LAS EMPRESAS PÚBLICAS CONSITUYEN UN BALUARTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Texto que define el posicionamiento público adoptado por el Consejo Ejecutivo Nacional de CNTI. Buenos Aires, Argentina, del 04 de enero 2024

Desde la Coordinación Nacional de Trabajadores/as de la Industria de CTA autónoma nos oponemos al plan de desfinanciamiento y privatización de empresas del sector público que busca imponer el gobierno de Javier Milei y su aliado Mauricio Macri. Nos solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras que hoy son el blanco de una campaña que ha usado la desinformación y el sensacionalismo para tergiversar el rol e importancia de las empresas públicas argentinas. Adherimos y acompañamos la jornada nacional de paro y movilización convocada por ATE el próximo 15 de enero y el paro nacional que tendrán lugar el 24 de enero organizado por CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y CGT.

El plan de ajuste comunicado por Caputo el 12 de diciembre, el DNU 70/2023 anunciado por Milei el 20 de diciembre, el DNU 84/2023 del 23 de diciembre y la denominada Ley Ómnibus constituyen un ataque frontal contra la democracia, las instituciones republicanas, la soberanía nacional y los trabajadores. Las recetas del fundamentalismo de mercado neoliberal ya han sido implementadas en nuestro país y han fracasado con terribles consecuencias sociales.

La discusión que proponemos no es solo de formas, sino del contenido de esta reforma estructural del Estado. Se trata de una verdadera ofensiva contra los derechos y el bienestar del pueblo trabajador, diseñada en función de los intereses y la codicia de empresarios, empleadores y grupos concentrados del capital local y trasnacional. Manipulando el nombre de la libertad y alentados por el fundamentalismo de mercado pretenden hundir definitivamente a nuestra patria en el atraso, el subdesarrollo y la desintegración social.
La desregulación, el desfinanciamiento y el achicamiento del entramado de empresas y agencias públicas tendrán severas consecuencias para el desarrollo de nuestro país, afectando duramente las capacidades nacionales en los sectores nuclear, científico-tecnológico, de telecomunicaciones, naval, aeroespacial, energético, salud y defensa. Si queremos dejar atrás la carga de una deuda ilegítima, la crisis de divisas, o el peso de la inflación sobre el bienestar de nuestra población, esas metas no se alcanzarán desmantelando sectores estratégicos que día a día generan conocimiento, valor agregado y brindan servicios esenciales a la sociedad.

Mucho menos si las dejamos libradas al capricho de intereses privados trasnacionales que priorizarán la acumulación de ganancias inmediatas para sí, en detrimento del interés general y el desarrollo nacional. Tampoco será facilitando la apropiación y extranjerización desregulada de tierras, mares, ríos y recursos estratégicos como el litio.

Estas medidas agravarán el padecimiento de nuestro pueblo, golpeado por la precarización de la vida. Menos aún podremos afrontar los desafíos de la crisis climática y la transición energética, de la transformación acelerada que traen consigo las tecnologías de la información, la automatización y la inteligencia artificial.
Nuestro país posee un gran potencial y una historia de logros significativos, apoyado en una clase trabajadora profesional y organizada, en sus riquezas naturales, en años de esfuerzos e inversión en formación y educación, investigación científica y tecnológica, y desarrollo de infraestructura. No se trata de ignorar los déficits y problemas existentes y urgentes. En cambio, se deben construir consensos con una visión estratégica a largo plazo que priorice el pleno desenvolvimiento de las capacidades nacionales y el bienestar de nuestro pueblo; que haga foco en las soberanías tecnológica, de datos y telecomunicaciones, energética y alimentaria, la justicia social y ambiental con creación de empleo digno; que promueva la diversificación productiva y una inserción inteligente en un mundo multipolar, complejo e incierto. Eso no se logra desmantelando el sector público y destruyendo fuentes de trabajo.

La soberanía que reivindicamos no es un ideal abstracto; comprende el trabajo que los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas realizan día a día para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Lo que necesitamos es revitalizar el rol de lo público y su aporte a la sociedad de una forma verdaderamente democrática como patrimonio del pueblo.