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El trabajo de la comisión de la verdad sobre las dictaduras militares en Bolivia, es un ejemplo para luchar contra la impunidad de los golpistas de 2019

Jueves, 8 de septiembre de 2022

Más de 10 años estuvieron las “Carpas Simbólicas de las víctimas de las Dictaduras Militares 1964-1982” instaladas en la ciudad de La Paz, en la avenida de El Prado. Y hace unos días, cuando se recordaron 51 años del golpe sangriento de Banzer del 21 de agosto de 1971, tras firmar acuerdos con el gobierno de Luis Arce para hacer efectivo el resarcimiento por parte del Estado a las víctimas de las dictaduras militares, se levantaron esas carpas que por tanto tiempo estuvieron frente al Ministerio de Justicia.

Comisión de la Verdad-Memoria Verdad y Justicia

En 2016 el gobierno de Evo Morales mediante Ley Nº 879 conformó la “Comisión de la Verdad, Bolivia”, presidida por la médica y militante guevarista Nila Heredia. Los miembros de la comisión trabajaron estos años con el objetivo de esclarecer todos los delitos de lesa humanidad, los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. Desde su creación, la comitiva revisó y analizó las condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales, que dieron lugar a la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población boliviana, como aporte a la construcción de la memoria histórica. Además de su presidenta, la Comisión de la Verdad estuvo conformada por luchadores de izquierda y dirigentes sindicales como Edgar Ramírez Santisteban, quien falleció recientemente; María Isabel Viscarra y Teodoro Barrientos como comisionados; y Luis Fernando Rodríguez Ureña como Director General Ejecutivo.

En fecha 22 de marzo de 2021, la “Comisión de la Verdad” entregó al presidente Luis Arce su informe final, en un total de 11 tomos de la documentación recabada para que el Gobierno nacional pueda asumir las acciones de justicia correspondientes y de esa forma esos hechos no queden impunes.

18 años de crímenes de lesa humanidad por la geopolítica imperial de Estados Unidos

Durante el período histórico definido, el primer golpe militar tuvo lugar el 4 de noviembre de 1964 bajo las órdenes del general René Barrientos Ortuño, que en 1965 compartió el poder con el general Alfredo Ovando Candia. El 24 de junio de 1967 en la noche y por sorpresa el ejército toma los campamentos mineros de Siglo XX y Catavi (Potosí), ocurriendo la llamada “Masacre de San Juan”. El mismo año se toma preso y luego se asesina a Ernesto Che Guevara, quien lideraba el grupo guerrillero instalado en Ñancahuazú. Se ha establecido históricamente que el Comandante Guevara fue asesinado por órdenes de los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos, el 9 de octubre de 1967. En la guerrilla de Ñancahuazú murieron más de 160 personas entre guerrilleros y miembros del ejército. En 1969, luego de la muerte de Barrientos y con otro golpe de Estado, asume el poder el general Alfredo Ovando, quien durante su gobierno ordena asesinar a la mayoría de los 70 hombres que conformaban la guerrilla de Teoponte. En 1971, el entonces coronel Hugo Banzer Suárez llega al poder tras otro golpe de Estado contra el general Juan José Tórres, un general nacionalista de izquierda que gobernó desde el año 1970. Banzer, cuyo régimen dictatorial perduraría hasta 1978, apoyó y participó de la “Operación Cóndor”, un plan concertado entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de varios países de Sudamérica con el fin de eliminar a opositores políticos y disidentes; se estima que en toda Sudamérica llegaron a más 60.000 de crímenes de lesa humanidad, siendo millones de personas sometidas a la presión y al terror de esas dictaduras instauradas con patrocinio estadounidense.

El 1 de noviembre de 1979, el coronel Alberto Natusch Busch protagonizó un nuevo golpe de Estado y encabezó un régimen autoritario que duró 16 días. Como reacción a la asonada militar se produjo un levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana, respondida a su vez por los militares con una violenta represión que ocasionó la “Masacre de Todos Santos” en que hubo al menos 100 civiles muertos y 500 heridos. Los militares tuvieron que replegarse y nunca fueron juzgados. En marzo de 1980, fue asesinado el sacerdote jesuita Luis Espinal. Espinal dirigía el semanario de izquierdas “Aquí”, fue secuestrado por un grupo de paramilitares, que luego de torturarlo y matarlo, echaron su cuerpo inerte en un descampado. El siguiente golpe de Estado de este período histórico lo ejecutó el general Luis García Meza el 17 de julio de 1980, instaurando una dictadura que se mantuvo a su mando hasta el 4 de agosto de 1981. El golpe inició con el uso extremo de la fuerza militar, asaltando la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), lugar donde fueron asesinados el candidato presidencial y parlamentario socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, junto al dirigente sindical Carlos Flores Bedregal, ambos fueron desaparecidos. La dictadura militar, con la sucesión de varios generales en la presidencia, duró hasta el 10 de octubre de 1982, período en que se produjeron 26 desapariciones forzadas. Uno de los mayores crímenes de lesa humanidad ocurrió el 15 de enero de 1981, cuando nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria que sostenían una reunión, fueron asesinados en la calle Harrington de la ciudad de La Paz.

Resarcimiento por el Estado Plurinacional

El 21 de agosto de 2022, el Presidente Luis Arce dijo: “En homenaje a todas esas víctimas de las dictaduras, de los golpes de Estado, hemos querido suscribir este convenio con las víctimas para resolver este problema de más de 10 años”. Luis Arce, a tiempo de ratificar que el Estado asumirá el financiamiento para resarcir a las víctimas, recordó que el año 2004 se promulgó la Ley 2640 que disponía cubrir una parte de ese resarcimiento con recursos del Tesoro General de la Nación y la otra parte dependía de conseguir alguna donación; “pero fue una trampa y un engaño” dijo el Presidente, porque no había nadie que pueda cubrir la donación. Para mayor detalle histórico, esa Ley se promulgó en el gobierno de Carlos Mesa.

El actual acuerdo con las víctimas se consolida a través de la ley N° 1446, ley de 25 de julio de 2022, garantizando recursos económicos de Bs. 99.925.916,16 (noventa y nueve millones novecientos veinticinco mil novecientos dieciséis 16/100 bolivianos), correspondiente al ochenta por ciento (80%) restante del monto total de resarcimiento a víctimas de violencia política, de acuerdo a disponibilidad financiera. El acuerdo favorece a 1.714 víctimas con el pago del 80%. Otro punto del acuerdo, es determinar hasta 31 diciembre del 2022, la presentación de “la política plurinacional de reparación integral a las víctimas de gobiernos institucionales” y 4463 víctimas entrarían en la revisión extraordinaria, para el reconocimiento del Estado en el resarcimiento, además de otorgarles un espacio para sus reuniones.

Hoy el pueblo demanda acabar con la impunidad de los golpistas del 2019

Pese a que se dio un paso de reivindicación histórica muy importante, quedan todavía muchos hechos por esclarecer: como los asesinatos del “Caso Comisión Néstor Paz Zamora” de diciembre de 1990, la “Masacre del Porvenir” de septiembre de 2008 y el intento de terrorismo separatista del 2009, el golpe de Estado y las masacres de Senkata, Sacaba-Huayllani y El Pedregal del 2019 que requieren de juicio ordinario hasta dictar una sentencia contra los autores, cómplices y encubridores de ese golpe del 10 de noviembre del 2019 que derrocó al gobierno constitucional de Evo Morales.

Hace poco, la multitudinaria “Marcha por la democracia y en apoyo al Presidente Luis Arce” en la ciudad de La Paz el 26 de agosto de 2022, así como ya había ocurrido en noviembre del 2021 con la “Marcha por la Patria” que recorrió 250 kilómetros desde la localidad de Caracollo hasta La Paz, ambas convocadas por la COB y el Pacto de Unidad indígena campesino originario, así como por el Movimiento al Socialismo (MAS), ratificaron la fuerza del pueblo y en las dos oportunidades más de un millón de voces protestaron contra las nuevas amenazas de los sectores fascistas, exigiendo justicia por el golpe y las masacres del 2019. Ante la multitud Luis Arce dijo: “Sobre nuestro cadáver un nuevo golpe de Estado”.

¿Quiénes hoy vuelven a amenazar a la democracia? La misma oligarquía asentada en Santa Cruz, que financia a “comités cívicos” y grupos de choque no sólo en ese ciudad sino también en otros lugares del país. Las mismas logias burguesas que el año 2008-2009 quisieron dividir al país, contratando mercenarios con experiencia en la guerra de los Balcanes. Los mismos empresarios de origen croata (Branko Marincovic, el principal) que, a los pocos días que derrocaron a Evo Morales el 2019, a través del ministro del gobierno de facto Arturo Murillo Plijnic (también de ascendencia croata por línea materna) cerraron de manera absolutamente ilegal el “Juicio por Terrorismo Separatista” instaurado el año 2009. El actual gobierno de Luis Arce comete un gran error al no reabrir ese proceso judicial por terrorismo separatista, que es lo que corresponde en derecho.

Los antiguos luchadores y sus mártires nos legaron la democracia que las nuevas generaciones hoy usufructúan. Nuestro homenaje. Honor y gloria a los caídos en la lucha del pueblo.

Fuente: Rebelión y resumenlatinoamericano.org

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