La Cámara de Diputados aprobó la modificación del régimen de subsidios al gas en zonas frías y abrió una nueva disputa política en torno al impacto social de las tarifas energéticas. El oficialismo consiguió la media sanción luego de una extensa sesión atravesada por fuertes cruces parlamentarios, negociaciones con gobernadores y acusaciones opositoras de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional.
La reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei modifica la Ley 27.637, sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández y promovida políticamente por Máximo Kirchner. Aquella norma había ampliado el histórico régimen creado en 2002 para la Patagonia, Malargüe y la Puna, incorporando nuevos municipios y provincias al esquema de descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las tarifas de gas.
Con el nuevo proyecto, el beneficio automático volvería a quedar restringido a las zonas originales del régimen, mientras que gran parte de las provincias incorporadas en 2021 deberían acreditar condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para mantener descuentos. Según distintos análisis legislativos y económicos, millones de usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis quedarían expuestos a aumentos significativos en sus facturas.
Un “nuevo tarifazo”
Desde Unión por la Patria, las críticas apuntaron directamente contra el Ejecutivo nacional y contra el acuerdo con el FMI. A través de un comunicado difundido en redes sociales, La Cámpora sostuvo que “la modificación de Milei a la ley de Zona Fría es un nuevo tarifazo para más de 4 millones de familias argentinas” y denunció que el Gobierno busca “destruir” una herramienta que permite pagar hasta un 50% menos en las boletas de gas.
El espacio político señaló además que “más de 3 millones de personas en 8 provincias van a perder el beneficio” y vinculó la iniciativa con las exigencias del Fondo Monetario Internacional para reducir subsidios energéticos.
“No podemos legislar para satisfacer la codicia de los usureros de afuera”
En el recinto, la diputada Gabriela Estévez afirmó que “la ley de Zona Fría impulsada por Máximo Kirchner y aprobada en 2021 protege a 4 millones de hogares” y calificó la reforma oficialista como “lisa y llanamente un tarifazo que llega justo cuando comienza el frío”.
“En Córdoba son 600.000 los hogares que se verían afectados en caso de concretarse este nuevo golpe al bolsillo”, advirtió. Luego cargó contra el acuerdo con el FMI: “No podemos aprobar este proyecto, que es una exigencia del FMI para seguir exprimiendo a las familias argentinas con más ajuste”.
“Nuestro deber es legislar para atender las necesidades del pueblo argentino que nos dio su voto, no para satisfacer la codicia de los usureros de afuera”, sostuvo la legisladora cordobesa.
“La gente tendrá que elegir entre medicamentos o tarifas”
Lucía Cámpora sostuvo que “el gobierno quiere aumentarle las tarifas a 4 millones de argentinos” y remarcó que la reforma “deja a 3,2 millones de personas en 8 provincias de bajas temperaturas sin el beneficio vigente”.
La legisladora trazó además un cuadro social crítico sobre el impacto de las tarifas en los sectores populares: “Los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI ni Remediar o pagar las nuevas tarifas de gas”.
“O quizá deberán tomar más deuda con la tarjeta o la billetera virtual para poder pagar los servicios. Esta es la realidad de nuestros compatriotas”, agregó.
“El acceso al gas no puede quedar librado al mercado”
Por su parte la diputada Fernanda Díaz, quien definió la reforma como “una nueva estafa del Gobierno de Javier Milei”. Durante el debate sostuvo que “más de 4 millones de argentinos y argentinas van a pasar a pagar un 50% más de factura de gas”.
“La zona fría logró que en 9 provincias de nuestro país se pague entre un 30% y un 50% menos”, recordó, y cuestionó el criterio economicista del oficialismo: “Discutir hoy esta modificación es discutir qué país queremos construir, si el acceso a un servicio público esencial como el gas es un derecho básico o queda librado al azar de la rentabilidad empresaria”.
La legisladora también vinculó el ajuste tarifario con el endeudamiento externo y denunció una “transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los sectores concentrados de la economía”.
“Un servicio público no puede quedar bajo la lógica del mercado. El Estado no puede ser un mero observador de esta situación”, enfatizó.
“Le quitan a las mayorías populares para beneficiar a unos pocos”
Por su parte, Paula Penacca aseguró que “el gobierno de Javier Milei todo lo que toca lo rompe” y defendió el régimen impulsado en 2021 como un sistema “justo, solidario y autosustentable”.
“Están haciendo que 4 millones de usuarios, en las puertas del invierno, reciban facturas con un 50, 30, 60 o hasta 100% de aumento. Es brutal lo que hacen”, lanzó durante la sesión.
Penacca además apuntó contra las empresas energéticas y reivindicó las políticas kirchneristas en materia energética: “Con la modificación de esta ley se benefician unos pocos: los tres o cuatro dueños de las grandes energéticas en la Argentina”.
“¿De verdad van a bancar votar una ley en contra de toda esa gente?”, cuestionó la diputada, al tiempo que describió un escenario de caída del consumo, desempleo y endeudamiento familiar.
Quinto Poder 
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