La tragedia sísmica que golpea a Venezuela vuelve a exponer la matriz hipócrita del poder estadounidense: primero asfixia a los pueblos mediante medidas coercitivas unilaterales; luego administra, con licencias temporales y condicionadas, la posibilidad de que esos mismos pueblos reciban ayuda para salvar vidas.

La emergencia que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela debe ser leída con la gravedad humana que impone la tragedia, pero también con la lucidez política que exige la hora. No se trata sólo de dos terremotos devastadores, de réplicas persistentes, de familias damnificadas, de hospitales afectados, de muertos, heridos y desaparecidos. Se trata también de una nueva demostración de cómo el orden imperial convierte hasta la asistencia humanitaria en un expediente administrativo sometido al arbitrio de Washington.

De acuerdo con los reportes difundidos y la información sensible a la que hemos podido acceder, Venezuela sufrió dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 el miércoles 24 de junio, con afectaciones en Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo y otros estados. Las autoridades venezolanas informaron luego un balance provisorio de 589 personas fallecidas, 2.980 heridos y 214 réplicas contabilizadas por el servicio sismológico nacional hasta el momento.

Una tragedia natural sobre una herida política abierta

La naturaleza golpeó con brutalidad. Pero la vulnerabilidad material con la que Venezuela enfrenta esta catástrofe no puede separarse del cerco económico, financiero y diplomático que Estados Unidos y sus acólitos han sostenido durante años contra el pueblo bolivariano. Las llamadas “sanciones” no son instrumentos neutros ni quirúrgicos: son medidas coercitivas unilaterales que castigan a sociedades enteras, deterioran capacidades estatales, encarecen suministros, bloquean pagos, espantan bancos y siembran incertidumbre en cada operación humanitaria.

En este contexto, la Licencia General N.º 60 emitida por la OFAC aparece como un gesto tardío, limitado y revelador. El documento autoriza, hasta el 23 de octubre de 2026, determinadas transacciones vinculadas con los esfuerzos de alivio por los terremotos en Venezuela que, de otro modo, estarían prohibidas por el régimen de las mal denominadas sanciones a la República Bolivariana de Venezuela. También permite procesar o transferir fondos de terceros países hacia o desde Venezuela, siempre dentro del marco autorizado.

La clave política está en lo que la licencia habilita, pero sobre todo en lo que confirma: si Washington debe emitir una autorización excepcional para que puedan circular fondos de asistencia ante un desastre, entonces el bloqueo existe, opera y mata. La OFAC no está levantando una barrera injusta; apenas abre una rendija temporal, bajo supervisión imperial, para que parte de la ayuda pueda pasar.

La ayuda con fecha de vencimiento

El texto de la Licencia General 60 deja intacto el corazón del problema. No autoriza el desbloqueo de propiedades bloqueadas bajo las Regulaciones de Sanciones contra Venezuela ni habilita otras transacciones prohibidas por órdenes ejecutivas o por el capítulo V del 31 CFR. En otras palabras: la emergencia humanitaria no suspende el dispositivo de dominación, apenas lo flexibiliza en un carril estrecho, burocrático y reversible.

La experiencia demuestra que estas licencias no bastan. El economista Francisco Rodríguez, citado por Misión Verdad, advierte que los bancos y las instituciones financieras mantienen una conducta de bloqueo o demora por temor a incumplir el régimen sancionatorio. Esa advertencia coincide con estudios previos sobre Venezuela: aun con licencias humanitarias, las instituciones financieras públicas y privadas —incluso fuera de Estados Unidos— actúan con extrema cautela, incurren en sobrecumplimiento y retrasan bienes y servicios vitales como medicinas, vacunas, cirugías o equipos sanitarios.

No se trata de un exceso interpretativo. Un informe del Congressional Research Service de Estados Unidos reconoció que, pese a las licencias humanitarias emitidas por la OFAC, el sobrecumplimiento de las sanciones limitó parte de la asistencia humanitaria hacia Venezuela.

Por eso, la Licencia 60 no puede ser presentada como un acto de generosidad. Es, en el mejor de los casos, una admisión burocrática de responsabilidad. En el peor, una maniobra propagandística para mostrar sensibilidad humanitaria mientras se preserva la arquitectura de castigo que debilita la capacidad venezolana de responder con plenitud a una tragedia de esta magnitud.

Solidaridad de los pueblos, tutela de los imperios

La solidaridad internacional con Venezuela debe ser celebrada cuando nace de los pueblos, de los Estados hermanos, de los brigadistas, médicos, rescatistas y trabajadores que ponen el cuerpo para salvar vidas. Gobiernos de América Latina y otras regiones, junto con organismos internacionales, expresaron apoyo ante los fuertes sismos, mientras Venezuela declaró el estado de emergencia y activó mecanismos de rescate y atención a damnificados.

Pero otra cosa muy distinta es la pretensión de convertir esa solidaridad en una operación de tutela. La presencia del Comando Sur estadounidense en labores de recuperación, presentada como apoyo logístico y humanitario, no puede ser leída ingenuamente en una región que conoce demasiado bien la historia de las “misiones de asistencia” utilizadas como puerta de entrada para la injerencia. Muestra de esto es el despliegue de SOUTHCOM con personal, equipos, aeronaves y plataformas destinadas a operaciones de socorro.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el mismo poder que sanciona, bloquea y condiciona se arroga luego el papel de salvador? ¿Por qué la ayuda humanitaria debe llegar bajo la sombra del aparato militar que históricamente operó como gendarme continental de los intereses estadounidenses?

Venezuela necesita asistencia urgente, corredores financieros despejados, recursos sin trabas, equipos de rescate, insumos médicos, alimentos, agua potable, infraestructura y cooperación internacional real. No necesita permisos coloniales con fecha de vencimiento. No necesita que la vida de su pueblo dependa del humor administrativo de la OFAC ni del cálculo geopolítico de quienes han convertido el sufrimiento venezolano en herramienta de presión.

Levantar el bloqueo, no administrarlo

La tragedia sísmica vuelve a colocar a la humanidad ante una disyuntiva ética y política. O se defiende la vida concreta de los pueblos, con respeto irrestricto a la soberanía y a la autodeterminación, o se acepta que el imperialismo siga regulando quién puede comprar, vender, recibir, transferir, donar, reconstruir y sobrevivir.

La ayuda verdadera no puede consistir en una licencia excepcional emitida por el mismo poder que sostiene el cerco. La ayuda verdadera empieza por el levantamiento inmediato, total e incondicional de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Todo lo demás es administración colonial del daño.