El abogado de la familia de Brenda del Castillo cuestionó moral y doctrinariamente la postura del defensor del principal imputado por el triple femicidio de Florencio Varela. “Es la antítesis de la abogacía”, sostuvo.
Máxima seguridad, exposición mediática y una causa bajo presión.
La llegada de Tony Janzen Valverde Victoriano a la Argentina no sólo reactivó judicialmente el expediente por el femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. También abrió una nueva disputa: la del sentido mismo del derecho y el rol de la abogacía frente a crímenes de extrema gravedad.
Mientras el imputado quedó alojado en una celda de máxima seguridad y bajo estrictas medidas de protección, su defensa inició una fuerte exposición mediática. Según explicó el abogado querellante Javier Baños, el defensor de “Pequeño J” – Lucas Contreras Alderete – mantuvo entrevistas periodísticas incluso antes de tomar contacto reservado con su cliente.
El contexto no fue menor. La extradición ocurrió apenas días después de que la Cámara Federal de San Martín dictara la falta de mérito respecto de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, señalado hasta entonces como posible autor intelectual de la trama criminal. A eso se sumaron las amenazas denunciadas por la madre de Brenda, que obligaron a la Justicia Federal de Morón a desplegar medidas de seguridad especiales.
La causa, lejos de estabilizarse, entró en una nueva fase de tensión.
“Seríamos peor que las prostitutas”
Pero fue una frase atribuida al abogado defensor de “Pequeño J” la que detonó la respuesta pública de Baños.
Según relató el penalista moronense, Contreras Alderete sostuvo que defendería a su cliente aun si fuera culpable y que la función del abogado consistía en “defender la causa al postor que más le pague”.
La réplica de Baños fue brutal.
“Si ese abogado tiene razón, seríamos peor que las prostitutas, porque una prostituta al menos vende su cuerpo por plata. Este estaría vendiendo su alma por dinero”
La declaración excedió el enojo circunstancial. Fue un ataque frontal a una concepción del ejercicio profesional que, según Baños, redujo el derecho a una mercancía y vació de contenido ético a la abogacía.
Una crítica al corazón del posmodernismo jurídico
Baños aclaró que no dirigió su cuestionamiento “contra el letrado en forma personal”, sino contra “una posición doctrinaria muy en boga en el mundo académico y jurídico”.
Y allí desplazó el eje del debate desde el expediente hacia una discusión más profunda: la crisis contemporánea de la idea de verdad.
Citando a la histórica jurista española Ángela Osorio, sostuvo:
“Qué hipocresía es esa de andar buscando en la ley soluciones contrarias a las que nos dicta nuestro convencimiento”
Luego apeló a dos figuras centrales del pensamiento procesal italiano del siglo XX: Piero Calamandrei y Francesco Carnelutti.
Recordó que Calamandrei concebía al proceso judicial como un instrumento para “traducir la justicia en realidad concreta”, mientras Carnelutti definía al derecho como la tarea de repartir “el pan de la justicia entre los ciudadanos”.
Desde esa tradición, Baños planteó que la lógica del “defender cualquier cosa al mejor postor” destruye el fundamento mismo del derecho.
“La posmodernidad ya no cree en la verdad”
El tramo más filoso de sus declaraciones llegó cuando vinculó esa postura con el clima cultural contemporáneo.
“Para creer en la justicia hay que volver a creer en la verdad y la posmodernidad ya no cree más en la verdad”
La frase condensó una crítica que excedió ampliamente el caso de Brenda. Según Baños, la disolución de toda idea objetiva de verdad terminó erosionando también:
- la noción de justicia,
- el sentido de la ley,
- y la función ética del abogado.
“El derecho es el objeto de la justicia y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde”
Desde esa mirada, la defensa irrestricta de cualquier interés económico no constituye una muestra de profesionalismo, sino su degradación.
La disputa detrás del expediente
El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ya expuso:
- narcotráfico,
- violencia extrema,
- captación mediante engaño,
- tortura,
- encubrimiento,
- y posibles conexiones transnacionales.
Ahora también expone otra fractura: la disputa sobre qué significa ejercer el derecho en una época donde, incluso dentro de los tribunales, la verdad parece negociable.
La llegada de “Pequeño J” volvió a poner a la causa en el centro de la escena.
Las declaraciones de Javier Baños hicieron algo más incómodo todavía: pusieron en discusión los límites morales de la propia profesión judicial.


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