La masacre de La Talanquera marcó el inicio de una nueva etapa de persecución contra el movimiento campesino hondureño y evidenció que la reforma agraria tenía límites definidos por las élites económicas y militares del país.
Por Ruth Moncada
EL ORIGEN DE UN CONFLICTO HISTÓRICO
El problema agrario hondureño tiene raíces profundas que se remontan al período colonial. Durante siglos, las mejores tierras quedaron concentradas en manos de los descendientes de los colonizadores españoles, mientras las comunidades indígenas y campesinas sobrevivían en territorios marginales o de menor productividad.
La desigualdad se profundizó a finales del siglo XIX y principios del XX con la llegada de las compañías bananeras estadounidenses. Empresas como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company, no solo controlaron vastas extensiones de tierra, sino también puertos, ferrocarriles y sectores estratégicos de la economía y la política nacional.
La histórica huelga bananera de 1954 marcó un punto de inflexión. Miles de trabajadores paralizaron el país para exigir derechos laborales y sindicales, mientras paralelamente comenzaba a fortalecerse la organización campesina frente a la concentración de la tierra y el abandono estatal.
Durante los años sesenta surgieron organizaciones como el Comité Central de Unificación Campesina (CCUC) y la Federación Nacional de Campesinos Hondureños (FENACH), que impulsaron ocupaciones de tierras y exigieron una reforma agraria capaz de transformar la estructura agraria del país.
La presión social obligó al Estado a impulsar reformas. Durante el gobierno de Ramón Villeda Morales se desarrollaron los primeros proyectos agrarios y posteriormente se creó el Instituto Nacional Agrario (INA). Más adelante, bajo el gobierno militar de Oswaldo López Arellano, se aprobó la Ley de Reforma Agraria de 1974, presentada como una solución al histórico problema de acceso a la tierra.
Sin embargo, la reforma agraria encontró una fuerte resistencia de terratenientes, sectores militares y grupos empresariales que veían amenazados sus intereses. La redistribución de tierras nunca logró modificar de manera profunda la estructura de poder rural, y cada intento de recuperación campesina encontró respuestas cada vez más violentas.
LA TALANQUERA: EL INICIO DE UNA ETAPA DE REPRESIÓN ABIERTA
El 18 de febrero de 1972, cerca de 70 familias campesinas ocuparon tierras consideradas ociosas en las zonas de La Talanquera y La Empalizada, en las cercanías de Juticalpa, Olancho.
Los campesinos reclamaban acceso a tierras para producir alimentos y denunciaban la lentitud de las políticas agrarias impulsadas por el Estado. Sin embargo, apenas dos días después de la ocupación, militares, policías y terratenientes ejecutaron un operativo para desalojarlos.
El ataque dejó seis campesinos asesinados: Juan Pastrana, Eulalio Barahona, Eliseo Montoya, Antonio Cadenas, Pastor Pagoada y Benito Cadenas.
Testimonios posteriores denunciaron que Olancho permaneció prácticamente incomunicado durante varios días y que desde sectores oficiales se intentó presentar a los campesinos como delincuentes y ladrones para justificar la represión.
La Iglesia Católica y organizaciones campesinas denunciaron la coordinación entre fuerzas de seguridad y terratenientes para impedir las recuperaciones de tierra.
La masacre de La Talanquera marcó el inicio de una nueva etapa de persecución contra el movimiento campesino hondureño y evidenció que la reforma agraria tenía límites definidos por las élites económicas y militares del país.
LOS HORCONES: LA MASACRE QUE ESTREMECIÓ A HONDURAS
Tres años después, el 25 de junio de 1975, ocurrió uno de los episodios más brutales de la historia hondureña. Ese día, campesinos organizados participaban en la denominada Marcha del Hambre, una movilización nacional que exigía acceso a tierras y el cumplimiento efectivo de la reforma agraria.
Las víctimas fueron trasladadas por militares a la hacienda Los Horcones, propiedad de José Manuel Zelaya Ordóñez, padre del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Según testimonios y documentos históricos, las víctimas fueron torturadas, mutiladas y ejecutadas. Algunos fueron quemados vivos y posteriormente sus cuerpos fueron arrojados a un pozo de malacate que fue rellenado con cal y dinamitado para eliminar evidencias.
Entre los condenados por la masacre figuraron el mayor José Enrique Chinchilla, el subteniente Benjamín Plata y el propio Manuel Zelaya Ordóñez.
Sin embargo, años después varios de los responsables recuperaron su libertad mediante indultos.
La masacre provocó un fuerte repliegue de la Iglesia Católica en su acompañamiento político a los movimientos campesinos y quedó registrada como uno de los ejemplos más contundentes de la alianza entre poder económico, terratenientes y estructuras militares en Honduras.
DEL FRACASO DE LA REFORMA AGRARIA AL CONFLICTO DEL BAJO AGUÁN
Aunque la reforma agraria continuó formalmente durante las décadas siguientes, la estructura de propiedad de la tierra volvió a concentrarse. El proceso se aceleró tras la aprobación de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola en 1992, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.
Con el paso de los años, miles de hectáreas terminaron bajo control de grandes agroindustriales, especialmente vinculados al cultivo de palma africana en el Bajo Aguán.
La región se convirtió en uno de los principales escenarios de conflicto agrario del país, donde organizaciones campesinas comenzaron a reclamar tierras que consideraban destinadas originalmente para procesos de reforma agraria.
EL TUMBADOR: LA VIOLENCIA DEL BAJO AGUÁN
El conflicto alcanzó uno de sus puntos más críticos el 15 de noviembre de 2010. Ese día, integrantes del Movimiento Campesino del Aguán realizaban una recuperación de tierras en la finca El Tumbador, en Trujillo, Colón.
Las organizaciones campesinas sostenían que los terrenos eran tierras fiscales destinadas legalmente a procesos de reforma agraria.
Según denuncias de organizaciones como la CNTC, ANACH y COFADEH, más de 200 hombres armados vinculados a estructuras de seguridad privada atacaron a los campesinos utilizando fusiles de alto calibre.
El ataque dejó seis personas asesinadas, además de desaparecidos, heridos y denuncias de agresiones contra mujeres. Las organizaciones campesinas responsabilizaron directamente al empresario, Miguel Facussé Barjum, propietario de la Corporación Dinant, y denunciaron complicidad estatal y militarización de la zona.
Posteriormente, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras las familias continúan denunciando la falta de justicia.
RIGORES, TRUJILLO: UNA NUEVA MASACRE EN UN CONFLICTO QUE NO TERMINA
Más de medio siglo después de La Talanquera y cinco décadas después de Los Horcones, la violencia volvió a sacudir el conflicto agrario hondureño.
El 21 de mayo de 2026, 20 personas fueron asesinadas en la Cooperativa Campesina Paso Aguán, en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón. Entre las víctimas había hombres, mujeres y menores de edad.
La masacre ocurrió pocos días después de anuncios gubernamentales relacionados con procesos de militarización y reformas vinculadas al delito de terrorismo bajo la administración de Nasry Asfura.
Mientras sectores oficiales intentaron presentar los hechos exclusivamente como una problemática relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico, organizaciones como la Plataforma Agraria y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) sostuvieron que la masacre no podía analizarse al margen del histórico conflicto por la tierra en el Bajo Aguán.
La Plataforma Agraria denunció la presencia de estructuras armadas como el Grupo del 8 y la banda de Los Canechos, señaladas por extorsionar comunidades, desplazar cooperativas campesinas y operar en la región durante años bajo condiciones de impunidad.
Las organizaciones también denunciaron hostigamiento policial, destrucción de bienes, quema de cultivos y procesos de criminalización contra comunidades campesinas de la zona.
Para defensores de derechos humanos, la masacre volvió a exponer las tensiones entre la agroindustria, estructuras criminales, militarización y abandono estatal que persisten en Colón, así como posibles vínculos entre actores armados, fuerzas de seguridad y sectores de poder económico.
UNA HISTORIA QUE SIGUE ABIERTA
La violencia contra quienes defienden la tierra no se limita a las masacres campesinas.
Los asesinatos de líderes como Berta Cáceres y Juan López evidencian que la disputa por el territorio continúa atravesando conflictos relacionados con proyectos extractivos, corrupción, recursos naturales y concentración de poder.
Sus muertes forman parte de una misma historia en la que campesinos, pueblos indígenas, comunidades organizadas y defensores ambientales han enfrentado amenazas, persecución y asesinatos por desafiar intereses económicos y políticos.
A lo largo de décadas, distintos gobiernos prometieron resolver el problema agrario hondureño. Sin embargo, la concentración de la tierra, la impunidad y la violencia continúan presentes.
Desde La Talanquera hasta Rigores, la historia muestra que en Honduras la lucha por la tierra ha sido también una lucha por la supervivencia. Y que muchas de las heridas abiertas hace más de medio siglo siguen sin encontrar justicia.
Web Criterio.hn y Agencias
Quinto Poder 
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