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ARGENTINA. JUDICIALES. CASO QUILMES: Burlando denunció corrupción corporativa, pidió allanar domicilios de directivos e investigar lavado de activos

En una ampliación de denuncia penal de 33 páginas, los abogados Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños sostuvieron que el desplazamiento de Quilbeb Sur fue una represalia por negarse a participar en presuntas prácticas de corrupción corporativa. Denunciaron la adulteración de evidencia, solicitaron allanamientos urgentes y reclamaron investigar el patrimonio de los involucrados durante los últimos diez años. La presentación también apunta a posibles maniobras de evasión tributaria, fraude laboral y acuerdos de precios con competidores.

La causa penal contra integrantes de la estructura directiva de Cervecería y Maltería Quilmes adquirió una nueva dimensión. Tras solicitar la detención de sus máximas autoridades y reclamar el acceso a los sistemas informáticos de la compañía, los abogados de Quilbeb Sur S.A. ampliaron la denuncia con una acusación que apunta directamente al origen del conflicto: la distribuidora habría sido desplazada por negarse a participar en un entramado de corrupción corporativa.

Eduardo David Gómez y Juan Manuel Mazzacane, con el patrocinio letrado de Fernando Andrés Burlando y Javier Ignacio Baños, formularon la presentación ante la UFIJ N.º 3 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la IPP N.º PP-06-00-029680-25/00, actualmente caratulada “Botta, María Eugenia y otros s/ Asociación ilícita – Coacción agravada – Defraudación por desbaratamiento de derechos acordados”.

El escrito, al que tuvo acceso QuintoPoder.ar, individualiza nuevas responsabilidades, describe circuitos de financiación presuntamente irregulares y solicita 28 diligencias probatorias que incluyen allanamientos, pericias especializadas en cibercrimen y el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y financiero.

La corrupción corporativa como origen del desplazamiento

La ampliación introduce un elemento sustancial para comprender los acontecimientos que este medio viene reconstruyendo desde septiembre de 2025.

“Nuestra negativa a participar de esas maniobras fue, según sostenemos, el verdadero motivo que desencadenó las conductas de represalia, presión económica, interrupción del abastecimiento, modificación arbitraria de condiciones comerciales, desplazamiento de nuestra zona de distribución y ulterior desapoderamiento de nuestra actividad empresarial”, afirmaron los denunciantes.

Según Gómez y Mazzacane, la ruptura de la relación comercial no respondió a diferencias contractuales, sino a su resistencia a convalidar mecanismos que consideraban contrarios a la legalidad.

La acusación apunta a un sistema de decisiones y autorizaciones mediante el cual determinados directivos y gerentes habrían utilizado notas de crédito, descuentos y compensaciones comerciales para financiar operaciones cuya verdadera naturaleza no coincidía con los conceptos empleados para registrarlas.

Denuncian que se está adulterando evidencia

Uno de los capítulos más graves de la presentación está dedicado a la integridad de la prueba.

Los particulares damnificados aseguraron tener conocimiento de maniobras de edición, modificación y posible adulteración de documentación vinculada con los hechos investigados.

“No se trata solamente del riesgo abstracto de que determinada información pueda desaparecer como consecuencia del transcurso del tiempo”, advirtieron.

Burlando y Baños solicitaron que se investiguen las modificaciones realizadas sobre registros corporativos, archivos, comunicaciones y sistemas de gestión, identificando a los usuarios responsables, las fechas de acceso y los historiales de edición.

El planteo comprende correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, planillas de Excel, servidores, bases de datos y registros de aprobación de operaciones comerciales.

“Una parte sustancial de esa prueba podría resultar irreproducible si no se adoptan medidas urgentes de aseguramiento”, señalaron.

Allanamientos en las oficinas de Quilmes y en los domicilios particulares

La denuncia sobre la posible manipulación de evidencia motivó uno de los pedidos más contundentes de la ampliación.

Los abogados solicitaron que la Fiscalía requiera al Juzgado de Garantías competente órdenes de allanamiento, registro y secuestro en las dependencias administrativas, comerciales, financieras, contables e informáticas de Cervecería y Maltería Quilmes.

La medida se extendió a los domicilios particulares de los imputados y directivos individualizados, cuando existan elementos concretos que permitan presumir que allí se conservan dispositivos o documentación relacionada con los hechos.

También reclamaron el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets y dispositivos de almacenamiento, junto con la extracción forense de las comunicaciones pertinentes.

A diferencia de un procedimiento convencional, los denunciantes solicitaron que los operativos cuenten con la intervención de especialistas en cibercrimen e informática forense, capaces de recuperar archivos eliminados, reconstruir historiales de modificaciones y garantizar la cadena de custodia de la evidencia.

Diez años de declaraciones juradas y una investigación por lavado de activos

La nueva presentación avanzó sobre el patrimonio personal de los involucrados.

Burlando y Baños solicitaron que, mediante las autorizaciones judiciales correspondientes, ARCA remita las declaraciones juradas de los últimos diez períodos fiscales de las personas individualizadas.

El requerimiento comprende el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, participaciones societarias, ingresos declarados y modificaciones patrimoniales relevantes.

La investigación pretendida incluye posibles incrementos patrimoniales injustificados, transferencias entre directivos y sociedades relacionadas, adquisiciones mediante terceros y utilización de cuentas o empresas interpuestas.

Los abogados pidieron expresamente investigar la posible comisión del delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.

“No conocemos todavía el origen de la totalidad de los fondos involucrados”, reconocieron los denunciantes, quienes solicitaron establecer si parte de esos recursos podría tener procedencia delictiva y haber sido incorporada al circuito económico formal mediante operaciones destinadas a conferirles apariencia de legitimidad.

Del Jockey Club de Rosario a un hotel de San Pedro

La ampliación describe operaciones que permiten dimensionar el alcance de las prácticas denunciadas.

Según la presentación, determinados distribuidores habrían recibido instrucciones para afrontar gastos correspondientes a la propia cervecera o consumos particulares de sus directivos, obteniendo posteriormente compensaciones mediante notas de crédito.

Entre los conceptos mencionados aparecen honorarios, arreglos de oficinas, viajes, alquileres de salones, lentes de sol, materas y regalos corporativos.

Los denunciantes solicitaron investigar posibles pagos vinculados con el Jockey Club de Rosario, que habrían beneficiado a Gabriel Eduardo Pellegrini, identificado como director de Ventas del Área Este entre 2019 y 2024, y a Natalia Fabiano, gerente de Commercial Investment.

Otro capítulo apunta directamente a Tomás Eloy Fracchia Campos, exvicepresidente de Ventas.

Según la denuncia, Fracchia habría realizado consumos y estadías en el Hotel Howard Johnson de San Pedro durante 2022 y 2023, cuyos costos podrían haber sido afrontados mediante la distribuidora QUILSA SH y posteriormente compensados con notas de crédito.

Los abogados solicitaron obtener registros hoteleros, facturación, comprobantes bancarios y autorizaciones internas. También reclamaron determinar si el área de Compliance investigó esas operaciones y qué decisiones adoptó.

La presentación menciona, además, adquisiciones de auriculares AirPods Max, mochilas y otros elementos durante la gestión de Juan José D’Urso al frente de Pricing.

La cuenta 106 y el posible perjuicio a las arcas públicas

Uno de los aspectos novedosos de la ampliación es la identificación de una categoría interna denominada “106 – Diferencia de Precios”.

Los denunciantes sostienen que este concepto podría haber sido utilizado para registrar acreditaciones cuya finalidad económica no correspondía a diferencias genuinas de precios.

La investigación solicitada deberá determinar si esas imputaciones permitieron reducir artificialmente los importes sujetos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, afectando la recaudación bonaerense y la de otras jurisdicciones comprendidas en el Convenio Multilateral.

El planteo tributario también comprende operaciones relacionadas con el IVA, los impuestos internos y las percepciones fiscales.

En el escrito aparecen referencias a alícuotas del 21 %, 16,28 % y 3 %, respectivamente, cuya aplicación y repercusión efectiva deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.

Burlando y Baños reclamaron la intervención de ARCA y ARBA para determinar el eventual perjuicio fiscal.

“Plan Colgate”: los sistemas de facturación bajo sospecha

El denominado “Plan Colgate”, mencionado en presentaciones anteriores, adquirió mayor precisión en la ampliación.

Los abogados solicitaron investigar la integración entre BEES, plataforma digital vinculada al grupo Anheuser-Busch InBev, y CHESS, sistema de gestión y facturación desarrollado por NEXTBYN y utilizado por distribuidores.

La hipótesis denunciada apunta a precisar si determinadas modificaciones informáticas permitieron restringir la visualización de información tributaria, dificultando la detección de ventas no registradas.

También aparece una herramienta de inteligencia de negocios identificada como “portaldplus”, sobre la cual personal de la cervecera habría tenido posibilidades de solicitar desarrollos o modificaciones de reportes.

La presentación individualizó a Distribuidora Venier S.R.L., Mercosur Distribuciones S.R.L. y Comercial del Mar S.R.L. como posibles intermediarias en la financiación de servicios informáticos cuyos costos habrían sido asumidos indirectamente por Quilmes.

Repositores, sociedades intermediarias y relaciones laborales encubiertas

La denuncia situó hacia fines de 2022 el comienzo de una reorganización del personal de reposición de la cervecera.

Según los particulares damnificados, determinados directivos habrían promovido la constitución de sociedades destinadas a contratar trabajadores que continuaban desempeñando tareas bajo instrucciones de responsables del canal Supermercados de Quilmes.

En esa operatoria fueron mencionadas Distribuidora Venier S.R.L. y ALFA NEA S.A., junto con las sociedades Sempiterno S.R.L. y CV Trade S.R.L.

Los salarios y costos laborales habrían sido financiados mediante descuentos en factura y notas de crédito.

La investigación deberá establecer quién ejercía efectivamente las facultades de dirección sobre los trabajadores, quién financiaba sus remuneraciones y si existieron incumplimientos laborales, previsionales o tributarios.

También se solicitó investigar la intervención de representantes sindicales en los procesos de desvinculación y posterior contratación del personal.

Heladeras compradas por distribuidores para Quilmes

Otro circuito económico individualizado involucra la adquisición de equipos de frío destinados a la actividad comercial de la cervecera.

La presentación apunta al equipo interno denominado CAPEX y menciona a Agustín Lupica y Guadalupe del Campo como posibles intervinientes en la coordinación de esas adquisiciones.

Los denunciantes identificaron a Briket como posible proveedora de heladeras y a Clarg S.A., Total Litoral S.A. y Prolid S.A. como eventuales compradoras o pagadoras.

La hipótesis sostiene que determinados equipos podrían haber sido adquiridos y contabilizados por distribuidores, aunque su destino económico real fuera el aprovechamiento por parte de Quilmes.

Las pericias deberán determinar quién adquirió los bienes, quién los financió, quién los utilizó y qué tratamiento patrimonial y tributario recibieron.

El “cofre” y los balances de la multinacional

La ampliación volvió sobre el concepto interno denominado “cofre”, cuya existencia había sido denunciada anteriormente.

Según los particulares damnificados, esa denominación podría haber identificado excedentes, provisiones o reservas contables que no habrían sido reflejados adecuadamente en los resultados presentados a los accionistas.

Los abogados solicitaron reconstruir las registraciones correspondientes, identificar a sus responsables y examinar la información remitida a Global Risk Management (GRM).

También pidieron acceder al historial del sistema Workflow, utilizado para las cadenas internas de aprobación, y determinar quién solicitaba, revisaba y autorizaba las operaciones.

El requerimiento alcanzó a PricewaterhouseCoopers (PWC), firma a la que solicitaron documentación sobre los trabajos de auditoría externa, observaciones, salvedades y antecedentes recibidos de la cervecera.

Posibles acuerdos de precios con la competencia

La presentación abrió, además, un frente vinculado con la defensa de la competencia.

Los denunciantes solicitaron investigar eventuales comunicaciones entre responsables comerciales de Cervecería y Maltería Quilmes y representantes de CCU, con el objetivo de determinar si existieron intercambios de información comercial sensible o mecanismos de coordinación de precios.

El pedido comprende comunicaciones, reuniones, presentaciones y reportes internos que permitan establecer la finalidad de esos contactos.

De surgir elementos relevantes, los abogados solicitaron remitir los antecedentes a la autoridad competente.

Los nombres y las responsabilidades que se pidieron investigar

La ampliación individualizó a ejecutivos, gerentes, responsables de áreas comerciales, financieras y de control, además de profesionales externos vinculados con la compañía.

El listado permite reconstruir buena parte de la estructura sobre la cual los abogados pretenden que avance la investigación:

Dirección ejecutiva y vicepresidencias

  • Martín Alberto Ticinese: ex CEO de la unidad de negocios Río de la Plata.
  • Tomás Eloy Fracchia Campos: exvicepresidente de Ventas.
  • Rodrigo Catalá: exvicepresidente de Finanzas.
  • Eugenio Raffo: vicepresidente de Marketing.
  • Gonzalo Fagioli: vicepresidente de Asuntos Corporativos, Legales y Compliance.
  • Jimena Pérez: exresponsable de la Fábrica Nacional de Cervezas de Uruguay, posteriormente identificada como Revenue Head Latin America South.
  • Pablo Panizza Young: identificado como CEO de Latin America South.
  • Luis Vives: identificado como vicepresidente de Ventas.
  • Gabriel Raelle: vicepresidente de Recursos Humanos, señalado como nexo entre Quilmes y distintas organizaciones sindicales, particularmente Camioneros.

Ventas y Pricing

  • Gabriel Eduardo Pellegrini: director de Ventas del Área Este entre 2019 y 2024.
  • Damián Salatino: identificado como sucesor de Pellegrini durante 2025.
  • Juan José D’Urso: director de Pricing hasta abril de 2025.
  • Paula Isabel Demarchi: directora de Pricing desde abril de 2025.
  • Pablo Toscano: gerente de Pricing.

Commercial Investment y Control Investment

  • Natalia Fabiano: gerente del sector.
  • María Emilia Aimaretti: jefa del equipo.
  • Johanna Cuesta: jefa del equipo.

Finanzas y Control Interno

  • Bruno Ungaro: director de Control Interno.
  • Matías Hollmann: gerente de Control Interno.
  • Lucía Biset: directora de Finanzas o Sales Finance.
  • Matías Schauvinhold: jefe de Finanzas o Sales Finance.

Dentro de la estructura financiera también fueron mencionados Lucas Balsa, Elizabet Guaita, Maximiliano Osvaldo Menendez y Pablo David Bellezi.

Adquisiciones, Compliance y auditoría externa

  • Agustín Lupica: integrante del equipo CAPEX.
  • Guadalupe del Campo: integrante del equipo CAPEX.
  • Yanina Capano: vinculada con Compliance.
  • Florencia Crespo: anterior integrante o responsable de Compliance.
  • Francesca Tinnirello: vinculada con Compliance.
  • Sofía Otarola: vinculada con el equipo de auditoría externa de PWC.

Los denunciantes solicitaron corroborar los cargos, períodos de actuación, facultades y responsabilidades mediante organigramas, documentación societaria y registros de Recursos Humanos correspondientes especialmente al período 2019-2026.

La individualización no supone que todas estas personas revistan idéntica condición procesal. La propia presentación distingue entre quienes podrían haber intervenido en las operaciones denunciadas y quienes podrían aportar información en calidad de testigos.

Una estructura de control creada en enero de 2025

La ampliación dedicó especial atención a la creación del equipo denominado Commercial Investment o Control Investment, que habría comenzado a funcionar en enero de 2025, bajo la órbita de Pricing.

Según los denunciantes, el sector intervenía en la revisión de acreditaciones, presupuestos comerciales, notas de crédito y nóminas de distribuidores.

Los abogados solicitaron incorporar el objetivo comercial correspondiente a 2025, que habría contado con la aprobación o intervención de Martín Ticinese, Tomás Eloy Fracchia y Gonzalo Fagioli, junto con sus anexos, indicadores de desempeño y documentación respaldatoria.

También reclamaron investigar los denominados “Plan Verano” y “Plan Invierno”, mediante los cuales los distribuidores habrían adquirido sombrillas, cartelería, toldos y otros elementos comerciales.

El interrogante planteado es si esos procedimientos funcionaron como verdaderos mecanismos de fiscalización o si fueron utilizados para otorgar apariencia de control interno a operaciones previamente decididas por la dirección.

De La Plata a la Justicia Federal

La magnitud de los hechos denunciados podría derivar en la apertura de nuevas investigaciones judiciales.

Los letrados solicitaron que, si las diligencias permiten identificar delitos autónomos o ajenos a la competencia de la Fiscalía interviniente, se disponga la extracción de testimonios y su remisión a los organismos correspondientes.

El planteo comprende posibles delitos tributarios de competencia federal, lavado de activos, administración fraudulenta, falsedades documentales, defraudaciones patrimoniales y eventuales infracciones al régimen de defensa de la competencia.

También requirieron, de considerarse pertinente, la intervención de la DDI La Plata para la realización de diligencias bajo dirección fiscal.

La ampliación marca un cambio sustancial en la estrategia del Estudio Burlando: ya no busca solamente determinar quiénes organizaron el desplazamiento de Quilbeb Sur, sino esclarecer qué intereses económicos habrían motivado aquella decisión, quiénes se beneficiaron y cuál fue el destino de los fondos involucrados.

La respuesta podría encontrarse en los registros informáticos, contables, bancarios y patrimoniales que ahora los abogados reclaman preservar antes de que, según denunciaron, resulte demasiado tarde.

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