Martes, 26 abril, 2022
Por Javier Urbina
La Ley Penitenciaria establece que las personas que cumplen detención provisional deben estar separadas de las ya condenadas. Expertos creen que no se ha cumplido y hablan de diversos riesgos.
Hacinamiento, afectación a derechos como la vida, la integridad física , jurídica, la salud y discriminación. Estos son los riesgos que pueden correr aquellas personas civiles que han sido capturadas durante el régimen de excepción y que deberán enfrentar su proceso judicial junto a personas que ya fueron condenadas.
Así lo advierten diferentes expertos en el área, quienes han señalado que mezclar a imputados en detención provisional con aquellos que ya fueron condenados implicaría que los derechos a la vida, a la integridad física, moral y personal les sean afectados.
El artículo 72 de la Ley Penitenciaria establece que existen «centros preventivos destinados exclusivamente a la retención y custodia de los detenidos provisionalmente por orden judicial».
Además, ese mismo artículo menciona que la Dirección General de Centros Penales establecerá, por lo menos, un establecimiento de este tipo por región, tanto para mujeres como para hombres, siempre separados de los condenados.
Pero los expertos consideran que ese artículo nunca se ha cumplido desde que entró en vigencia esa ley. «Aunque la Ley Penitenciaria dice que la gente que esté en detención provisional debe estar en un centro preventivo de prisión, esto generalmente nunca se ha cumplido desde que se creó. Eso nunca se cumplió sino que se utilizaban siempre las famosas bartolinas para albergar a la gente que estaba en un proceso de detención preventiva o administrativa», dijo el abogado Otto Flores de la organización Los Siempre Sospechosos.
Aseguró que lo que se busca con la separación de estos internos es evitar nexos de los civiles con personas de mayor peligrosidad.
El director Ejecutivo de FESPAD, Henri Fino, consideró que siempre ha existido una dificultad para cumplir esa disposición y es «debido a lo sobrepoblado que tiene el sistema. En estos momentos, donde se ha privado de libertad a cuanta persona los policías y soldados quieren, es mucho más difícil hacer esta separación. Entonces, si ya con lo sobrepoblado que está el sistema había un problema, con el régimen de excepción se agravó».
Samuel Salaverría, abogado del área Jurídica de la organización Azul Originario, coincidió con esa opinión y señaló que las personas que guardan prisión preventiva y que están en fase de investigación deben estar en centros separados de los reos comunes .
«Estando en el régimen de excepción esta regla no se cumple por el alto hacinamiento carcelario que hay, tanto en bartolinas como en los centros Preventivos penitenciarios», indicó.

Estructuras de pandillas
Los especialistas también dicen que existen riesgos que personas civiles estén junto a miembros de estructuras delincuenciales (pandillas), como lo ocurrido recientemente en el Centro Penal de Izalco. En este lugar, durante el último mes, supuestos miembros de maras han asesinado a privados de libertad capturados durante el régimen.
«Se debe tener mucho cuidado con respecto a los riesgos, porque se tiene que personas que no pertenecen a una estructura son internadas en un centro penitenciario donde hay gente de estructuras, ya declaradas como tal», advirtió Flores.
Un exempleado de Centros Penales que pidió anonimato por temor a represalias mencionó que al momento de llegar a un centro penitenciario a la persona se le pregunta si es pandillero o no para determinar el lugar en el que guardará prisión.
La fuente señaló que al interior de las cárceles los pandilleros siempre tienen sus reglas y eso pudo haber pasado con respecto a los últimos asesinatos en el Centro Penal de Izalco. «Por más que la administración diga que ellos tienen el control dentro de las celdas los presos tienen sus reglas y si llega gente nueva que posiblemente son inocentes, hay una posibilidad que no las hayan querido cumplir», dijo el exfuncionario público.
Fuente: Prensa gráfica – resumenlatinoamericano.org
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