Economía Nacionales

Proyecto de ley de hidrocarburos ¿Hacia dónde va la norma?

Los sectores sociales afectados directamente no son convocados ni escuchados mientras las grandes empresas del rubro traccionan para maximizar sus beneficios.

La falta de publicidad y debate social del proyecto en un área tan estratégica, configura ya su carácter antipopular. Los sectores sociales afectados directamente no son convocados ni escuchados mientras las grandes empresas del rubro traccionan para maximizar sus beneficios.

Por Liliana Costante*

Lo trascendido por medios periodísticos y redes sociales da cuenta de tópicos “ya listos” y de otros dejados a su resolución por el “debate parlamentario”. Nada de esto aparece en la exposición de programas y discursos de la campaña electoral. Una vez más, la manera en que se va delineando un proyecto de ley en una materia de tal envergadura, exhibe claramente la decisión institucional de evadir la convocatoria a la participación de sectores sociales. Aquellos a los que la norma a sancionar habrá de impactar directamente: en la canasta familiar y en la vida cotidiana de sus integrantes -particularmente el gas natural- así como en la proyección social de usuarios y consumidores en general, PYMES, producción industrial y de la petroquímica, y demás organizaciones de la sociedad.

El sostenido ocultamiento a la población de proyectos como este profundiza el aislamiento de sectores sociales directamente afectados por decisiones políticas en materias estratégicas como la aquí planteada. Desvinculados -por desconocimiento, por complacencia o por hartazgo- de la actuación de sus “representantes”, quedan ajenos a lo que realmente se negocia a sus espaldas, lo que optimiza las condiciones para el desánimo y apatía política con la que llegan a emitir el voto.

“Lo cierto es que, en pandemia y en campaña electoral, el Congreso debatirá el proyecto de ley de hidrocarburos preparado por el Gobierno nacional y sobre el que las empresas ya tienen posición tomada”.

Hacia el interior del espectro político institucional, los gobernadores que integran la organización de provincias petroleras se quejan de no haber sido convocados para tratar el diseño de la norma, a contrario de 2014 respecto a la discusión previa a la sanción de la ley 27.007 que creó la figura de la concesión no convencional de hidrocarburos. A las grandes petroleras -como Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, del grupo Techint, Pluspetrol o Compañía General de Cumbustibles (CGC), de Corporación América-  sí les fueron presentados los ejes centrales y objetivos de la futura ley como herramienta para lograr un desarrollo integral de la industria hidrocarburífera, en yacimientos convencionales, proyectos de recuperación terciaria y campos maduros como los que pueblan Chubut y Santa Cruz -provincia en la que se quiere posicionar Pablo González como candidato a gobernador en 2023-.

Del articulado que se ha dejado conocer, nuestra crítica va en particular a los siguientes puntos: 1) establece un sistema de producción y comercialización de gas y petróleo por un período excesivo -de 20 años-; 2) prefigura la tendencia a la dolarización definitiva de la energía por ese período; 3)  no da precisión sobre si incluir un mecanismo de estabilización de precios del petróleo para el mercado interno a partir de retenciones móviles e impuestos a los combustibles, atento a que las empresas se resisten a aceptar esa solución; 4) propone -aunque no define la instrumentación del beneficio en términos cuantitativos- que las petroleras que inviertan y eleven los saldos exportables del país también puedan liquidar fuera de la Argentina un porcentaje de los dólares generados por las ventas al exterior, lo que les permite esquivar el cepo cambiario; 5) deja sin establecer el porcentaje autorizado para las exportaciones de petróleo, lo que implica modificar el artículo 6 de la Ley 17.319 que prioriza el abastecimiento del mercado interno. Eso,  mientras desde hace décadas, funciona un sistema de permisos que solicitan los productores a la Secretaría de Energía para concretar la venta al exterior, y los productores no integrados como Pluspetrol, TecpetrolVista y Chevron, insisten en la reforma de esa regulación.

El proyecto de ley contempla, en una de sus partes, la extracción, procesamiento, industrialización y exportación de gas natural mientras las privadas traccionan para lograr que el Estado: a) les garantice el acceso al mercado de cambios para pagar la deuda tomada en el exterior y contraída en dólares; b) consiga financiamiento y una asociación estratégica con China para concretar una planta de gas natural licuado (GNL) o proyectos petroquímicos; c) autorice la venta al exterior del fluido durante los 365 días del año -condición que esgrimen como ineludible para la concreción del punto anterior.

En cuanto a YPF, que plantea comenzar a desarrollar un mercado de exportación, insiste en la necesidad de incluir puntos compensadores y la elaboración del registro de petroleras con acceso al mercado de exportación.

Lo cierto es que, en pandemia y en campaña electoral, el Congreso debatirá el proyecto de ley de hidrocarburos preparado por el Gobierno nacional y sobre el que las empresas ya tienen posición tomada. Es indispensable la participación de todos los sectores a los que la aplicación de la norma afectará, a fin de traccionar la actuación parlamentaria frente a un proyecto de ley -otro más- negociado a espaldas del pueblo. No resulta desatinado imaginar que el producto legislativo final exhibirá el nivel de claudicación frente a la presión que vienen haciendo las empresas multinacionales del rubro para ser priorizadas en cuanto a sus intereses y necesidades. Esto así, no sólo respecto a los mayores beneficios que consigan en el proyecto sino al tiempo que demande su sanción, por la expectativa empresarial de que la ley salga antes de que cierren sus presupuestos de inversión para 2022.

Nada escapa al ojo y las garras del capital, que funciona a través del Estado capitalista como su brazo ejecutor. Funciona sin empatía ni solidaridad con y por lxs desigualadxs por el sistema, porque aquellas cualidades son contrapuestas al interés de su reproducción y permanente legitimación. La solidaridad y la empatía con lxs desapoderadxs no está en su ADN.

* La autora es jurista docente de la UBA, especialista en teoría política y derecho.

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