La reconfiguración de las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) en Morón expuso una decisión política de fondo: el intendente Lucas Ghi avanzó sobre el esquema de descentralización municipal y redujo la presencia del Estado en los barrios, bajo el argumento de una supuesta austeridad.
Cierre, fusión y desplazamiento territorial
Los cambios impactaron de manera directa en distintas zonas del distrito. La UGC 11 de Castelar Norte, tras la desvinculación de su directora Andrea Ibáñez, fue absorbida por la UGC 4, bajo la conducción de Tony Galati. En paralelo, la UGC 10 de Morón Sur —que abarcaba Barrio Blanco, San Francisco y Santa Rosa— dejó de funcionar en su edificio luego del corrimiento de su directora Alejandra Gómez y se integró a la UGC 6, a cargo de Rogelia Franco.
El proceso no se limitó a fusiones administrativas. La UGC 8, que operaba en la estratégica intersección de Arenales y Agüero en Morón Sur, abandonó ese punto neurálgico y pasó a funcionar en un espacio marginal dentro del Depósito Municipal de la calle Córdoba. A su vez, la UGC 14 quedó envuelta en versiones de traslado desde la sede de Buenos Aires y Figueroa Alcorta —propiedad de la Comunidad Palotina— hacia el centro territorial de género frente a la Plaza Seré.
En tanto en la UGC 1 (Morón Centro y Norte), la remoción del dirigente sabbatelista Lucas Rossi dio paso a una cadena de decisiones que reforzaron el vaciamiento. En su lugar, Ghi designó a Mabel Denti, quien permaneció pocos meses en el cargo antes de ser trasladada a la Subsecretaría de Licencias de Conducir luego del desplazamiento de Leonardo Lucero, otro histórico del Sabbatellismo. Sin reemplazo efectivo en territorio, la UGC quedó virtualmente acéfala y bajo la órbita del subsecretario de Comunicación, Martín Molinari, quien acumula funciones y concentra responsabilidades, evidenciando una superposición de cargos que debilita la gestión local.
Una situación análoga ocurrió en la UGC 5 de Castelar Sur, donde tras el desplazamiento de Melanie Valdez se designó a Silvina Ortigosa, quien sin llegar al año de gestión solicitó su remoción ante la imposibilidad de responder a las demandas vecinales. Lejos de recomponer la estructura de la golpeada Unidad de Gestión, el municipio evitó una nueva designación específica y derivó la conducción en Tomás Norte, actual subsecretario del Cementerio Municipal, asumiendo de facto la dirección de la UGC. La reiteración de este esquema —doble función, ausencia de equipos propios y falta de presencia territorial— consolida un modelo de gestión que sustituye proximidad por acumulación administrativa, con impacto directo en la capacidad de respuesta estatal.
El fin de la descentralización
Las modificaciones no constituyeron meros cambios logísticos. Implican el desmantelamiento de dispositivos territoriales clave que garantizaban la cercanía del Estado municipal con la comunidad.
En las sedes que dejaron de operar o se redujeron, se interrumpieron funciones esenciales: atención de trabajadores sociales, abordaje de niñez y juventud, instancias de mediación comunitaria y funcionamiento de cajas municipales. La eliminación de estos servicios afecta de manera directa la capacidad de respuesta del municipio en los barrios.
Ajuste o retirada del Estado?
La narrativa oficial se apoya en supuestos criterios de racionalización del gasto. Sin embargo, en el territorio, la medida se traduce en una retracción concreta de la presencia estatal. La decisión de concentrar estructuras y desplazar servicios consolida un modelo centralizado que contradice el espíritu original de las UGC, concebidas como herramientas de proximidad y participación comunitaria.
La política adoptada por la gestión de Ghi configura así un giro regresivo: en lugar de fortalecer la capilaridad institucional, opta por reducirla. El resultado inmediato?: Un vacío territorial que impacta en los sectores más vulnerables, que dependían de estos dispositivos para canalizar demandas urgentes.
Un modelo en discusión
El repliegue de las UGC abre un debate sobre el rumbo de la gestión municipal. La tensión entre austeridad y presencia estatal queda expuesta en cada cierre, cada fusión y cada traslado.
En un distrito históricamente identificado con políticas de descentralización, la decisión de replegar el Estado de los barrios plantea interrogantes sobre las prioridades de gobierno y sobre el futuro del vínculo entre el municipio y su comunidad.
Quinto Poder 
justo en momentos de crisis económica y social como el que vivimos, en donde la ciudadanía más necesita la presencia del estado local, el municipio se retira del territorio barrial y limita su derecho al acceso a las políticas públicas y la participación
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