Argentina. La AAJ ofrece una Declaración ante una nueva crisis institucional y represión en la provincia de Jujuy.

Ante la brutal represión policial en Jujuy ordenada por Gerardo Morales contra docente, trabajadores y pueblos originarios que se oponen a la reforma constitucional que cosechó el repudio de centrales y organizaciones sindicales, movimientos sociales, diputados del Frente de Todos y organismos de derechos humanos la AAJ se suma con una declaración que a continuación les ofrecemos:

Declaración de la AAJ ante una nueva crisis institucional y represión en la provincia de Jujuy

La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC, que tiene entre sus objetivos, la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, expresa su preocupación por la vulneración del sistema democrático en la provincia de Jujuy, ante la ilegal reforma constitucional tanto en su conformación, en el procedimiento, como en su contenido violatorio de la Constitución Nacional; y manifestamos nuestro enérgico repudio a la brutal represión a las manifestaciones y protestas sociales contra la misma.

Cabe recordar que el día 22 de mayo último quedó constituida en la Provincia de Jujuy una Convención Constituyente promovida por el gobernador Gerardo Morales y presidida por él mismo (1).

Esa irregularidad vicia desde el inicio el funcionamiento de tal Convención, puesto que, conforme al artículo 100 de la Constitución Provincial vigente, sancionada el 22 de octubre de 1986, “los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones”

Coetáneamente, se impidió el uso de la palabra a los representantes de distintos organismos de DDHH, en la Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías de la Convención, en el momento donde se iba a discutir la material prohibición del derecho a la protesta a propuesta del gobernador Morales. Mediante un operativo policial se impidió a los docentes trasladarse hacia la capital provincial para manifestarse contra la reforma de los artículos 67 y 68 de la actual Constitución y por reclamos salariales. Esto marca procedimientos antidemocráticos ya que, una reforma constitucional importa un nuevo contrato social en el que debe garantizarse la participación de todos los sectores con el tiempo y debate necesario.

Premonitorio de la represión que se materializaría unos días después, el 8 de junio próximo pasado, el referido Gobernador, modificó el artículo 113 del Código Contravencional de la Provincia de Jujuy (ley 5860), aumentando de 5 a 1000 el monto máximo de la unidad de multa prevista para “quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, eliminando también el mecanismo de mediación y conciliación previsto en la anterior redacción. Debe resaltarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 42°, el Juez podrá, en caso de incumplimiento, convertirla en pena de arresto, sin perjuicio de lo dispuesto para cada tipo contravencional, lo que desvirtúa la aparente eliminación de la misma fijada en hasta 3 días (en la redacción anterior), asignando en cabeza del juez un inconmensurable margen de arbitrio.

A la flagrante inobservancia de la Constitución -aún vigente- de 1986, y la paralela invalidez de todo lo actuado en el seno de la referida Convención Constituyente, debe agregarse el contenido mismo de la reforma, lo que deja de manifiesto la decisión de Gerardo Morales de penalizar toda expresión del derecho a la protesta social, ampliamente reconocida como tal por los órganos del sistema interamericano de Derechos Humanos.(2)

Repudiamos la brutal represión desatada contra los diversos sectores que, en defensa de sus derechos fundamentales, se movilizaron pacíficamente contra una reforma que los vulnera. Docentes, trabajadores de la salud y otros gremios, pueblos originarios y campesinos, así como organizaciones sociales fueron víctimas de un feroz accionar policial, dejando un saldo de numerosos heridos y detenidos, fruto de una violencia institucional por parte del Ejecutivo Provincial incompatible con nuestra democracia, que nos recuerda a las prácticas de la dictadura cívico-militar.

En similares circunstancias, en el año 1999, Fernando De la Rúa dispuso la Intervención Federal de la provincia de Corrientes ante la denominada “Masacre del puente General Belgrano” y la cuestionada administración de dicha Provincia; mientras que, en 2004, el presidente Néstor Kirchner hizo lo propio en la provincia de Santiago del Estero ante graves denuncias de corrupción y persecución política.

Si a la crisis antes descripta le sumamos lo oportunamente denunciado por esta Asociación ante el

Consejo de DDHH de la ONU, respecto de la cooptación y manipulación del poder judicial por parte del gobernador Morales, para la persecución y criminalización de las y los líderes sociales en Jujuy, como es el caso de Milagro Sala, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación meritar lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Nacional que faculta al Gobierno Federal a intervenir en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno.

Por último, exigimos el cese inmediato de la represión social y la libertad de todas las personas detenidas en este contexto represivo, solidarizándonos con las y los y trabajadores, las comunidades originarias y campesinas, y con todo el pueblo de Jujuy, abogando por el retorno del Estado Social y Democrático de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos en Jujuy.

Buenos Aires, 19 de junio de 2023.

1 (consultado en el sitio https://prensa.jujuy.gob.ar/gerardo-morales/gerardo-morales-preside-la-convencion-constituyenten111316).

2 https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf