mujeres, diversidades, niñas, niños y adolescentes.

La legisladora recordó el trabajo desarrollado durante más de dos décadas en Morón para construir políticas públicas frente a las violencias por motivos de género y remarcó que los entornos digitales pasaron a formar parte de la vida cotidiana, los vínculos afectivos, la educación y la sexualidad.

“Cuando empezamos a ver qué pasa en los entornos digitales, también aparece allí una forma de esa violencia. No es algo novedoso, pero sí es novedoso cómo se expresa a partir del uso de redes sociales y plataformas”, explicó.

Macha planteó que la violencia de género debía analizarse desde una perspectiva interseccional, que contemplara su relación con la desigualdad social, los racismos y las prácticas adultocéntricas que condicionan los vínculos con niñas, niños y adolescentes.

“Es una violencia absolutamente histórica. Lo que necesitamos es una transformación de los vínculos y una puesta en común de las desigualdades que se ponen en juego”, afirmó.

Ley Olimpia, Ley Belén y las herramientas todavía pendientes

La senadora repasó el recorrido legislativo que comenzó junto a víctimas, familiares y organizaciones especializadas como GENTIC.

En 2023, el Congreso sancionó la Ley Olimpia, que modificó la Ley 26.485 e incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia por motivos de género. La norma reconoció este tipo de agresiones y estableció la obligación estatal de desarrollar políticas de prevención, asistencia y acompañamiento.

Macha también recordó el proyecto de Ley Belén, presentado en homenaje a Belén San Román, quien se quitó la vida después de que difundieran imágenes íntimas suyas sin consentimiento.

La iniciativa propuso modificar el Código Penal para sancionar tanto a quien difundiera inicialmente el material como a quienes continuaran su circulación.

“No alcanza con que una persona tome la nefasta decisión de compartir un material sin consentimiento. También existe el acompañamiento de miles de personas que comparten y sostienen esa violencia”, advirtió.

Macha destacó que el consentimiento para tomar o enviar una imagen íntima nunca podía interpretarse como autorización para publicarla o distribuirla. Por ese motivo, consideró indispensable “cortar la cadena” de circulación y establecer responsabilidades para quienes reprodujeran el contenido.

Ley Emma: prevenir antes de que ocurra el daño

La experiencia de Emma Bondaruk, adolescente de Longchamps que se quitó la vida en 2024 después de la difusión no consentida de un video íntimo, ocupó un lugar central durante la jornada.

Su madre, Laura Sánchez, relató que ni la familia, ni la escuela ni la propia adolescente contaban con herramientas para identificar y afrontar la violencia digital que atravesaba.

“En 2024, el sistema se llevó puesta a Emma. No sabíamos qué era la violencia digital de género. No teníamos herramientas, no había un protocolo y no había prevención”, expresó.

A partir de ese caso, Macha, Sánchez y distintas organizaciones impulsaron el proyecto de Ley Emma, que propuso crear un Programa Nacional para la Prevención y el Abordaje Integral de la Violencia Digital en el ámbito educativo.

La propuesta buscó incorporar capacitación, protocolos de actuación, articulación con la Educación Sexual Integral y mecanismos de acompañamiento para estudiantes, docentes y familias.

Sánchez remarcó que la ley no tuvo una perspectiva punitivista para las adolescencias, sino educativa, preventiva, restaurativa y reparadora.

“Legislar sobre violencia digital ya no es una opción, es una urgencia”, sostuvo.

También señaló que el uso de teléfonos, redes sociales e inteligencia artificial superó la idea de que las nuevas generaciones, por ser consideradas “nativas digitales”, contaban automáticamente con criterios de cuidado.

“Pueden saber usar un teléfono tres veces mejor que nosotros, pero las buenas prácticas siguen siendo una asignatura de los adultos”, afirmó.

“Lo virtual es real”

Soledad Fuster presentó el trabajo de GENTIC, una organización interdisciplinaria dedicada a la prevención de las violencias de género en entornos digitales y al acompañamiento psicojurídico de las víctimas.

Fuster explicó que internet no constituye un espacio separado de la realidad, sino un medio mediante el cual las personas socializan, estudian, trabajan, ejercen su sexualidad y también padecen violencia.

“Lo único digital es el medio. Quien ejerce la violencia, quien la padece y las consecuencias son reales”, afirmó.

La especialista remarcó que el consentimiento siempre es específico. El envío voluntario de una imagen íntima a una persona determinada no habilita su distribución posterior.

“Que una chica haya decidido compartir su intimidad con una persona porque confió no es una autorización para que después esa persona la comparta”, indicó.

También cuestionó las respuestas que responsabilizn a las víctimas mediante preguntas como “¿para qué mandaste la foto?” y sostuvo que esas intervenciones profundizan la revictimización.

Fuster reclamó capacitación institucional, fortalecimiento de la Educación Sexual Integral con perspectiva digital y herramientas claras para actuar en escuelas, organismos estatales y espacios judiciales.

El caso que terminó con una condena de 20 años

Los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo expusieron uno de los antecedentes judiciales más importantes del Departamento Judicial de Morón: la investigación que terminó con una condena de 20 años de prisión contra un hombre por abuso sexual contra una adolescente, grooming y sextorsión.

Monti explicó que el acusado había comenzado sus actividades delictivas al menos en 2010, cuando observaba y fotografiaba estudiantes en las puertas de diferentes escuelas de Hurlingham.

La investigación permitió secuestrar computadoras, cámaras y teléfonos que contenían imágenes de numerosas adolescentes. El agresor utilizaba perfiles falsos, contactaba a las víctimas por servicios de mensajería, ganaba su confianza y luego las amenazaba para que enviaran fotografías íntimas.

Como en aquel momento todavía no existía la figura penal del grooming, recibió una primera condena por corrupción de menores.

Sin embargo, continuó sus prácticas desde distintas unidades penitenciarias, donde accedió a dispositivos electrónicos y volvió a captar adolescentes.

Oviedo relató el caso de una víctima a la que el condenado sometió durante tres años mediante amenazas, pedidos de imágenes, extorsiones económicas y órdenes para que se introdujera objetos en el cuerpo.

El tribunal consideró que existió abuso sexual con acceso carnal aunque el agresor y la víctima nunca compartieron físicamente un mismo espacio. La Justicia interpretó que el acceso se produjo a través del dominio y el sometimiento ejercidos mediante la tecnología.

“Desde el Poder Judicial tenemos que estar a la altura de estos desafíos, leer la realidad y comprender qué les está pasando a nuestros adolescentes”, sostuvo Oviedo.

Incorporar la violencia digital a la legislación bonaerense

Macha también explicó el proyecto que presentó en el Senado provincial para modificar la Ley de Violencia Familiar de la provincia de Buenos Aires e incorporar expresamente la violencia digital.

La iniciativa busca ampliar las herramientas de protección para las víctimas y brindar al Poder Judicial bonaerense un marco normativo específico para intervenir frente a estas situaciones.

La legisladora consideró que el derecho debía adaptarse a las nuevas modalidades de violencia y señaló que una ley no sólo establece sanciones, sino que también instala una discusión pública, reconoce a las víctimas y orienta las políticas estatales.

“Es necesario y urgente abordar la violencia digital desde todos los ámbitos y construir nuevas herramientas para prevenirla, sancionarla y acompañar a quienes la atraviesan”, sostuvo.

Humanizar la vida digital

Laura Sánchez definió la difusión de contenidos íntimos como una violencia masiva, permanente y deshumanizada.

Masiva, porque una publicación puede alcanzar a miles de personas en pocos segundos. Permanente, porque los archivos pueden reaparecer incluso después de su eliminación. Y deshumanizada, porque quienes comparten imágenes, videos o mensajes pierden de vista que detrás de cada pantalla existe una persona.

La madre de Emma reclamó “humanizar la digitalidad” y enseñar a las nuevas generaciones a pensar antes de compartir contenidos capaces de destruir la intimidad y la vida de otra persona.

También informó que Macha presentó un proyecto para declarar el 24 de agosto, fecha del fallecimiento de Emma, como Día de la No Violencia Digital de Género.

“Ese día, en el que le arrebataron la paz a Emma, queremos transformarlo en una jornada en la que nos comprometamos a cuidar a todas”, expresó.

El conversatorio dejó planteada la necesidad de articular legislación, prevención educativa, capacitación judicial, políticas públicas y responsabilidad comunitaria.

Como sintetizó Macha al cierre de su intervención, el desafío exige asumir una posición ética frente al sufrimiento ajeno: “Que el dolor de otra persona no nos sea ajeno y que el sufrimiento de otra persona no nos sea indiferente”.