CASO URRIBARRI. Escándalo en Entre Ríos: cuestionable dictamen de la Procuración

La Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó esta semana en favor de la declaración de nulidad del proceso de destitución que llevó a la remoción de la ex sub procuradora, Cecilia Goyeneche, de la Provincia de Entre Ríos. Una trama de intereses económicos personales, asociaciones indebidas y propiedades compartidas con imputados, en el marco de una causa con gran impacto político.

Por Antonio Secci

Las aguas revueltas en el mundo político de Entre Ríos siguen cada día más turbulentas y cada vez menos transparentes. El reciente dictamen del procurador Eduardo Casal, que señala afectaciones del debido proceso en la remoción de la exfiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, ha generado una fuerte controversia a nivel local. Goyeneche, quien fue destituida en 2022, había denunciado que su remoción fue una represalia por sus investigaciones contra el exgobernador Sergio Urribarri. Sin embargo, este dictamen pasa por alto que el jurado de enjuiciamiento tuvo en cuenta que la ex subprocuradora era socia e intentó desvincularse de propiedades realizando donaciones a su sobrina por montos millonarios, ya que dichas propiedades las tenía en sociedad con uno de los procesados a los que investigaba como fiscal. El jurado de enjuiciamiento, al desingar un fiscal ad hoc para el proceso de destitución, lo hizo en la inteligencia de que el Ministerio Público Fiscal de la Provincia -cuyo titular también fue cuestionado y se encuentra en pleno trámite de enjuiciamiento- no podía ser imparcial frente a las graves acusaciones de corrupción que pesaban contra las máximas autoridades de ese poder de la provincia.

Cecilia Goyeneche, que desempeñaba un rol clave como coordinadora de investigaciones anticorrupción, fue removida por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos bajo el argumento de haber perdido su objetividad, especialmente en el caso de los «contratos truchos» de la Legislatura entrerriana. Según Goyeneche, su destitución fue una movida política para proteger a individuos involucrados en actos de corrupción.

En este contexto, el  dictamen de la procuración sostiene que el proceso de remoción de Goyeneche estuvo viciado de irregularidades, particularmente en la designación de un fiscal ad hoc para su juicio, en lugar de un miembro del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. Este argumento ha sido visto por algunos como una táctica para desacreditar el trabajo del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos ya que desplazando al Ministerio Público que estaba siendo cuestionado en lo más alto de sus cúpulas, era la única forma de garantizar la transparencia y regularidad de procedimiento constitucional frente a un caso de tremenda gravedad institucional.

Reacciones y Consecuencias

Las reacciones al dictamen de la procuración ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se han hecho esperar. Fernando Burlando, abogado defensor de Urribarri, ha señalado que el dictamen confirma sus denuncias sobre la parcialidad y las irregularidades en los procesos judiciales en Entre Ríos, toda vez que señala que los agravios de la ex procuradora son exactamente los mismos que continuamente, le fueron rechazados por el Ministerio Público Fiscal de la provincia a su cliente Urribarri.

 Burlando argumenta que ciertos magistrados del sistema judicial en la provincia podrían haber sido manipulados sistemáticamente para favorecer a ciertos intereses políticos, y que el intento por reponer a Goyeneche es parte de una estrategia más amplia para encubrir las groseras arbitrariedades y escándalos de corrupción realizados desde la cabeza del Ministerio Público de la Provincia de Entre Ríos.

Por otro lado, los defensores de Urribarri ven en el dictamen de la procuración una validación de sus preocupaciones sobre la independencia y la integridad del sistema judicial entrerriano. Consideran que el dictamen puede ser parte de un intento de reescribir la historia y deslegitimar las condenas por corrupción emanadas del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.

En este contexto la ex sub procuradora ha sido nuevamente denunciada ante la justicia nacional en lo criminal y correccional por haberse filmado mientras coaccionaba a posibles imputados para que declaren como testigos en contra de quien fuera dos veces gobernador de la provincia y ex embajador ante el Estado de Israel.

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, cuya causa ha desatado la tormenta perfecta en el ámbito judicial y político entrerriano, defenderá hasta el final su inocencia con el asesoramiento y el equipo del penalista Fernando Burlando.

El Futuro del Caso

El expediente ahora está en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si confirma o revoca la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos. El dictamen de la Procuración, si bien no es vinculante y no se expide sobre el fondo de la cuestión, pude tener enorme trascendencia institucional frente a la Corte Suprema para que se admita revisar el proceso de destitución de Goyeneche. Esto traería aparejadas múltiples implicaciones significativas para la política y la justicia en la provincia.

En primer lugar, se estaría avalando a la magistrada que actúo sin excusarse en un proceso de gran impacto político cuando los vínculos que la unían -a ella y su marido- con uno de los procesados, fue acabadamente acreditado por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia.

En segundo lugar, se estaría legitimando la intervención del mismo Ministerio Público cuestionado, para que intervenga en el mismo proceso en el que se lo cuestiona, con la consecuente merma de la garantía de un fiscal imparcial.

Por último, el dictamen pasa por alto las graves acusaciones que pesan contra la magistrada en los procesos en los que se investiga la coacción de posibles imputados y que fueron video gravados por la misma funcionaria desplazada.

Mientras tanto, el caso sigue generando divisiones y controversias, destacando las tensiones entre el poder político y el Ministerio Público de Entre Ríos. El futuro de la lucha contra la corrupción en la provincia dependerá en gran medida de cómo se resuelva este complejo y polémico caso.