La viralización de una historia de Instagram de la ex concejala de Fuerza Patria y vocal del Partido Justicialista local, Nadia Diz, volvió a colocar en el centro de la escena una discusión que el gobierno de Lucas Ghi intenta presentar como “modernización”, pero que cada vez más sectores identifican como lisa y llanamente precarización laboral.
El disparador no fue casual. Diz vinculó directamente la política municipal hacia las plataformas de delivery con la matriz ideológica que Javier Milei y Manuel Adorni impulsan desde el gobierno nacional: flexibilización, desregulación y vaciamiento de derechos laborales bajo el disfraz de la “innovación tecnológica”.
Y lo hizo con una definición política contundente: “Como gobierno municipal, hacer un acuerdo con empresas que precarizan laboralmente a los trabajadores es ser cómplice”.
El modelo Milei-Adorni aterrizó en Morón
La ex edil recordó que Manuel Adorni, actual funcionario estrella del mileísmo, incluso intentó construir un sindicato de trabajadores de aplicaciones antes de desembarcar en la Casa Rosada. Ese dato, lejos de resultar anecdótico, expuso una contradicción estructural del discurso libertario: reconocer la existencia de trabajadores de plataformas mientras se niega sistemáticamente la relación laboral que los une con las empresas.
La crítica de Diz apuntó directamente a la política municipal que Lucas Ghi impulsó desde diciembre de 2025 con la instalación de un “parador de descanso” para repartidores y la creación de un Registro Municipal de Trabajadores de Plataformas.
Según la dirigente de La Marechal, el problema no radica en la existencia de espacios de asistencia, sino en la legitimación política de un sistema de explotación laboral sin derechos mínimos garantizados.
“No son empleados formales, no cobran aguinaldo, no cobran vacaciones. Si los despiden, no les pagan indemnización, no tienen aportes jubilatorios”, señaló Diz.
La descripción no constituye una opinión ideológica aislada. Desde el derecho laboral argentino, la situación de los trabajadores de plataformas encuadra en una zona de fraude laboral permanente que distintos tribunales nacionales e internacionales ya comenzaron a reconocer.
Porque detrás de la supuesta “autonomía” que venden las aplicaciones, existe subordinación económica, dependencia algorítmica, control empresarial de horarios, calificaciones, recorridos y remuneraciones. Es decir: elementos clásicos de una relación laboral.
El “progreso” que naturaliza el trabajo sin derechos
En las últimas horas, el Secretario de Producción de Morón, Santiago Muñiz, publicó una serie de placas intentando justificar la política municipal bajo la consigna “¿Qué está pasando con el trabajo?”.
Allí reconoció algo que el propio gobierno local parece incapaz de asumir en sus consecuencias políticas: que las plataformas expandieron formas de trabajo sin estabilidad, sin vacaciones y sin derechos básicos.
“La revolución tecnológica también trajo trabajos sin estabilidad, sin vacaciones y sin derechos básicos”, admitió el funcionario en una de las placas difundidas.
Sin embargo, la conclusión oficialista resulta todavía más grave: en vez de avanzar hacia la regularización laboral, el Municipio eligió administrar la precarización.
El razonamiento expuesto por el área de Producción terminó validando exactamente lo que intentó relativizar. Porque si el problema es la pérdida de derechos laborales, la respuesta jurídica no puede limitarse a “registrar” trabajadores precarizados ni a construir estaciones de descanso.
Mucho menos cuando el propio posteo del funcionario municipal reconoce que los trabajadores de plataformas recurren a estas aplicaciones porque el mercado laboral formal los expulsó o porque sus salarios ya no alcanzan para vivir.
El derecho laboral argentino se erigió precisamente para impedir que la necesidad económica funcione como mecanismo de renuncia de derechos. La Ley de Contrato de Trabajo no protege únicamente relaciones laborales ideales: protege especialmente situaciones de desigualdad estructural entre capital y trabajo.
Por eso, bajo la lupa jurídica, la posición municipal aparece todavía más contradictoria: el Estado local admite públicamente la precarización, pero en lugar de combatirla construye dispositivos institucionales para administrarla.
El antecedente del convenio con Pedidos Ya y el negocio de los seguros
No se trata de un episodio aislado.
QuintoPoder.ar ya había advertido sobre esta orientación política en el artículo “El oscuro negocio de los seguros”, publicado el 30 de marzo pasado, donde se analizó el convenio firmado entre la gestión de Lucas Ghi y la empresa Pedidos Ya.
En aquella investigación se señalaba que el municipio avanzaba en acuerdos con compañías de plataformas mientras los trabajadores continuaban sin derechos laborales básicos garantizados.
El artículo advertía además sobre la existencia de un esquema de seguros privados que funcionaba alrededor de estas aplicaciones y que terminaba trasladando riesgos laborales hacia mecanismos de cobertura tercerizados, fuera del sistema clásico de protección laboral argentino.
Es decir, la discusión de fondo nunca fue tecnológica. La Argentina ya atravesó distintos procesos de modernización económica sin necesidad de destruir derechos sociales conquistados durante décadas.
La verdadera pregunta es otra: si el Estado municipal reconoce que existe precarización, ¿por qué decide convivir con ella en lugar de enfrentarla?
Contenedores vacíos y trabajadores sin descanso
Diz también cuestionó la efectividad concreta de la llamada “estación de descanso” instalada por el municipio.
“A la vuelta pasé por el lugar donde se encuentran los dos contenedores que ofician como sala de descanso para los deliverys de aplicación. Uno de los contenedores directamente está cerrado con candado, el otro está vacío”, sostuvo.
Y remató con una frase que sintetiza otro de los núcleos del problema: “O los trabajadores no descansan nunca o el lugar es poco operativo”.
La imagen terminó funcionando como metáfora perfecta del modelo laboral que Milei impulsa a nivel nacional y que sectores del progresismo local parecen administrar sin demasiadas objeciones de fondo: trabajadores obligados a pedalear cada vez más rápido para sobrevivir mientras el Estado ofrece contenedores vacíos como respuesta institucional.
Quinto Poder 
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