La llegada a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, reconfigura el expediente del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Pero el avance judicial convive con zonas grises: una falta de mérito clave, amenazas a la familia y una trama narco que tensiona el proceso.
Una extradición que reabre el expediente
La extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano desde Perú marcó un punto de inflexión en la causa. El imputado, señalado como una figura central dentro del entramado criminal, quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal y fue citado a indagatoria bajo cargos de extrema gravedad.
El abogado de la familia de Brenda, el penalista moronense Javier Baños, fue categórico al describir el cuadro procesal:
“Se está investigando la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y el homicidio varias veces agravado por alevosía, por el ensañamiento, por la premeditación, por el concurso premeditado de dos o más personas… y para algunos de los coautores, por la violencia de género ejercida contra las víctimas”
La expectativa judicial es moderada: la defensa presume que el imputado se negará a declarar, una estrategia habitual en causas con alta exposición y riesgo penal extremo.
Un femicidio en clave narco
El expediente reconstruyó un escenario de violencia extrema atravesado por una lógica criminal organizada. Las tres víctimas fueron captadas mediante engaño, privadas de su libertad, torturadas y asesinadas en un domicilio de Florencio Varela, en el marco de un conflicto vinculado al robo de estupefacientes.
La Cámara Federal de San Martín sostuvo que existió un plan criminal previo, coordinado y ejecutado por múltiples sujetos, con roles diferenciados y un objetivo concreto: recuperar droga sustraída.
Desde una perspectiva de género, el caso exhibe elementos estructurales:
- víctimas jóvenes, una de ellas menor de edad;
- situación de vulnerabilidad;
- utilización del engaño (“la fiesta”) como mecanismo de captación;
- despliegue de violencia física extrema y degradante.
La calificación de femicidio agravado no aparece como un agregado retórico, sino como una consecuencia jurídica de las condiciones en que se ejecutó el crimen.
La resolución que tensiona la causa
En paralelo a la extradición, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín dictó una decisión que impactó de lleno en el expediente: la falta de mérito respecto de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, a quien se señalaba como posible autor intelectual.
El tribunal sostuvo que:
- la imputación se apoyaba en prueba débil;
- los testimonios carecían de corroboración independiente;
- no existía vinculación concreta con el hecho;
- incluso surgían elementos que cuestionaban su posibilidad material de intervención.
La resolución se inscribe en el estándar del art. 309 del CPPN: una situación intermedia que no absuelve ni procesa. Aunque desde el punto de vista político-criminal, introduce un elemento de incertidumbre en la reconstrucción del mando dentro de la organización.
Amenazas y presión sobre la familia
El avance de la causa no transcurre en un vacío. Según denunció Baños, la madre de Brenda fue amenazada en el mismo contexto en que se produjeron dos hechos clave: la falta de mérito y la extradición.
“Estamos sumamente preocupados porque la mamá de Brenda recibió dos amenazas justo en el mes en que la Cámara dispuso la falta de mérito… y en que se estaba extraditando a Pequeño J”
Las intimidaciones fueron denunciadas en la Comisaría 3ª de Ciudad Evita y derivaron en la intervención del Juzgado Federal N°2 de Morón, que dispuso medidas de protección.
El dato no es menor: en causas vinculadas al narcotráfico, la violencia suele extenderse más allá del hecho principal, proyectándose sobre víctimas, familiares y testigos.
Una causa con tres niveles de responsabilidad
La resolución de la Cámara dejó delineado un esquema procesal nítido:
- Coautores: con procesamiento confirmado, vinculados directamente a la ejecución.
- Encubridores: con recalificación legal por conductas posteriores (limpieza, ocultamiento).
- Imputados sin mérito suficiente: en investigación abierta.
La llegada de “Pequeño J” podría alterar ese esquema, especialmente en lo relativo a la estructura de mando y la hipótesis del autor intelectual.
El desafío: verdad judicial y violencia estructural
El caso de Brenda no es sólo un expediente penal. Es un punto de cruce entre tres dimensiones:
- Criminalidad organizada (narcotráfico y economías ilegales).
- Violencia de género extrema.
- Debilidad probatoria en estructuras complejas.
La Justicia avanzó en la reconstrucción material del hecho, pero todavía enfrenta un desafío central: determinar con precisión quién ordenó, coordinó y sostuvo el aparato criminal.
La extradición abre una ventana. La falta de mérito deja una incógnita. Las amenazas agregan presión.
En ese equilibrio inestable se juega no sólo el destino de la causa, sino también la posibilidad de que el caso de Brenda no quede reducido a un crimen brutal más dentro de una estadística que crece.
Quinto Poder 
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