El escándalo por la presunta participación de la ex funcionaria municipal Luna Ortigoza en una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes continúa escalando y ahora alcanza a otra trabajadora de la estructura comunal. Según surge de nuevas medidas de investigación incorporadas al expediente, una empleada municipal de comenzó a ser objeto de averiguaciones judiciales luego de que uno de los detenidos en la causa la mencionara en su declaración.
De acuerdo con información que trascendió en el marco de la pesquisa, Norberto Hernán Aliano, el único detenido hasta el momento en la causa, sostuvo ante los investigadores que adquiría droga a Luna Ortigoza y aportó el nombre y apellido de otra empleada municipal que, según su relato, participaría de las entregas del material estupefaciente. Por tratarse de una línea investigativa en pleno desarrollo y a fin de no entorpecer eventuales medidas judiciales, este medio decidió preservar por el momento la identidad de la persona mencionada.
La declaración adquiere especial relevancia porque proviene del principal imputado detenido en el expediente. Según las versiones conocidas hasta el momento, Aliano afirmó que la mujer se presentaba como secretaria personal de la entonces directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Barrio Seré y que las entregas de droga se realizaban en distintos puntos de Castelar Sur, incluyendo una plaza de esa localidad. A partir de estos dichos, los investigadores profundizan las averiguaciones para determinar la veracidad de las manifestaciones efectuadas por el acusado y establecer si existen nuevas responsabilidades penales vinculadas a la estructura bajo investigación.
La causa ya había tomado una dimensión política de relevancia luego de que trascendieran fotografías, mensajes y testimonios que comprometían a la ex directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Barrio Seré. Entre las pruebas incorporadas al expediente figura una imagen en la que Ortigoza aparecería comercializando estupefacientes, además de distintas declaraciones que la ubican en una posición central dentro de la estructura investigada.
Mientras tanto, el expediente continúa avanzando sobre distintos actores vinculados a la organización que operaba en Morón y Castelar. Las nuevas declaraciones y medidas probatorias abrieron interrogantes sobre la posible participación o conocimiento de otras personas relacionadas con el entorno laboral y político de la ex funcionaria.
Suspenden una actividad oficial en el centro donde trabajaba Ortigoza
Las repercusiones del escándalo también comenzaron a impactar en la agenda institucional del Municipio. La actividad «Pasos de Orgullo», un encuentro organizado por la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad que debía realizarse en el Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Barrio Seré, fue suspendida y posteriormente reprogramada «hasta nuevo aviso», según informó oficialmente el área a través de sus redes sociales.
La jornada estaba prevista para desarrollarse el pasado 29 de mayo en la sede de La Tribuna 1881, en Castelar, el mismo espacio donde Luna Ortigoza ejercía funciones como directora antes de quedar involucrada en la causa por presunta comercialización de estupefacientes y profugarse.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que la decisión se produjo en medio de la conmoción política generada por la investigación judicial. En ámbitos municipales también llamó la atención la ausencia de explicaciones públicas respecto de los motivos de la suspensión.
La situación además expone el delicado momento que atraviesa la Secretaría conducida por Laura De Peri, mientras la Justicia profundiza distintas líneas investigativas vinculadas al entorno de la ex funcionaria y analiza nuevos testimonios incorporados al expediente.
Del «Orgullo» al silencio institucional
La suspensión de una actividad pública impulsada por el área de Género constituye uno de los primeros efectos visibles que la causa tiene sobre el funcionamiento cotidiano de la dependencia municipal. Mientras la investigación avanza y aparecen nuevos nombres vinculados al expediente, el Municipio evita realizar precisiones sobre el impacto institucional del caso.
El contraste resulta inevitable. El mismo centro territorial que días atrás promocionaba actividades comunitarias vinculadas a la diversidad y la inclusión hoy aparece asociado a una investigación por narcotráfico que ya provocó allanamientos, detenciones y una creciente crisis política para la administración local.
El problema que golpea al gobierno de Lucas Ghi
La causa se transformó en uno de los mayores dolores de cabeza para la gestión del intendente Lucas Ghi. Luego de los primeros intentos oficiales por relativizar la situación de la ex funcionaria, la aparición de nuevas pruebas, los allanamientos y las detenciones terminaron profundizando una crisis política que continúa sumando capítulos.
Ahora, con una nueva empleada municipal mencionada en el expediente y bajo análisis de la Justicia, la investigación parece alejarse cada vez más de la hipótesis de una actuación aislada y abre interrogantes sobre el alcance real de las responsabilidades dentro de la estructura comunal.


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