Según un informe publicado este jueves por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), el Gobierno porteño en los últimos años recortó 528 millones de pesos destinados a cubrir falencias de infraestructura.
Se realizó en rechazo a la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de mantener las clases presenciales en las escuelas pese al pico de contagios de coronavirus en el distrito.
Se realizará en más de 11 mil establecimientos educativos de todos los niveles, informó la Dirección General de Cultura y Educación provincial.
El primer mandatario le explicó al jefe de Gobierno porteño los fundamentos de su decisión y señaló que «es realmente preocupante» el impacto de la segunda ola de contagios, que causó «la saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires».
El ministro de Educación de la Nación sostuvo que puede «haber una disminución de presencialidad en las escuelas» a causa de la segunda ola de coronavirus, pero que esto «no implicará la suspensión absoluta» de esta modalidad.
A través de un comunicado, maestros nucleados en UDOCBA cuestionaron «la decisión consensuada entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de sostener las escuelas abiertas con educación presencial».
La secretaria general del sindicato, Mariana Scayola, contó que la medida de fuerza fue dispuesta luego de confirmarse la muerte por Covid-19 del docente Jorge Langone, afiliado a ese sindicato.
Con sistema combinado y estrictos protocolos de bioseguridad, comienzan las clases en 13 distritos a nivel nacional. La vacunación al personal educativo también inicia esta semana.
Este martes se determinó cómo será la vuelta a clases en los casi 16 mil establecimientos educativos de la provincia con vistas al inicio del ciclo lectivo el próximo lunes.
«El regreso a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires estuvo marcado por la desorganización», aseguraron desde el gremio que nuclea a los docentes porteños a modo de análisis luego de la primera jornada.
Del encuentro de este jueves participan las cinco organizaciones con representación nacional y reclaman un incremento que equipare los salarios con el proceso inflacionario. El ministro Trotta aseguró que «no hay techo» previsto.
Quinto Poder