Análisis Internacionales Latinoamérica Perú

Miradas. Perú. La dictadura no puede frenar las marchas de protesta ni baleando y matando

Por Carlos Noriega

La presidenta propuso una tregua y luego culpó a los manifestantes de haber lanzado las balas que los mataron a ellos mismos. Pobladores del sur andino denuncian abierto racismo.

“Vamos pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo”, gritaba la multitud en respuesta a los gases lacrimógenos y perdigones disparados por la policía para impedir su avance por las calles de Lima. El centro de la capital fue tomado este martes por manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, adelanto de elecciones para este año, una Asamblea Constituyente y el cierre del desacreditado Congreso que controla la derecha. En lo que se ha llamado la “gran marcha nacional”, pobladores llegados desde distintas regiones del país tuvieron participación protagónica en esta manifestación. Hombres y mujeres que viajaron en una larga travesía a Lima desde distintas zonas, especialmente andinas, marchaban con firmeza. Muchos llevaban vestimentas tradicionales de sus regiones poniéndole colorido, decisión y coraje a la protesta.

Como en otras ocasiones, la movilización comenzó pacíficamente, hasta que la policía atacó para cortarles el paso y dispersarlos. Los manifestantes respondieron lanzando piedras, palos y lo que tuvieran a la mano. La plaza San Martín, tradicional punto de encuentro de manifestaciones sociales y políticas, fue escenario central de la represión policial, que arremetió para desalojar a quienes protestaban. Algunos manifestantes se protegían con escudos caseros de madera en la primera línea, intentando detener el avance de la policía.

Las bombas lacrimógenas cubrieron el lugar de humo y lo volvieron irrespirable. La policía disparaba perdigones sin cesar. Era un enfrentamiento desigual y la policía logró retirarlos de la plaza San Martín. La represión siguió en otras calles del centro y continuaba al cierre de esta nota. Hasta ese momento no había un reporte de heridos y detenidos.

“Dina, asesina, mataste a nuestros hijos”, gritaba la multitud mientras arreciaba la represión. “La sangre derramada, jamás será olvidada”, era otra consigna que sonaba fuerte. “Somos campesinas, no terroristas”, coreaba un grupo de mujeres vestidas con coloridas y anchas faldas andinas. Poco más allá, un grupo de jóvenes las siguió: “Somos estudiantes, no terroristas”. Era la respuesta al gobierno, a la derecha y a los medios, que los acusan de terroristas. “Amigo, estudia, no seas policía”, se coreaba frente a los efectivos policiales. “Métele un balazo”, se escuchó gritar a un policía. “Asesinos, asesinos” respondía la gente, entre gases y ruidos de los disparos de perdigones. La exigencia de renuncia de la presidenta no cesaba. Fue el sexto día de protestas consecutivas en Lima. Una vez más, la respuesta del gobierno fue la represión.

Este martes, el epicentro de las protestas fue Lima pero también las hubo en ciudades del interior. El sur andino, donde son diarias desde que se reanudaron el 4 de enero luego de una tregua navideña, sigue casi paralizado. El aeropuerto de Cusco suspendió sus actividades y el flujo de turistas se redujo casi a cero desde el inicio de las protestas.

En la carretera Panamericana Sur, a 290 kilómetros de Lima, hubo duros choques entre policías y manifestantes que bloqueaban la vía. El gobierno ha reconocido que se desbloquea una vía y después vuelve a ser bloqueada. Desde hace semanas se mantienen bloqueos en distintas vías: hay más de 70 piquetes en diez regiones del país. En ciertas regiones ya hay problemas de abastecimiento de alimentos y combustible.

Horas antes de que comenzara la movilización en Lima y se desatara la represión, Boluarte pidió una tregua a quienes protestan. Lo hizo en declaraciones a la prensa extranjera. Pero ella misma dinamitó un acercamiento llamándolos “violentistas” y “radicales”, y los acusó, sin evidencias, de estar financiados por “el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, para generar caos, zozobra y anarquía para que aprovechen esas economías ilegales para hacer sus actividades ilícitas sin control”. Esas acusaciones buscan criminalizar y desacreditar las protestas para quitarles respaldo, algo que no han conseguido. Y pretenden justificar la represión que ha dejado 46 muertos por disparos de policías y militares. El total de fallecidos desde que comenzaron las protestas en diciembre son 56, incluyendo un policía. Boluarte volvió a defender a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra manifestantes. En esas condiciones, su pedido de tregua no tenía posibilidad de éxito. Poco después de esa fallida solicitud, las calles del centro de Lima retumbaron con los gritos de “Dina asesina, renuncia”. Y se volvió a desatar la represión.

Ante las evidencias que comprometen en su gobierno con una brutal represión, la presidenta ensayó una explicación que volvió a revelar la facilidad con la que el gobierno lanza acusaciones sin sustento. Acusó a los manifestantes de haber sido ellos los que han causado las muertes disparando “balas que han ingresado desde Bolivia”. No hay una sola evidencia de la existencia de esas supuestas balas bolivianas. Le aseguró a medios extranjeros que tenían videos que probaban su grave acusación y que los entregarían, pero eso no ocurrió. “Hay que determinar de dónde son las balas. Si son de la policía o del lado de los violentistas y radicales”, insistió la presidenta. Lo cierto es que los 46 muertos y decenas de heridos por disparos son todos manifestantes, no hay un solo policía muerto o herido por esas supuestas “balas bolivianas” que el gobierno asegura han disparado los pobladores que protestan en el sur andino. Ninguna fotografía o video muestra a manifestantes armados con fusiles o pistolas. Y los resultados conocidos de las necropsias a las víctimas confirman que los proyectiles que los mató corresponden al tipo de armas que usan las fuerzas de seguridad. Coincidiendo con la ultraderecha, Boluarte acusó a Pedro Castillo de promover desde la prisión “protestas violentas”. Otra vez, no mostró una sola evidencia.

Las movilizaciones antigubernamentales tienen una fuerte presencia andina. La altiplánica región de Puno es epicentro de las mayores protestas y la represión más dura. Ahí han muerto más de veinte personas. Boluarte reconoció que Puno está paralizada hace semanas y que la protesta es casi total en esa región. Y soltó una frase lamentable pero reveladora, que refuerza esa sensación de exclusión del Perú oficial contra el mundo andino. “Puno no es el Perú”, lanzó. Afirmaciones como esta alimentan la indignación popular en regiones andinas que se han levantado contra el poder oficial, ahora en manos de la ultraderecha que gobierna con Boluarte, y contra la histórica discriminación en su contra.

Valentina Churqui, campesina, llegó a Lima desde Puno para sumarse a las protestas. “Estoy aquí porque policías han matado a mis hijos, a mis nietos, por eso los puneños estamos aquí en la lucha en Lima. Hay muertos que han sido desparecidos, hay más muertos de los que dicen”, le señaló a Página/12 con notoria emoción. Aseguró que no depondrán las protestas hasta que renuncie Boluarte. “Ella dice que somos campesinos ignorantes, no somos ignorantes, ella es ignorante, no entiende por lo que nosotros luchamos. Qué vamos a dialogar si ella no nos valora. Queremos respeto, reconocimiento a nuestro trabajo. Si nos van a matar, que nos maten a todos, no tenemos miedo”. 

Fuente: Resumenlatinoamericano.org

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