Argentina. AMBA. Morón bajan impuestos a la construcción en altura mientras endurecen los controles a las viviendas unifamiliares.

La modificación de la ordenanza impositiva redefine el esquema de derechos de construcción, reduce la progresividad y profundiza el debate entre estímulo a la inversión y sostenibilidad fiscal.

Un cambio estructural en la matriz tributaria

El Honorable Concejo Deliberante de Morón aprobó una modificación sustancial en los derechos de construcción que altera el esquema vigente de recaudación municipal. Hasta ahora, el sistema establecía una progresividad clara: a partir del quinto nivel, los recargos crecían escalonadamente desde el 20% hasta el 80% en altura.

La nueva redacción introduce un criterio distinto: desde el quinto nivel inclusive, se aplicará un incremento del 10% por cada nivel, pero de carácter no acumulativo. Esta modificación, lejos de ser meramente técnica, implica una reducción efectiva de la carga tributaria sobre desarrollos en altura, eje central del debate político.

El expediente municipal que dio origen a la reforma surge de un planteo directo del sector constructor, que advirtió que el esquema anterior generaba “un efecto altamente distorsionador” y desincentivaba la inversión en el distrito . En ese marco, el Ejecutivo avanzó con una adecuación que (dicen) busca sostener el desarrollo urbano en un contexto de retracción económica.

Libertarios: “sacar la rodilla del pecho”

El bloque libertario celebró la medida como un punto de inflexión. El concejal Ariel Aguilera sostuvo que se trata de “la primera vez que el Ejecutivo acepta una reforma impositiva que favorece a las empresas”, y la vinculó directamente con la necesidad de evitar la fuga de inversiones hacia otros distritos.

Desde esa perspectiva, la reducción de derechos de construcción aparece como una herramienta para dinamizar la actividad, generar empleo y alinear la política fiscal local con una lógica pro-mercado. La idea de fondo: menos impuestos, más inversión.

Spina: apoyo crítico y advertencia fiscal

El respaldo no fue unánime en su interpretación. Desde Fuerza Patria, el concejal Diego Spina acompañó la ordenanza, pero trazó una crítica de fondo al rumbo económico que expresa.

“El espíritu de esta norma, en realidad, lo que pretende es bajar impuestos (…) y lo que se nos dice es que de este modo van a crecer los edificios como hongos en todo Morón” , señaló, cuestionando la premisa central del oficialismo.

Spina avanzó sobre el núcleo ideológico del debate: “Nosotros creemos que nunca ese tipo de teoría tuvo éxito en la economía argentina. La teoría del derrame…” . En esa línea, rechazó la idea de que la reducción impositiva sobre empresas derive automáticamente en beneficios sociales.

Pero su intervención no se limitó a lo doctrinario. También introdujo una dimensión concreta: el financiamiento del Estado municipal. “Hay una clara diferenciación entre el mundo de la construcción privada y los vecinos y las vecinas de Morón” , advirtió, señalando que mientras se alivian cargas a desarrolladores, se mantienen —e incluso se agravan— recargos para obras particulares sin regularizar.

El otro lado de la ordenanza: castigos a los vecinos

El contraste es evidente. La misma norma que reduce la presión sobre grandes desarrollos establece recargos severos para obras sin permiso:

• 50% por regularización espontánea en vivienda unifamiliar
• 130% por detección municipal
• 150% y 300% para otros destinos
• 20% adicional por excepciones en el HCD

Este esquema refuerza la crítica de Spina, quien planteó que el municipio consolida “una clara diferenciación” entre actores económicos.

El señalamiento directo al Ejecutivo

El tramo más duro del discurso apuntó a nombres propios. Spina responsabilizó al secretario de Economía, Guido Napolitano, y a la jefatura de Gabinete por el rumbo fiscal y sus posibles consecuencias.

“Que Guido Napolitano y ninguno de sus funcionarios se ponga a llorar (…) cuando deje totalmente desfinanciado al municipio” , lanzó, anticipando un escenario de tensión presupuestaria.

El concejal vinculó esa eventual desfinanciación con impactos concretos: dificultades para pagar horas extras, riesgo sobre el sistema de salud local y reconfiguración de áreas municipales con desplazamiento de trabajadores.

El costo social de privilegiar a los desarrolladores

La reforma no deja margen para lecturas ingenuas: el Ejecutivo eligió intervenir la matriz tributaria en favor de los grandes desarrollos inmobiliarios, aun cuando eso implique tensionar el financiamiento del Estado local y profundizar asimetrías con el resto de la comunidad.

Lejos de un equilibrio virtuoso, la decisión política apuntó a aliviar la carga sobre el capital concentrado del sector constructor, mientras se mantienen – y en algunos casos se endurecen – los recargos que recaen sobre vecinos y pequeñas obras. El mensaje fiscal resulta claro: incentivo para la inversión en altura, disciplina económica para el ciudadano común.

El debate en el recinto no giró solo en torno a la construcción, sino al modelo de municipio que se pretende consolidar. Uno donde el crecimiento urbano queda atado a la lógica del mercado, aun cuando los recursos para sostener servicios esenciales —salud, salarios, infraestructura— queden condicionados.