Análisis Internacionales Latinoamérica

Miradas: Lawfare regional, dónde y cómo se desplegó la persecución judicial a líderes populares

Líderes y dirigentes populares de Argentina, Ecuador y Brasil, entre otros, fueron acosados por magistrados que manipulan las leyes con fines de persecución política. Casos y causas.

Domingo, 28 de Agosto de 2022 

Por: SOFÍA SOLARI ARENA

El pedido de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos que hizo el fiscal general Diego Luciani contra Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad es un caso más de la estrategia de lawfare que desde hace varios años se despliega en la región. Si en sus inicios empezó a usarse este concepto para dar cuenta de la persecución judicial a dirigentes políticos pero con las dudas propias de estar ante un fenómeno nuevo, hoy no hay lugar para imprecisiones. El lawfare al que fueron expuestos líderes como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o la propia Vicepresidenta no es otra cosa que la articulación entre el poder judicial, mediático y político con intenciones de socavar, en estos casos, la legitimidad de gobiernos populares.  

El lawfare supone, entonces, la convergencia entre medios de comunicación y funcionarios judiciales. En diálogo con el sociólogo ecuatoriano, David Chávez, señaló cómo fue esa articulación al servicio de deslegitimar al correísmo. En principio -contó- hubo dos instituciones que resultaron claves durante la gestión de Lenín Moreno. Por un lado, la Controlaría General del Estado, entidad que se encarga de auditar los fondos públicos, y, por otro, la Fiscalía General. Desde la Controlaría -explicó el profesor de la Universidad Central del Ecuador- nacían informes «manipulados» contra toda la dirigencia correísta que luego caían en manos de la Fiscalía que les daba el carácter penal a la causa. «El modus operandi era encontrar alguna irregularidad administrativa en lo que había sido la gestión de Correa y pasarla a la Fiscalía, donde tomaba el carácter de delito penal». 

La otra fuente de causas eran los medios de comunicación. «El ejemplo más notorio fue el caso sobornos de Correa, que empezó con una nota de prensa, una supuesta ‘investigación’, y hoy se sabe con certeza que esos informes eran elaborados por servicios de inteligencia que después se los pasaban a periodistas y que luego terminaban en la Fiscalía», explicó el sociólogo. El expresidente de Ecuador tiene 40 causas, todas con responsabilidad penal, pero la que sirvió para inhabilitarlo fue el «Caso Sobornos 2012-2016«.

Ese caso fue abierto en abril del 2019 a partir de una denuncia periodística que desnudaba un esquema de sobornos a empresas a cambio de contratos, en las que en su momento fue mencionada Odebrecht. Menos de una semana después de presentada la denuncia, la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial. En ella presentaron acusaciones contra 11 ex funcionarios y diez empresarios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos. Según la Fiscalía, entre 2012 y 2016 un grupo de funcionarios de la Presidencia, por entonces dirigida por Correa, tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios. Estas firmas tenían contratos con el Estado y parte de los sobornos que entregaron, según la justicia, terminaban en las arcas del partido oficialista, Alianza País. El dinero se habría utilizado en la campaña para la reelección del mandatario en 2013.

Al tiempo de que abrieran la causa, Correa anunció su candidatura como vicepresidente y el caso «sobornos» tomó una llamativa rapidez. «Nunca se vio que en tres semanas haya una condena en tercera instancia. Cuando se apresuran los procesos como mucho demoran entre seis meses y un año, pero en el caso contra Correa lograron condenas en 17 días. Apresuraron todo para sacara la sentencia antes de que se cerrara la etapa de inscripción de candidatos», repuso el sociólogo. Por ese caso, Correa fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitado a participar en política por 25 años. No pudo participar de la candidatura y la fórmula de Andrés Arauz y Carlos Rabascall perdió ante el banquero Guillermo Lasso en las elecciones del año pasado. 

«Después de lograr que Correa no se presente a elecciones, bajaron la intensidad de la persecución pero no es que dejaron de aparecer causas. Intentaron algunos algunos escándalos que no prosperaron como causas por ejemplo en el último tiempo trataron de involucrar a Correa con el narcotráfico», agregó Chávez. Desde que se inició la persecución contra el exmandatario, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rechazó tres pedidos de captura hechos por el gobierno de Ecuador y argumentó que su rechazo respondía a que había motivaciones políticas en el pedido de arresto; en mayo de este año Bélgica, país donde reside el expresidente, denegó el pedido de extradición que solicitó Quito. 

La vuelta de Lula

En el caso de Lula, dos veces presidente de Brasil y candidato mejor posicionado para volver al palacio del Planalto, la deslegitimación de su figura por parte de los medios de comunicación se remonta a sus primeros inicios como militante metalúrgico. Se recrudeció cuando perdió en el enfrentamiento por la presidencia en 1989 contra Fernando Collor de Mello y a partir de ahí se fue construyendo una imagen de Lula que fue exponencialmente explotada durante la toda la década del ’90. «El poder mediático, en aquel momento monopolizado por O’Goblo, caracterizaba a Lula como el ‘sapo barbudo’, como un analfabeto y usaba toda una serie de adjetivos para despreciarlo a él y dejarlo fuera de la política», analizó en conversación Amílcar Salas Oroño, Doctor en Ciencias Sociales e investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

Lula llegó a la presidencia en 2002 y los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) siguieron con cuatro mandatos más hasta el impeachment contra Dilma Rousseff. Durante el primr gobierno de Lula apareció un episodio conocido como «mensalao»  (traducido al español como gran mesada) que apuntaba a diputados y políticos de la propia coalición de Lula por recibir sobresueldos para votar a favor de los proyectos del Gobierno. «Ese escándalo fue la primera aproximación mediática fuerte que vinculó a Lula con la corrupción. Se convirtió en una denuncia penal que duró cerca de diez años porque muchos de los involucrados tenían fueros. Afectó a figuras muy importantes del entorno de Lula, como a su ex jefe político Jose Dirceu, pero no lo afectó tanto a él; no lograron conectar a Lula con ese esquema de sustentabilidad política», explicó el investigador de Celag.

Pasado el pico mediático del caso «mensalao» Lula volvió a presentarse a elecciones por segunda vez y terminó su mandato con una alta popularidad. Le siguió Dilma y cuando le tocó postularse para la reelección apareció el caso «Lava Jato» conocido también como la causa Odebretch. Esa causa empezó con alguien que hizo uso de la figura del «arrepentido» y denunció que directivos de Petrobras (principal empresa en América Latina y con una participación del 3% del PBI en la economía brasileña) recibían coimas de empresas de construcción, principalmente Odebretch. 

«Hay una primera etapa de la operación Lava Jato que generó mucho entusiasmo social porque se vio cómo empresarios, sobre todo Marcelo Odebretch, iban presos. En el marco de esa investigación es que empezó una deriva que terminó con una denuncia que luego fue causa judicial, radicada en el juzgado de Sergio Moro. Esa denuncia señaló a Lula como beneficiario de un triplex por parte de las constructoras en un balneario de San Pablo», explicó en doctor en Ciencias Sociales. 

El caso del triplex fue una de las primeras de las 25 causas judiciales que fueron abiertas contra Lula. A partir de 2016, una vez resuelto el impeachment contra Dilma, el juez Moro empezó a hacer los primeros pedidos de indagatoria contra el exmandatario. Ya ahí -opinó Oroño- se vio una «definida malicia» en el proceso porque exigían de forma violenta que Lula fuera a Curitiba a declarar cuando él desde el comienzo se había puesto a disposición de todas las causas. «En 2017 Lula fue condenado en primera instancia en un proceso que se dio todo muy rápido. Pasó muy poco tiempo entre la construcción de la causa, las primeras indagatorias y la condena», agregó el Doctor en Ciencias Sociales. 

Al mismo tiempo fueron prosperando otras causas contra el dirigente petista colaterales, cada vez más lejos de la megacausa de Lava Jato. A fines del 2017 en la causa por el triplex Lula fue condenado a nueve años de prisión. En el verano de 2018 el tribunal en segunda intancia confirmó y amplió la condena y unos meses después la Corte Suprema le negó a Lula un habeas corpus para que pudiera estar en libertad hasta tanto no hubiese condena firme. «Las constructoras se convirtieron en jugadores muy fuertes de Brasil mientras Lula era presidente. Tenían relaciones, no se puede decir que Lula no los conocía, pero no hubo ni una prueba en la causa Triplex ni en las otras que probara nada», explicó Oroño. 

Lo que sigue es historia conocida. Jair Bolsonaro ganó las elecciones y Lula, que era el candidato con mayor intención de voto, pasó toda la campaña y los primeros meses de gobierno del ultraderechista preso. El fiscal Moro fue designado como Ministro de Justicia. En 2019 el portal The Intercept filtró mensajes de Telegram entre el exjuez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol que dejó expuesta la complicidad política entre ambos juristas. A partir de entonces la Corte empezó a mirar las causas con desconfianza y a la par la defensa de Lula insistió con denunciar que el juzgado del exjuez Moro no era el lugar natural de mucha de las denuncias, sino que habían caído ahí por una maniobra política de Moro. La Corte finalmente dio el visto bueno a ese señalamiento de la defensa y anuló la causa. 

Fuente: eldestapeweb.com

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