ARGENTINA. JUDICIALES. Denuncian a Milei, Karina y Caputo por corrupción y malversación

El abogado Javier Ignacio Baños, ex fiscal y ex candidato a diputado nacional, radicó este miércoles una denuncia penal para que se investigue al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La presentación tomó como punto de partida una extensa entrevista pública al abogado y analista financiero Carlos Maslatón. Tras el sorteo, la causa quedó asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 y registrada bajo el número CFP 4154/2026.

El abogado Javier Ignacio Baños presentó una denuncia penal federal para que la Justicia investigue una serie de hechos que podrían comprometer al presidente de la Nación, Javier Milei; a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y a autoridades de distintos organismos estatales.

La presentación se radicó a partir de las declaraciones públicas que Carlos Maslatón realizó durante una entrevista en el programa Pensar la Argentina, conducido por Francisco Echarren, en la que formuló severas acusaciones sobre el modelo económico del Gobierno, el endeudamiento público, el manejo de fondos estatales, el caso $LIBRA, la promoción de CoinX y el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo.

Luego de su ingreso, el sistema de sorteos asignó la denuncia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9. El expediente quedó registrado bajo el número CFP 4154/2026.

Una denuncia formulada como notitia criminis

Baños tuvo especial cuidado en delimitar jurídicamente el alcance de su presentación. No afirmó como probados los hechos descriptos por Maslatón ni formuló una imputación penal cerrada contra los funcionarios mencionados.

La denuncia se planteó como una notitia criminis: la puesta en conocimiento de la Justicia de hechos que, por su posible relevancia penal, podrían justificar una investigación.

El escrito solicitó que se determine si las manifestaciones públicas de Maslatón poseen respaldo documental, testimonial, informático, financiero, contable o administrativo y, en caso afirmativo, si de ellas surge la posible comisión de delitos de acción pública.

La presentación mencionó, con carácter estrictamente provisorio, figuras como cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la Administración Pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación de caudales públicos, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Maslatón y su crítica al esquema económico

Uno de los núcleos de la denuncia se asentó sobre las afirmaciones de Maslatón respecto de la política económica argentina y, particularmente, del programa desarrollado por el actual ministro Luis Caputo.

Al comienzo de la entrevista, el abogado sostuvo que en la Argentina predomina históricamente entre quienes adoptaron decisiones económicas “un planteo puramente financiero de la economía, olvidándose de la economía real y de la producción nacional”.

Maslatón vinculó ese esquema con tasas de interés elevadas, endeudamiento y mecanismos estatales destinados —según su interpretación— a garantizar elevadas rentabilidades financieras medidas en dólares.

“¿En qué consiste esto? En Argentina, único país del mundo, se les ocurre a estos hacedores de política económica, que son siempre de mesas de dinero, que el país tiene que garantizar una rentabilidad en dólares”, afirmó.

También sostuvo que ese modelo derivó históricamente en crisis y trazó una línea de continuidad entre distintas experiencias económicas argentinas hasta llegar a la gestión de Javier Milei y Luis Caputo.

La acusación de Maslatón contra Caputo

Las afirmaciones más duras tuvieron como destinatario al titular del Palacio de Hacienda.

Maslatón cuestionó el endeudamiento externo destinado a sostener el esquema financiero y afirmó que la deuda sólo resulta justificable cuando se destina a inversión pública o infraestructura.

En otro tramo de la entrevista lanzó una acusación de extrema gravedad contra Caputo: “Toto Caputo en cualquier país serio del mundo estaría preso”, y lo definió como “un jugador de mesa de dinero con plata ajena”.

La denuncia no dio por cierta esa acusación. Por el contrario, Baños pidió que la Justicia determine si las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía tuvieron fundamento técnico y legal suficiente y cuál fue el destino efectivo de los fondos obtenidos mediante endeudamiento.

Para ello solicitó el secuestro o remisión de informes, dictámenes, memorandos, expedientes, comunicaciones y reportes técnicos vinculados con deuda pública, acuerdos con organismos internacionales, utilización de reservas, intervención cambiaria, emisión de títulos y eventuales advertencias internas sobre fuga de capitales o perjuicio fiscal.

El FMI y el destino de los fondos

Otro de los capítulos de la denuncia se vincula con el Fondo Monetario Internacional y el uso del crédito público.

Maslatón sostuvo que históricamente parte del endeudamiento externo argentino se utilizó para sostener el tipo de cambio y facilitar la salida de capitales.

“Yo acepto tomar deuda externa, pero no para hacer salvataje financiero; para obra pública está bien tomar”, señaló durante la entrevista.

A partir de esas afirmaciones, Baños solicitó que se determine qué créditos y desembolsos recibió el Estado, cuál fue la finalidad formal declarada, qué funcionarios intervinieron, qué informes técnicos los respaldaron y cuál resultó su destino real.

El planteo también pidió investigar si existieron beneficiarios privados identificables y si alguna operación provocó un perjuicio concreto o potencial al patrimonio público.

$LIBRA y un pedido para preservar la prueba

La presentación dedicó un capítulo específico al denominado caso $LIBRA.

Durante la entrevista, Maslatón consideró que la actuación presidencial en ese episodio revestía tal gravedad institucional que afirmó: “Solamente Libra es causal de juicio político”.

A partir del conjunto de sus declaraciones, Baños pidió investigar si existieron comunicaciones, reuniones, movimientos financieros, billeteras virtuales, transferencias, contratos, intermediarios o beneficios económicos vinculados con funcionarios o personas del entorno presidencial.

También solicitó que se incorporaran o compulsaran las actuaciones de la causa $LIBRA, con sus informes de trazabilidad blockchain, pericias informáticas, registros de comunicaciones, movimientos patrimoniales y demás elementos ya producidos.

La denuncia reclamó además la preservación urgente de correos electrónicos oficiales, teléfonos institucionales, chats, registros de llamadas, agendas y sistemas de gestión documental que pudieran resultar relevantes.

CoinX: el diálogo que Maslatón atribuyó a Milei

Uno de los segmentos más sensibles de la entrevista apareció cuando Maslatón recordó la promoción que Milei realizó de la plataforma CoinX.

Según relató, al advertir aquella publicidad se comunicó personalmente con el actual Presidente y le manifestó sus sospechas sobre el negocio.

“Yo lo llamo en ese momento y le digo: ‘Pero esto es Ponzi, no son buenos tipos’”, relató Maslatón.

A continuación atribuyó a Milei una respuesta que, de ser corroborada, podría adquirir especial relevancia en la investigación: “Además, cobro yo de ahí”.

El propio Maslatón vinculó ese antecedente con su interpretación posterior del caso $LIBRA y sostuvo que existió una reiteración de conductas relacionadas con la promoción de proyectos financieros.

Baños pidió por ese motivo que la Justicia requiriera las causas, denuncias o actuaciones regulatorias vinculadas con CoinX y determinara si Milei u otras personas de su entorno participaron de su promoción, si percibieron contraprestaciones y si existieron advertencias previas acerca de posibles irregularidades.

Karina Milei y el “poder real” dentro del Gobierno

La denuncia también apuntó hacia la secretaria General de la Presidencia.

Maslatón sostuvo durante la entrevista que, más allá del diseño constitucional formal, Karina Milei tendría una gravitación decisiva dentro del Poder Ejecutivo.

La describió como una suerte de “presidenta adjunta” y afirmó que tendría dos atribuciones de hecho particularmente relevantes: “poder de veto sobre las medidas más importantes” y sobre las personas que integran el Gobierno.

Baños pidió investigar si la Secretaría General de la Presidencia o personas vinculadas con esa dependencia intervinieron formal o informalmente en alguno de los hechos descriptos, particularmente en el caso $LIBRA y en los contactos con empresarios, intermediarios y operadores vinculados al universo cripto.

Entre las medidas solicitadas figuró el requerimiento de registros de ingresos a la Casa Rosada, audiencias, agendas, reuniones, comunicaciones y contactos institucionales.

Maslatón podría ser citado como testigo

Una de las primeras medidas de prueba reclamadas por Baños fue la citación de Carlos Maslatón como testigo.

El denunciante solicitó que comparezca ante la Justicia para ratificar, aclarar, ampliar o rectificar sus manifestaciones y para que identifique las fuentes de la información que expuso públicamente.

También pidió la certificación judicial y preservación forense del video de la entrevista, junto con sus metadatos y una transcripción oficial de los segmentos vinculados con $LIBRA, CoinX, Caputo, el FMI, el endeudamiento, Karina Milei y los eventuales operadores financieros mencionados.

Pidieron cruzar las causas $LIBRA, ANDIS y CoinX

La denuncia reclamó además que se incorporaran las actuaciones correspondientes a los expedientes vinculados con $LIBRA, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y CoinX, con el objeto de establecer si existen elementos comunes entre las distintas investigaciones.

Baños pidió que se requiriera información al Ministerio de Economía, Banco Central de la República Argentina, Jefatura de Gabinete, Secretaría General de la Presidencia, Presidencia de la Nación, Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación, Unidad de Información Financiera, Agencia de Recaudación y Control Aduanero y Comisión Nacional de Valores.

También solicitó pericias contables, financieras, patrimoniales e informáticas para reconstruir eventuales movimientos de fondos, operaciones con criptoactivos y posibles beneficios económicos privados.

La Justicia deberá decidir ahora el curso de la investigación

La denuncia quedó radicada bajo el número CFP 4154/2026 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9.

A partir de ahora deberá definirse la intervención del Ministerio Público Fiscal y cuáles de las medidas requeridas resultan procedentes.

El propio escrito dejó en claro que las expresiones de Maslatón no constituyen por sí mismas prueba de la comisión de un delito. Precisamente por ese motivo, Baños reclamó que sean sometidas a corroboración judicial y que se determine si detrás de aquellas afirmaciones existen documentos, movimientos financieros, comunicaciones o actuaciones administrativas capaces de otorgarles sustento penal.

La presentación también formuló reserva del caso federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48 para el supuesto de un rechazo liminar o una clausura de la investigación sin la producción de las medidas que el denunciante considera indispensables.