Por Geraldina Colotti
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de Italia del nuevo proyecto de ley sobre el antisemitismo marca un punto de inflexión inquietante en la arquitectura jurídica e ideológica del Estado. Presentada formalmente bajo el noble estandarte de la protección de las minorías y la memoria histórica, la norma esconde en su armazón técnico un mecanismo de coerción ideológica perfectamente sintonizado con las necesidades del bloque de poder dominante. No estamos ante un simple exceso legislativo coyuntural, sino ante un eslabón más de una cadena reaccionaria global que busca blindar las políticas estatales y los intereses geopolíticos del atlantismo y el sionismo frente a la emergencia de un disenso popular masivo, particularmente visible en la solidaridad con el pueblo palestino.
Para comprender la gravedad del paso dado en Italia es necesario mirar el sustrato normativo preexistente. Hasta la fecha, el ordenamiento jurídico italiano contaba con instrumentos específicos para castigar la discriminación y la violencia por motivos raciales, étnicos o religiosos, basados en la Ley Mancino de 1993. Dicha ley sancionaba penalmente los actos de discriminación, la propaganda basada en la superioridad racial y las organizaciones que promovieran dichos fines, operando teóricamente como un dique de contención contra la pulsión neofascista.
Ya la propia Ley Mancino había mostrado los límites estructurales del panpenalismo liberal: la ilusión de resolver mediante el código penal y los delitos de opinión un fenómeno —el racismo y la xenofobia— que hunde sus raíces en las relaciones sociales de producción y en las crisis del capital. Al desplazar el eje desde el antifascismo histórico consagrado en la Constitución hacia una genérica tutela penal contra el odio, aquella norma abrió además un peligroso precedente en el que los aparatos del Estado suelen aplicar la represión de manera asimétrica, tolerando a los grupos neofascistas mientras golpean a los movimientos sociales.

Sin embargo, el nuevo DDL introduce un salto cualitativo regresivo al adoptar la controvertida definición de antisemitismo elaborada por la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), popularizada por Kenneth Stern. Esta formulación deliberadamente ambigua elide la frontera entre el odio antijudío real —una patología histórica lacerante que el movimiento obrero y comunista siempre ha combatido radicalmente— y la crítica política al Estato de “Israel” y a su ideología fundacional, el sionismo.
El ordenamiento burgués opera aquí mediante el fetichismo jurídico: vacía de contenido material la lucha contra el racismo real para convertirla en un tótem formal que protege la razón de Estado y la impunidad geopolítica. Al equiparar antisionismo y antisemitismo, el legislador no defiende a los judíos, sino que otorga inmunidad penal y reputacional al aparato colonial israelí. Como han señalado diversos juristas e intelectuales críticos, la norma se convierte en una espada de Damocles sobre la libertad de cátedra, la investigación histórica y el derecho fundamental a la manifestación política.
La deriva autoritaria italiana no brota en un vacío geopolítico; se inscribe en una tendencia continental coordinada de la Unión Europea y el bloque atlántico. El ejemplo más paradigmático de esta ingeniería represiva es Alemania. En la Bundesrepublik, la adopción por el Bundestag de la resolución inspirada en la IHRA —ejecutada con el pretexto de blindar la vida judía— ha mutado rápidamente en un mecanismo de censura masiva. En la práctica alemana, gestionada con rigor administrativo por los aparatos de seguridad y secundada por una prensa dócil como Bild o Der Spiegel, la resolución funciona como un filtro ideológico implacable.
Bajo este paraguas, las fuerzas del orden y los ministerios del Interior han convertido el derecho de reunión en papel mojado. Estudiantes universitarios investigados, profesores sancionados, colectivos propalestinos disueltos administrativamente y activistas criminalizados forman parte de una estadística escalofriante. El Centro Europeo de Apoyo Legal documenta centenares de casos de represión sistemática en el eje anglosajón y germánico. La disidencia ya no se reprime únicamente en el plano penal tradicional, sino mediante la asfixia financiera y administrativa: la retirada de subvenciones públicas a centros culturales, sindicatos, universidades y ONGs díscolas. Es la transformación del Estado social en un Estado de policía preventivo, donde la lealtad a la política exterior imperialista se convierte en requisito para la subsistencia cívica y laboral.
Resulta sociológicamente revelador analizar qué fuerzas políticas impulsan y avalan estos dispositivos en el sur de Europa. La derecha “posfascista” italiana, encabezada por Giorgia Meloni, encuentra en esta legislación una coartada perfecta para su blanqueamiento histórico. No es casualidad que, exactamente en los mismos días en que se aprobaba esta norma, la mayoría de derecha inaugurara en el propio Parlamento una muestra hagiográfica dedicada a Pino Rauti, figura clave del neofascismo italiano de posguerra, exsecretario del Movimiento Social Italiano y fundador del grupo subversivo Ordine Nuovo, implicado en las masacres y atentados terroristas de la estrategia de la tensión incluso contra las propias instituciones «democráticas», y quien además justificó las persecuciones raciales del régimen de Mussolini como una legítima «defensa de la estirpe».
Incapaces de romper con sus raíces ideológicas, estas fuerzas utilizan el sionismo oficial como salvoconducto atlantista. A cambio de externalizar sus propias contradicciones históricas y recibir el plácet internacional, ofrecen su compromiso en la cruzada securitaria contra la inmigración y en la criminalización de la solidaridad internacionalista.
Lo trágico, desde el punto de vista de la conciencia de clase, es la complicidad activa o la pasividad culpable de sectores del centroizquierda y del Partido Democrático. Atrapados en el cálculo politicista de disputar la centralidad institucional o debilitar a sus competidores internos, sectores liberales y reformistas han convalidado un instrumento represivo que se volverá inevitablemente contra cualquier forma radical de oposición social cuando las contradicciones económicas del sistema se agudicen.
Frente a esta tendencia global hacia la militarización del espacio público y la fusión entre policía y razón de Estado, cobran especial relevancia los destellos de resistencia institucional que surgen desde las entrañas del propio monstruo imperial.
Es el caso de Nueva York, donde el alcalde Zohran Mamdani y la cúpula policial acaban de anunciar la disolución del Strategic Response Group, el tristemente célebre cuerpo de élite del NYPD creado en 2015 bajo la era de Bill Bratton. Utilizado sistemáticamente como el ejército personal de los alcaldes neoliberales para reprimir las revueltas sociales y los campamentos estudiantiles propalestinos en las universidades, este cuerpo simbolizaba la hipertrofia securitaria del Estado post-11 de septiembre.
La decisión de desmantelar este cuerpo, prohibir el uso de tácticas de cerco policial masivo, vetar los gases lacrimógenos y las armas pesadas en las protestas, y sustituirlo por equipos de mediación civil sin armas que respeten el Primer Enmienda constitucional demuestra que la calle sigue marcando límites. La medida evidencia que la represión de las protestas no es una ley de la naturaleza, sino una opción política consciente del poder que puede ser combatida y revertida cuando la movilización popular y la correlación de fuerzas logran penetrar en las instituciones.
La ley sobre el antisemitismo aprobada en Roma no es una victoria contra el odio; es un acto de debilidad de un sistema político que teme a su propio pueblo. Cuando las clases dominantes necesitan blindar sus relatos mediante la coerción legislativa y la censura preventiva, demuestran que han perdido la hegemonía ideológica.
Frente al avance del neocolonialismo climático, la criminalización de la solidaridad con el sur global y la asfixia de las libertades democráticas bajo coartadas tecnocráticas, la tarea histórica sigue siendo la misma que señalaban los clásicos: organizar el descontento material, rechazar los falsos dilemas morales del capital y defender una concepción de la soberanía que no nazca de los despachos ministeriales ni de las alianzas atlánticas, sino de la conciencia y la autoorganización de los de abajo.


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