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Miradas. Brasil. Bolsonaro, la minería ilegal y el genocidio yanomami

Por: Martintxo Mantxo

El intento de golpe de Estado a cargo de los bolsonaristas no ha sido la única crisis a la que se enfrentará Lula da Silva desde que retomó el cargo de presidente de Brasil.

Lula juró su cargo el 1 de enero de 2023, tras ganar las elecciones de octubre de 2022. En diciembre bolsonaristas intentaron tomar Brasilia siguiendo los pasos que dieron los seguidores de Trump en 2021 tomando el Capitolio. Como a ellos, no les salió muy bien.

Tras resolver esa crisis y lo que suponía por participación de militares y funcionarios, la siguiente crisis que enfrentó Lula no fue otra que la de uno de los pueblos relegados y despreciados por su antecesor, uno de los muchos pueblos indígenas de ese inmenso país: el yanomami. El 21 de enero Lula viajó al más septentrional estado de Brasil, Roraima, a Boa Vista, para presenciar de primera mano el drama que sufre este pueblo, con la muerte reciente de 570 niños y niñas. El Gobierno ha declarado «emergencia sanitaria» de «importancia nacional» en la tierra indígena Yanomami y Ye’kuuna1, que es la más grande de Brasil, con cerca de 10 millones de hectáreas, ante la «desasistencia» de los últimos años, según alegó.

Lula se refirió a la situación como “genocidio”. Después de su visita Lula publicó el siguiente twit: “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”. Obviamente, con su gobierno recién estrenado, se estaba refiriendo al gobierno de su predecesor, Jair Bolsonaro. Le acompañó en el viaje también el ministro de Justicia, Flávio Dino, quien anunció que Bolsonaro “será investigado por la Policía Federal» por lo que él también consideró» indicios de un delito de genocidio.

La razón de este genocidio es la invasión del territorio por la minería ilegal, que destruye y contamina. La contaminación minera acaba con las posibilidades nutritivas de los yanomamis y otros pueblos, pero también les contamina a ellas y ellos produciéndoles la muerte. Lula fue contundente: “no habrá minería ilegal en tierras indígenas”, y se ha comprometido en traer “equipos médicos permanentes” a las comunidades.

Para el periodista de Brasil do Fato, Milton Alves, se trata de un «genocidio planificado» pues «el capitalismo depredador, codicia la vasta región (…) ricas en minerales y con zonas codiciadas por ganaderos y madereros».

La actitud de Lula choca de frente con la de Bolsonaro. Una de las decisiones del nuevo gobierno ha sido la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. En el mismo twit Lula expresaba “He oído que en Brasil hay demasiada tierra para tan pocos indígenas, y que los indígenas están ocupando territorio brasileño. Pero esta gente olvida que en 1 500 los pueblos originarios poseían todo Brasil. Somos nosotros quienes ocupamos lo que pertenece a los primeros habitantes del país.”

Mientras que el gobernador de Roraima, el bolsonarista, el del PP, Antonio Denarium, también es negacionista en este sentido: desmiente que la desnutrición exista solo en el estado, que los mineros sean responsables de la crisis yanomami y que este pueblo «debe aculturarse, no pueden quedarse en medio de la selva, con aspecto de animales». También él se refiere a este trozo de tierra como el más rico del mundo, ya que contiene «todo la tabla periódica».

La política anti-indígena de Bolsonaro

Es sabido desde que tomó el poder, que Bolsonaro intentó desmantelar las políticas indigenistas y ambientalistas por considerarlas un obstáculo al avance extractivista. Y obviamente, por no tener ningún respeto por esos pueblos. Así intentó desmantelar la FUNAI (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas), que definía como “nido de ratas”. FUNAI fue fundada en 1967, en plena dictadura militar como Fundación Nacional del Indio. Incapaz de eliminarlo completamente, Bolsonaro transformó el cuerpo en una máquina de destrucción de los pueblos a los que debía defender. Un informe de 200 páginas así lo atestigua.

Estos días se ha sabido también que incluso la Base de Protección Etnoambiental (BAPE) de FUNAI de Serra da Estrutura en territorio yanomami fue usada por los mineros ilegales (armados) que utilizaban su pista para operar helicópteros. Aunque el hecho fue transmitido, el gobierno no actuó.

Se obvió el diálogo con los líderes de los pueblos nativos y los coordinadores fueron reemplazados por militares: Sólo dos de las 39 Coordinaciones Regionales de la FUNAI estuvieron dirigidas por funcionarios, siendo 22 coordinadas por miembros del ejército y dos por policías federales. Uno de esos policías fue el mismo director de la FUNAI, Marcelo Xavier da Silva, a propuesta de los ruralistas, los latifundistas. Su nombramiento también ilustra que la preferencia de este organismo y del gobierno no es proteger los intereses indígenas sino los del latifundio y su expansión. Pero además Bolsonaro eliminó su financión y personal. Actualmente la FUNAI adolece un déficit de mil 500 empleados.

El cambio de concepción se percibe en el nuevo gobierno que ha destituido a 43 responsables regionales y nacionales y nombrado a Joênia Wapichana como presidenta de este organismo. Wapichana pertenece al pueblo Wapixana, también original de la Amazonía, del estado de Roraima, como el Yanomami. Ella también se personó en el escenario de la tragedia, presenciando “un cuadro grave de la situación sanitaria; un alto nivel de desnutrición entre los niños, especialmente entre cero y siete años, y también de adultos y ancianos. Personas que mueren de hambre y que deberían recibir asistencia del Estado brasileño”, expresó.

Uno de los casos emblemáticos de la política de Bolsonaro para con los pueblos indígenas y la FUNAI es el de Bruno Pereira y Dom Phillips. El primero era un indigenista que trabajó para la FUNAI pero fue despedido en 2019 en concreto por su trabajo con el pueblo yanomami y contra la minería ilegal, y el segundo un periodista británico. Ambos fueron asesinados en junio de 2022. Este 23 de enero se supo que las personas detrás del crimen eran un empresario de pesca ilegal, como autor intelectual.

Además de debilitar las funciones dela FUNAI, Bolsonaro intentó eliminar las capacidades de protección que brindaba los Resguardos Indígenas a estos pueblos. En el caso que nos ocupa,  Bolsonaro ya propuso el fin de la Tierra Indígena Yanomami cuando era diputado en 1993, tan solo un año después de su creación.

Survival fue una de las impulsoras de la creación de un resguardo para el pueblo yanomami, el Parque Yanomami, a principio de la década de 1990. Ya entonces la amenaza principal era la minería y la introducción de violencia y enfermedades, que provocaron una reducción de su población del 20 por ciento. En 1991 la tierra indígena Yanomami fue oficialmente demarcada en Brasil con casi 96 mil 650 kilómetros cuadrados, siendo registrada en 1992.

En ese territorio todavía existen yanomamis aislados que permanecen sin contacto con la sociedad capitalista. Estos están especialmente amenazados por la minería ilegal, porque no tiene ni defensas físicas ni medios prácticos para impedir el contagio de enfermedades que ahora son introducidas. Se estima que existen 115 pueblos no contactados en Brasil.

En 2016 Survival alertó de un grupo de unas 100 yanomamis no contactados avistados desde avionetas cerca de la frontera Venezuela y que estarían en grave riesgo por la proximidad de actividades mineras. El grupo Moxihatatea se mantiene huyendo, evitando el contacto – porque su falta de contacto es su elección y debe ser respetada. En 2020 se encontraban rodeados de mineros violentos con deseos de venganza. Se han encontrado pistas de aterrizaje mineras a pocos kilómetros de zonas presuntamente habitadas por no contactados. La FUNAI cerró en 2017 cinco de sus 17 puestos de protección para tribus no contactadas, incluida la base cercana al pueblo moxihatatea.

Por otro lado, en Venezuela se constituyó en 1993 la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, que incluye los parques nacionales Duida-Marahuaca, Serranía de la Neblina y Parima Tapirapecó.

La misma política indígena de Bolsonaro ha tenido un efecto dramático en otros pueblos como el guaraní del Mato Groso. El pueblo Munduruku de Pará también sufre el acoso de las mineras. El Proyecto Gran Carajás (PGC) es un proyecto de extracción y procesamiento de minerales, y producción de energía, que incluye también infraestructuras logísticas y de comunicación en una enorme región del centro-norte brasileño de 900 mil km², principalmente concesionada a Vale[4]. PGC ha afectado sobre todo al pueblo Awá, muchos de los cuales todavía permanecen sin contacto.

El genocidio yanomami

El pueblo yanomami ha sido exterminado sobre todo por la existencia de recursos mineros en su territorio que provocó la atracción de miles de personas. Para estas personas la existencia del pueblo yanomami era un obstáculo para sus objetivos, lo que unido a la falta de presencia estatal en la zona resultara en violencia contra este pueblo indígena y en muchas ocasiones la muerte.

Así en 1993 mineros perpetraron lo que se conoce como masacre de Haximú, en la que asesinó en esta aldea a 16 yanomami, incluido un bebé. Los asesinatos a manos de mineros ilegales no han cesado, y así , de los últimos que se tiene cuenta, dos en junio de 2020, tres no contactados en noviembre 2021 denunciados por la Asociación Hutukara o este 11 de noviembre en el que dos motoristas asesinaron a tiros a una mujer yanomami que caminaba con su niño en brazos en Boa Vista. Es la crónica dramática de un exterminio de claros tintes racistas, en los que como siempre, a la condición de indígena se añade la misógena, y que se vieron amparadas y legitimadas por los discursos y posturas del anterior gobierno de Bolsonaro.

Desde la elección de Bolsonaro como presidente la actividad minera criminal creció exponencialmente, más de un 250 por ciento en los últimos tres años, según cifras de la Asociación Hutukara Yanomami, en su informe «Yanomami bajo ataque: minería ilegal en el territorio indígena yanomami y propuestas para combatirla»

En el mismo sentido se ha posicionado el Movimiento de Afectados por Represas (MAB). El MAB también está muy activo contra los impactos de la gran minería, muy unida al desarrollo de embalses y otras infraestructuras altamente destructivas. De hecho ahora están sumergidos en las celebraciones del cuatro aniversario del mayor desastre minero de Brasil, Brumadinho (2019). El MAB ha exigido “al Gobierno Federal cumpla rápidamente su promesa de poner fin al proceso de despojo, conflicto y muerte que marcó la administración anterior” para “garantizar la vida de los pueblos indígenas y la protección de la selva, interrumpiendo este ciclo de destrucción”.

Un genocidio sanitario

Sabido es que los pueblos indígenas son vulnerables a enfermedades al no haber tenido contacto con las sociedades europeas y con las enfermedades que portan y para las que no han desarrollado defensas. Así, a inicios de la colonización Europea de Abya Yala, enfermedades como la viruela o el tifus fueron determinantes en la muerte de millones de personas. El geógrafo Jared Diamond estima que un 95 por ciento de los habitantes originarias murieron tras la llegada de Colón por las enfermedades que introdujeron. Una simple gripe puede ser letal.

El pueblo yanomami entró en contacto con europeos en la década de 1940, cuando el gobierno brasileño envió equipos para delimitar la frontera con Venezuela. Sin embargo, todavía existen comunidades sin contacto, en parte por deseo propio. Ya entonces aquel contacto provocó las primeras mortandades entre el pueblo yanomami por el contagio de sarampión y gripe. También diezmaron a este pueblo la malaria y la neumonía.

En 1973, dos aldeas, una quinta parte del subgrupo Ỹaroamë, fueron exterminadas al establecer contacto con foráneos en la construcción de la autopista Perimetral Norte tres. Se contagiaron con enfermedades para las que no tenían inmunidad como sarampión, gripe, malaria y otras . La construcción de esta carretera fue una decisión del gobierno militar (1964-1985) para atravesar la Amazonía. Hoy en día esa carretera sigue siendo la vía de introducción de colonos y mineros y con ellos de enfermedades y conflicto. En la década de 1980, 40 mil mineros arribaron a territorio yanomami provocando la muerte del 20 por ciento del pueblo yanomami en siete años.

Así que si a eso le añadimos enfermedades nuevas o pandemias como la ocurrida recientemente del covid 19, tenemos que el riesgo se eleva considerablemente. O incluso más si tenemos en cuenta la negligencia de Bolsonaro y su gobierno en la materia, pues en su gestión se suma por un lado su negación ante la pandemia, y por otro, como ya hemos explicado, su menosprecio por los pueblos indígenas y su resistencia a invertir o contribuir en su bienestar. Bolsonaro negó asistencia a los pueblos indígenas durante la pandemia, excluyéndolos de acceso al agua potable, camas y no implementando medidas como el aislamiento.

Pero esto sólo se suma a una gestión de la pandemia más que insuficiente. Porque otro de las cosas que se denuncian contra Bolsonaro y por las que también podría ser procesado él y otras 80 personas, es la gestión de la pandemia: en Brasil la tasa de mortandad fue de 696 mil 603, con una persona fallecida de cada 3034. Así lo concluyó la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Covid en su informe final5 responsabilizándole por diez delitos calificados de crímenes de lesa humanidad y crímenes de responsabilidad.

Ahora, también el Tribunal Supremo Federal (STF) ha iniciado un proceso contra Bolsonaro por incumplimiento de decisiones judiciales y posible suministro de información falsa a la Justicia en su gestión de la salud y la protección de los yanomami. En los 10 meses iniciales de pandemia no existía un plan de prevención. El Gobierno de Lula ha despedido a 11 coordinadores de salud indígena del Ministerio de Salud, entre los que se encuentra el del estado de Roraima.

Pero sin duda uno de los impactos más severos en la salud del pueblo yanomami está asociada a la contaminación de los ríos y la selva con mercurio, ya que consumen el agua directamente, así como en los peces en los que basan su dieta que también están contaminados. El mercurio es utilizado en la minería aurífera para separar el oro de la roca. Dos estudios científicos recientes demostraron que en algunas comunidades situadas cerca de los campamentos mineros hasta el 90 por ciento de la población sufre niveles peligrosamente altos de mercurio en su organismo. Fiocruz realizó un estudio en la población indígena Yanomami en 2019 en la región de Maturacá, en Amazonas, y encontró la presencia de mercurio en el 56 por ciento de las mujeres y los niños.

Los efectos del envenenamiento por mercurio tienen consecuencias devastadoras para su supervivencia y su calidad de vida. El mercurio es un metal pesado que al ser líquido es más fácil de fragmentar y por tanto contaminar. Es acumulativo en el organismo y afecta al tejido nervioso y renal, y también puede producir otras enfermedades como la acrodinia o la enfermedad de Minamata.

Por si fuera poco, la salud del pueblo yanomami se ve afectada también por los impactos de la minería en el medio ambiente, y consecuentemente en la cadena trófica en la que participan pues afecta sus recursos alimentarios. Sin ser el principal impacto ambiental, pero la minería también incluye incendios de masa forestal para facilitar el acceso al subsuelo, muchas veces difíciles de contener. Además del impacto del mercurio en la pesca,  el ruido afecta directamente a la caza pues provoca la huida de los animales. Estos impactos afectan totalmente el suministro de proteínas de estas personas. La actividad extractivista en su territorio ha añadido a la crisis sanitaria de un pueblo que satisfacía sus necesidades viviendo como la mayoría de pueblos indígenas, en total sostenibilidad y harmonía con la Naturaleza.

El pueblo yanomami como muchos otros pueblos indígenas de la Amazonía, es recolector. Pero también conocen la agricultura Los huertos son responsabilidad de las mujeres, que cultivan cerca de 60 tipos de vegetales de los que obtienen casi el 80 por ciento de su comida. Sólo el 10 por ciento de su alimentación proviene de la caza. Pero su conocimiento botánico se extiende a cerca de 500 plantas que utilizan para infinidad de usos. Verdadero sabiduría que proporciona sostenibilidad plena.

El actual Ministerio de Salud brasileño declaró el estado de emergencia de salud pública en la Tierra Indígena Yanomami y procedió al despliegue una operación junto al ejército, que incluye un campamento provisional para la hospitalización de más de 700 indígenas. Además, este ministerio ha retomado la construcción del sistema de emergencias (SUS o Sistema Único de Salud) para el pueblo yanomami, que se remonta a 2011, en la Casa de Salud Indígena Yanomami (Casai) de Boa Vista.

El actual secretario de Salud Indígena, Weibe Tapeba, definió el lugar como “un campo de concentración».

NOTAS

1- Pese a inferior en número, ese territorio es compartido por el pueblo yanomami con el ye’kuuna, que si son más en la parte venezolana (cuatro mil 800)

2- Los autores del crimen fueron Amarildo Oliveira (Pelado), su hermano, Oseney de Oliveira (Dos Santos) y Jefferson da Silva Lima (Pelado da Dinha).

3- Para añadir más tragedia a este hecho, la construcción de la Perimetral Norte se paralizó en 1976 por falta de financiación. Pero el proyecto afectó severamente el futuro del pueblo Yanomami Ỹaroamë que han sido asimilados y muchos viven urbanamente, de forma mísera. Muchos han adoptado un estilo nómada se cree resultado del trauma que les ocasionó la imposición del proyecto

4- Tercer país en cuanto a número de muertos, 21 en proporción de muertes por millones de habitantes.

5- El informe redactado por Renan Calheiros se refiere a Bolsonaro como «asesino en serie».

Los delitos identificados son:

.- Epidemia con resultado de muerte

.- Infracción de medida sanitaria preventiva

.- Charlatanería

.- Incitación al delito

.- Falsificación de documento privado

.- Uso irregular de fondos públicos

.- Prevaricación

.- Crímenes contra la humanidad, en forma de exterminio, persecución y otros actos inhumanos

.- Delito de responsabilidad por «violación de un derecho social”

.- Delito de responsabilidad por «incompatibilidad con la dignidad, el honor y el decoro del cargo»

6- Denarium es un seudónimo – por lo tanto, lo que en latín significa «moneda» y de ahí la palabra «dinero».

FUENTE: Al Mayadeen y Resumenlatinoamericano.org

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