En una nueva movilización multitudinaria, el colectivo feminista leyó en el cierre del acto en Congreso un texto con reclamos por los femicidios recientes. Fuertes críticas al Gobierno y denuncias por el desmantelamiento de las políticas de género.

Cobertura fotográfica Resumen Latinoamericano

NI UNA MENOS – A 11 años del primer 3J

Miles de personas se movilizaron este miércoles en distintas ciudades del país al cumplirse once años de la primera marcha de Ni Una Menos. Durante la jornada, las organizaciones feministas difundieron un documento en el que reclamaron justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Romero, cuestionaron las políticas del gobierno de Javier Milei y denunciaron el retroceso de las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género.

Bajo la consigna “Justicia por Agostina, Dulce, Noelia y por todas”, el texto sostuvo que las vidas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y personas no binarias “no son desechables” y llamó a “unir las luchas” frente a lo que definieron como un contexto de ajuste, precarización y violencia.

El reclamo por Agostina Vega y otras víctimas

Uno de los puntos centrales del documento fue el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Las organizaciones responsabilizaron al Estado por no haber garantizado su protección y exigieron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, además de sanciones para los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso.

El texto también reclamó justicia por Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y por Noelia Romero, de Temperley. A su vez, exigió avances en las investigaciones de mujeres desaparecidas y condenas efectivas en distintos casos de violencia de género y crímenes de odio.

Entre otros reclamos, las organizaciones volvieron a exigir justicia por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y pidieron que el hecho sea reconocido judicialmente como un crimen de odio.Ç

“Antifeminismo de Estado”

Las críticas al gobierno de Javier Milei ocuparon un lugar destacado en el documento. Las organizaciones denunciaron que la gestión nacional eliminó o vació programas vinculados a la prevención y asistencia de las violencias por motivos de género y acusaron al Ejecutivo de sostener una postura negacionista frente a la violencia patriarcal.

Además, repudiaron declaraciones de funcionarios que evitaron referirse al asesinato de Agostina como un femicidio y advirtieron que negar esa figura implica desconocer una desigualdad estructural que sigue provocando muertes.

Según datos citados en el documento, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina.

ESI, aborto legal y situación económica

El texto también incluyó reclamos por la implementación de la Educación Sexual Integral, la aplicación plena de la ley de aborto legal y el fortalecimiento de las políticas de salud sexual y reproductiva.

A la vez, vinculó la violencia de género con la situación económica. Las organizaciones denunciaron el impacto del ajuste sobre mujeres y diversidades, cuestionaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y señalaron que el endeudamiento, la precarización laboral y la pobreza afectan especialmente a quienes sostienen tareas de cuidado y trabajo comunitario.

También hubo reclamos vinculados con la deuda alimentaria, las jubilaciones, la universidad pública, la salud mental y las políticas para personas con discapacidad.

Once años después

A once años de aquella movilización que marcó un punto de inflexión en la agenda pública argentina, Ni Una Menos volvió a reunir a miles de personas en las calles con una consigna que combinó memoria, denuncia y demandas políticas.

El documento cerró con una convocatoria a fortalecer la organización colectiva frente al contexto actual y con una consigna que atravesó toda la jornada: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

El reclamo por Agostina Vega y otras víctimas

Uno de los puntos centrales del documento fue el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Las organizaciones responsabilizaron al Estado por no haber garantizado su protección y exigieron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, además de sanciones para los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso.

El texto también reclamó justicia por Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y por Noelia Romero, de Temperley. A su vez, exigió avances en las investigaciones de mujeres desaparecidas y condenas efectivas en distintos casos de violencia de género y crímenes de odio.

Entre otros reclamos, las organizaciones volvieron a exigir justicia por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y pidieron que el hecho sea reconocido judicialmente como un crimen de odio.

“Antifeminismo de Estado”

Las críticas al gobierno de Javier Milei ocuparon un lugar destacado en el documento. Las organizaciones denunciaron que la gestión nacional eliminó o vació programas vinculados a la prevención y asistencia de las violencias por motivos de género y acusaron al Ejecutivo de sostener una postura negacionista frente a la violencia patriarcal.

Además, repudiaron declaraciones de funcionarios que evitaron referirse al asesinato de Agostina como un femicidio y advirtieron que negar esa figura implica desconocer una desigualdad estructural que sigue provocando muertes.

Según datos citados en el documento, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina.

ESI, aborto legal y situación económica

El texto también incluyó reclamos por la implementación de la Educación Sexual Integral, la aplicación plena de la ley de aborto legal y el fortalecimiento de las políticas de salud sexual y reproductiva.

A la vez, vinculó la violencia de género con la situación económica. Las organizaciones denunciaron el impacto del ajuste sobre mujeres y diversidades, cuestionaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y señalaron que el endeudamiento, la precarización laboral y la pobreza afectan especialmente a quienes sostienen tareas de cuidado y trabajo comunitario.

También hubo reclamos vinculados con la deuda alimentaria, las jubilaciones, la universidad pública, la salud mental y las políticas para personas con discapacidad.

Once años después

A once años de aquella movilización que marcó un punto de inflexión en la agenda pública argentina, Ni Una Menos volvió a reunir a miles de personas en las calles con una consigna que combinó memoria, denuncia y demandas políticas.

El documento cerró con una convocatoria a fortalecer la organización colectiva frente al contexto actual y con una consigna que atravesó toda la jornada: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

Fuente. Resumen Latinoamricano y agencias