Amnistía Internacional ha demostrado que Israel ha impuesto un sistema de opresión y dominación de la población palestina en todos los lugares donde ejerce el control del disfrute de sus derechos: en Israel y los territorios ocupados, pero también en relación con la población refugiada palestina.
Amnistía Internacional ha denunciado que el sistema de opresión y dominación que mantiene el Estado de Israel contra la población palestina, caracterizado por confiscaciones masivas de tierras y propiedades, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, y restricciones a la circulación, entre otros elementos, es un apartheid, como lo establecen diversos tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o la Convención contra el Apartheid.El informe El apartheid israelí contra la población palestina. Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad, publicado por nuestra organización el 2 de febrero de 2022, es sin duda uno de los más polémicos porque reconoce que en este preciso momento millones de personas que habitan en Israel viven en un sistema de dominación y segregación instaurado por el Estado israelí. Lo anterior, en un contexto donde la comunidad internacional ha evadido la discusión y llamar a este sistema por su nombre.
En respuesta a la publicación de nuestro informe, el Estado de Israel ha calificado a Amnistía Internacional como una organización antisemita. Además, ha hecho señalamientos para cuestionar la aplicación correcta del concepto apartheid –que en nuestro imaginario colectivo remite inevitablemente al sistema de segregación establecido en Sudáfrica entre 1948 y 1994– en el contexto de la situación actual que vive la población palestina en Israel.
¿Qué es el apartheid?
El apartheid es una violación del derecho internacional público, una violación grave de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad previsto en el derecho penal internacional. Tres tratados importantes lo prohíben y/o penalizan expresamente: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (Convención contra el Apartheid) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma).
De acuerdo con estos tratados, el crimen de lesa humanidad del apartheid se comete cuando se perpetran violaciones graves de derechos humanos en el contexto y con la intención expresa de mantener un régimen de control discriminatorio prolongado y cruel de uno o varios grupos raciales por otro.
¿Por qué decimos que Israel ha instaurado un apartheid?
Para determinar si el Estado de Israel ha instaurado un sistema de apartheid, Amnistía Internacional documentó y analizó la discriminación institucionalizada y sistemática hacia la población palestina, dentro del marco de la definición de apartheid, contenida en el derecho internacional. Por un lado, verificamos si el Estado de Israel creó y ha mantenido un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas hacia la población palestina. Por otro lado, analizamos varias violaciones graves de derechos humanos que podrían constituir el crimen de lesa humanidad de apartheid, si se cometen con la intención de mantener dicho sistema de opresión y dominación.
Desde la fundación del Estado de Israel, en 1948, independientemente de su filiación política, las autoridades han hecho hincapié públicamente en el objetivo primordial de mantener la identidad de Israel como Estado judío. Asimismo, han declarado su intención de minimizar el acceso y el control de la población palestina a la tierra en todos los territorios bajo el control efectivo de Israel. Para ello, el Estado de Israel ha confiscado casas y propiedades a la población palestina, y ha restringido a ésta a vivir en enclaves mediante políticas de urbanismo y vivienda discriminatorias.
Además, en múltiples declaraciones públicas las autoridades israelíes han expresado su interés en establecer una estructura de ciudadanía separada y desigual, así como en negar el derecho de la población palestina a la reagrupación familiar, como medio para controlar la demografía. Igualmente clara ha sido la intención de dominar y controlar a la población palestina en los territorios palestinos ocupados a través de políticas discriminatorias sobre tierras, urbanismo y vivienda, así como la negación de todo desarrollo agrícola o industrial que beneficie a la población palestina.
En términos normativos, el Estado israelí clasifica a la población palestina como “personas árabes racializadas no judías”. Con respecto a las personas palestinas ciudadanas de Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí las clasifica oficialmente como “ciudadanos/as árabes de Israel”, un término global que abarca varios grupos, principalmente de habla árabe, como la población árabe musulmana (que incluye a la población beduina), la árabe cristiana, la drusa y la circasiana.
Sin embargo, en el discurso público, las autoridades y los medios de comunicación israelíes suelen referirse a la población árabe musulmana y a la árabe cristiana —las cuales generalmente se autoidentifican como palestinas— únicamente como árabes israelíes, asociándoles con la población palestina que vive en los territorios palestinos ocupados y fuera de ellos, y utilizan los términos específicos de drusos y circasianos para los otros grupos no judíos.
Las autoridades también consideran a las personas palestinas ciudadanas de Israel como un único grupo, diferente de la población drusa y circasiana porque es el único al que eximen de realizar el servicio militar en “consideración de sus lazos familiares, religiosos y culturales con el mundo árabe (que ha sometido a Israel a ataques frecuentes), así como debido a la preocupación por posibles conflictos de lealtades”.
Amnistía Internacional ha demostrado que Israel ha impuesto un sistema de opresión y dominación de la población palestina en todos los lugares donde ejerce el control del disfrute de sus derechos: en Israel y los territorios ocupados, pero también en relación con la población refugiada palestina. La segregación se lleva a cabo de una forma sistemática e institucionalizada mediante leyes, políticas y prácticas, concebidas para impedir que la población palestina acceda a los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los territorios palestinos ocupados y, por tanto, con la intención de oprimir y dominar al pueblo palestino. Esta opresión y dominación está cimentada por un régimen jurídico que controla y restringe los derechos de la población refugiada palestina, que reside fuera de Israel y los territorios ocupados, de retornar a sus casas.
Durante décadas, las consideraciones demográficas y geopolíticas de Israel han determinado las políticas hacia la población palestina en cada una de las zonas de Israel, Jerusalén Oriental, el resto de Cisjordania y la Franja de Gaza, de diferentes formas. Es por ello que actualmente, el sistema de control de Israel no se aplica de manera uniforme en todas estas zonas. La población palestina vive este sistema de formas diferentes y está sometida a diferentes grados de represión en función de su estatuto y de la zona en la que reside.
Es por todo lo anterior que nuestra organización ha concluido que las constantes prohibiciones y limitaciones que el Estado israelí impone a la población palestina forman parte de un ataque sistemático y generalizado, y que los actos crueles e inhumanos cometidos en el contexto de este ataque han sido perpetrados con la intención de mantener este sistema y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid, de acuerdo con la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Ilustración
Cabe señalar que Amnistía Internacional ha sido enfática en aclarar que los sistemas de opresión y dominación nunca serán idénticos. Nuestra organización nunca ha establecido rankings de Estados que respetan más o menos los derechos humanos, y en este sentido, no es nuestro interés argumentar ni evaluar si el sistema de apartheid instaurado en Israel es igual, mejor o peor que el perpetrado en Sudáfrica entre 1948 y 1994. El marco del apartheid permite una comprensión integral, basada en el derecho internacional, de una situación de segregación, opresión y dominación de un grupo racial sobre otro, y constituye una grave violación a los derechos humanos en cualquier lugar donde se cometa.
¿Cómo se hizo la investigación?
En términos metodológicos, Amnistía Internacional examinó los elementos fundamentales del apartheid como sistema de opresión y dominación: la fragmentación territorial, la segregación y el control mediante la negación de la igualdad en nacionalidad y estatuto, las restricciones a la libertad de circulación, las leyes discriminatorias de reunificación familiar, el uso del régimen militar y las restricciones al derecho a la participación política y a la resistencia popular, la desposesión de tierras y propiedades, y la supresión del desarrollo humano de la población palestina y la negación de sus derechos económicos y sociales.
Nuestro informe se basa en décadas de investigación documental y de campo en las que hemos reunido datos de violaciones al derecho internacional de derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Israel y los territorios palestinos ocupados; así como en publicaciones de organizaciones palestinas, israelíes e internacionales; en estudios académicos; en el trabajo de observación de grupos activistas de base; informes de agencias, de personas expertas y órganos de derechos humanos de la ONU, y material publicado en medios de comunicación.
Las investigaciones y el análisis de Amnistía Internacional se desarrollaron entre julio de 2017 y noviembre de 2021. El equipo de investigación analizó exhaustivamente leyes, reglamentos y órdenes militares israelíes; directivas de instituciones del gobierno y declaraciones del gobierno y de autoridades militares israelíes, entre otros documentos.
También examinó informes y estadísticas publicados por las autoridades palestinas. Además, el equipo entrevistó y se reunió con representantes de organizaciones no gubernamentales palestinas, israelíes e internacionales; de agencias de la ONU; juristas; especialistas y personas del ámbito académico; periodistas y otras partes interesadas.
Aunado a ello, se elaboró un análisis jurídico exhaustivo de la situación que incluyó contactar a personas expertas en derecho internacional, ajenas a la organización, para pedirles asesoramiento. La investigación se rigió por una política global sobre la violación de derechos humanos y el crimen de apartheid adoptada por Amnistía Internacional en julio de 2017, tras el reconocimiento de que la organización no había prestado suficiente atención a situaciones de discriminación y opresión sistemáticas en el mundo.
¿Por qué hicimos esta investigación?
Hace más de dos décadas, la población palestina reclama que entendamos que el régimen de Israel es un apartheid y ha luchado en primera línea para que éste sea reconocido como tal en la ONU. Las investigaciones de organizaciones palestinas de derechos humanos y, más recientemente, de algunos grupos israelíes que defienden esos derechos, han contribuido a que se amplíe el reconocimiento internacional del trato que inflige Israel a la población palestina como apartheid.
Sin embargo, persiste una fuerte resistencia por parte de algunos Estados, en particular los aliados occidentales de Israel, a escuchar estos llamamientos y a tomar medidas significativas para detener este apartheid. Mientras tanto, las organizaciones y las personas que defienden los derechos humanos de la población palestina y lideran el trabajo de incidencia y las campañas contra el apartheid sufren desde hace años una fuerte represión por parte del Estado israelí.
En Amnistía Internacional nos tomamos la injusticia como algo personal y, sin duda alguna, el sistema de apartheid que ha instaurado el Estado de Israel contra la población palestina es una grave injusticia. Es por ello que decidimos apoyar a la sociedad civil palestina y a las organizaciones israelíes en sus esfuerzos para poner fin a la opresión y dominación del Estado de Israel en un momento en que su trabajo es cada vez más difícil.
Nuestra convicción es que el mundo puede cambiar para las personas palestinas que viven en Israel. Una forma de lograrlo es firmando la petición (puede ser consultada aquí) que acompaña nuestro informe, dirigida al primer ministro israelí Naftali Bennett, pidiéndole que cancele las medidas que caracterizan el apartheid. Con esta forma de activismo todas las personas podemos hacer algo para contribuir a ese cambio.}
Fuente: palestinalibre.com
Quinto Poder 
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