Familiares, amigos y vecinos se movilizaron este martes 6 de octubre en el puente de Dolores Prats, en Haedo, para reclamar la libertad del joven de 20 años. Una reconstrucción de QuintoPoder.ar encontró puntos que ponen bajo tensión la acusación: la familia sostiene que cámaras lo ubican dentro de su casa cuando ocurrió el hecho, las pericias telefónicas destinadas a establecer dónde estaban los imputados fueron solicitadas después de las detenciones y no se conoció hasta ahora una prueba balística que vincule el arma secuestrada en su domicilio con el ataque.
Familiares y allegados a Santino Walter Alcaraz volvieron a las calles este martes 6 de octubre. Esta vez se concentraron en el puente de Dolores Prats, en Haedo, para exigir su libertad y reclamar que la investigación por el violento episodio ocurrido frente al Colegio Emaús de El Palomar determine quiénes fueron efectivamente sus autores.
Alcaraz, de 20 años, permanece privado de su libertad desde el 16 de septiembre. La DDI de Morón lo detuvo durante una serie de allanamientos vinculados con el raid delictivo que terminó con el ataque a tiros contra el comisario mayor retirado Hernán Mariano Catarraso, ocurrido seis días antes sobre Santiago Brian al 900.
Pero detrás de esa detención existe otra historia. La familia afirma que Santino estaba durmiendo en su casa cuando ocurrió el ataque y asegura poseer registros de cámaras que permiten comprobarlo. Una reconstrucción de la investigación realizada por QuintoPoder.ar encontró además interrogantes que todavía requieren respuestas judiciales.
“Quiero que paguen los verdaderos culpables”
La convocatoria reunió a familiares, amigos y vecinos que conocen a Alcaraz desde su infancia. Una mujer que participó de la protesta explicó por qué decidió acompañar el reclamo.
“Vine a la marcha a apoyar a la familia de Santino porque yo a Santi lo conozco de los 7, 8 años, como a su familia. Es un nene que siempre trabajó, cortó el pelo, nunca hizo nada malo, es una buena persona”, relató.
La vecina concentró el reclamo en dos puntos: la libertad del joven y la identificación de quienes realmente participaron del hecho.
“Quiero que se esclarezca el caso, que pueda salir en libertad y que paguen los verdaderos culpables. Que la verdad salga a la luz”, reclamó.
Y agregó: “La familia está sufriendo y no está bueno todo lo que está pasando. Vengo como vecina y quiero que paguen los culpables y que pueda salir en libertad”.
Una detención que deja preguntas
La investigación quedó en manos de la UFI N.º 2 de Morón. El 16 de septiembre la Policía Bonaerense realizó cinco allanamientos y detuvo, entre otros, a Alcaraz y Thiago Tomás Miño. La información difundida inmediatamente después de los procedimientos indicó que ambos quedaron inicialmente aprehendidos por tenencia ilegal de armas de fuego.
La situación de Santino presenta una diferencia importante respecto de otro de los investigados.
A Maximiliano Uriel Peralta la pesquisa lo vinculó con una pistola Bersa Thunder calibre .380 cuyo número coincidió, según las actuaciones difundidas, con un arma exhibida previamente en imágenes analizadas por los investigadores. En el domicilio de Alcaraz, en cambio, la Policía informó el secuestro de un revólver calibre .32 con cinco municiones y un teléfono Motorola E20.
Hasta allí, tener un arma – en caso de acreditarse efectivamente su tenencia – configura una cuestión penal autónoma. No demuestra por sí misma que su poseedor haya participado del ataque frente al Emaús ni de los restantes robos atribuidos a la banda.
Y existe un dato todavía más importante: después de las detenciones, el Ministerio Público Fiscal solicitó pericias sobre los teléfonos secuestrados para obtener geolocalización e impacto de antenas y determinar si los investigados estuvieron efectivamente en los lugares y horarios de los hechos.
La secuencia abre una pregunta inevitable: si todavía debía establecerse mediante los celulares dónde estaba Santino cuando ocurrieron los delitos, ¿qué prueba concreta permitió atribuirle previamente su participación?
Las cámaras que pueden cambiar la causa
La familia sostiene que posee una prueba objetiva para responder esa pregunta.
María Cáceres, madre de Santino, aseguró que existen grabaciones donde se observa a su hijo ingresar a su vivienda durante la noche anterior al ataque y que no volvió a salir hasta las 13:10 del 10 de septiembre.
El ataque contra Catarraso ocurrió aproximadamente a las 7:13.
Alcaraz trabajaba en una empresa gastronómica de Belgrano y, según su madre, esa mañana estaba durmiendo en su domicilio. Si la secuencia de cámaras conserva continuidad, fecha y horario y una pericia acredita su autenticidad, constituiría una evidencia de enorme peso para determinar si el joven pudo estar en Santiago Brian al 900 cuando ocurrió el tiroteo.
Un arma bajo discusión
El procedimiento en el domicilio también quedó cuestionado por la familia. Cáceres denunció que un efectivo ingresó solo a la habitación de Santino y cerró la puerta. Luego entró otro policía. Según su relato, el testigo del allanamiento accedió después y recién entonces apareció el revólver que quedó incorporado a la causa.
Hay además otra cuestión esencial: hasta el momento no se hizo público un resultado pericial que vincule ese revólver calibre .32 con el disparo que hirió a Catarraso. Tampoco trascendieron resultados de ADN, huellas dactilares o residuos de disparo que permitan situar a Alcaraz con esa arma durante el ataque.
La hipótesis del “perejil”
A medida que se reconstruye la causa aparece una hipótesis que familiares y allegados plantean desde el comienzo: que Santino Alcaraz terminó convertido en el “perejil” de una investigación que necesitaba cerrar rápidamente un caso de enorme impacto público.
La hipótesis no se sostiene solamente en la caracterización personal que hacen sus vecinos.
Se apoya en circunstancias que pueden verificarse: una filmación que, según la familia, lo ubica en otro lugar; pericias de geolocalización ordenadas después de su detención; un arma cuyo vínculo balístico con el ataque no se conoció públicamente; un procedimiento cuestionado respecto del modo en que esa arma apareció y una investigación que todavía mantiene abiertas líneas sobre otros integrantes del grupo delictivo.
Las primeras actuaciones incluso consignaron el análisis de perfiles correspondientes a otros sospechosos, mientras la Fiscalía pidió determinar mediante los teléfonos quién estuvo efectivamente en cada escena.
Si las cámaras ofrecidas por la familia confirman que Santino permaneció dentro de su casa durante la franja horaria del ataque y las antenas tampoco lo colocan en los lugares investigados, la acusación deberá explicar sobre qué evidencia concreta se sostuvo su participación.
Una causa que todavía debe responder
Santino Alcaraz continúa detenido mientras su familia reclama que la Justicia examine las pruebas que, asegura, demuestran su inocencia. La causa tramita ante el Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón.
Ahora existen preguntas precisas que el expediente deberá contestar.
¿Las cámaras de la vivienda fueron incorporadas y peritadas? ¿Dónde ubicaron las antenas al teléfono de Santino durante los horarios investigados? ¿Existe una pericia que relacione el calibre .32 con el ataque? ¿Qué evidencia individual permitió atribuirle los restantes hechos? ¿Cómo quedó documentado el hallazgo del arma durante el allanamiento?
La movilización de este martes llevó esas preguntas desde el expediente hasta el puente de Dolores Prats.
Familiares y vecinos no reclaman que el ataque al Emaús quede impune. Reclaman exactamente lo contrario: que Santino vuelva a su casa y que la investigación encuentre a quienes realmente cometieron los delitos.
“Que la verdad salga a la luz. Que paguen los verdaderos culpables”.
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