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Empresa china que lidera proyecto hidroeléctrico en Chile, se querelló nuevamente contra jóvenes que defienden el río Biobío

Miércoles, 5 de Enero de 2022

Una segunda querella fue declarada admisible el 24 de diciembre, continuando con la criminalización protagonizada por China Three Gorges Corporation, encargada del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, contra jóvenes que han apostado por la defensa del río Biobío.

Fue el 23 de diciembre la fecha en la que Eduardo Gaspar Soto Delgado, en representación de la empresa Rucalhue Energía SpA, ingresó al Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara un querella tras el desalojo, por parte de Carabineros y guardias de seguridad de la empresa, de jóvenes que levantaron un campamento a orillas del río Biobío, lugar en donde se pretende instalar la que sería la cuarta hidroeléctrica en el cauce.

RESUMEN tuvo acceso a la querella, la cual fue declarada admisible al día siguiente -24 de diciembre- y que apunta a los delitos de amenazas simples contra funcionarios de la empresa, daños calificados y robo con intimidación. En este contexto, pese a que la querella se dirige «contra de quienes resulten responsables», la empresa que responde a capitales transnacionales representados por China International Water and Electric Corporation, subsidiaria de China Three Gorges Corporation –la responsable de la hidroeléctrica más gran del mundo– nombra a cerca de diez jóvenes como personas que «el personal de turno logró reconocer», además de dos patentes de vehículos.

Esta querella se suma al proceso de criminalización contra habitantes de la provincia del Biobío que se han opuesto a la instalación del cuestionado proyecto hidroeléctrico. Fue en julio de este año que RESUMEN hizo público que la misma empresa se querelló tras la ocupación de inmediaciones donde la transnacional se encontraba realizando trabajos, causa que aún sigue abierta y que tuvo un punto álgido tras el desalojo de dicho campamento.

En esta oportunidad, China Three Gorges busca, entre otras penas, retribución económica, 541 días de presidio menor en su grado máximo por el delito de amenazas y hasta cinco años de reclusión menor en su grado máximo por el de daños calificados. Sin embargo, la que suma más tiempo es la referida a robo con intimidación, donde la empresa solicita una pena de 10 años de presidio mayor en su grado máximo.

En lo que respecta a las diligencias, además de solicitar tomar declaración de funcionarios de la empresa, el gigante hidroeléctrico chino ha solicitado realizar pericias sobre pertenencias de jóvenes que participaron del campamento levantado a orillas del río, los cuales no fueron devueltos tras el desalojo, sino que entregados al Ministerio Público.

De parte de las comunidades se ha apuntado a una secuencia de vulneración protagonizada por la empresa china, lo cual se grafica no solo en la querella anteriormente ingresada, sino que en el irregular proceso de detención de jóvenes. Desde las organizaciones que participan en la defensa del río Biobío, informaron que el proceso de detención fue totalmente violento, incluyendo golpes por partes de guardias de la empresa en presencia de Carabineros, junto a amedrentamientos que habrían realizado con perros propios de Rucalhue SpA.

En este contexto es que la lucha en defensa del río Biobío ha ido cobrando mayor visibilización. Ejemplo de aquello fue el rechazo transversal de parte de organizaciones como la Red de Ríos Libres que, en referencia al segundo desalojo, indicaron que «las acciones de la empresa en complicidad con Carabineros, con detenciones irregulares, amenazas y amedrentamiento, a demás de retención de sus implementos de trabajo y artículos personales, son inaceptables».

Asimismo, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual reúne a organizaciones latinoamericanas, ha enviado misivas tanto a la empresa como a la embajada china alertando acerca de la conflictividad que ha protagonizado la presencia del proyecto, provocando el rechazo generalizado de la comunidad.

En esta línea, CICDH ha enfatizado en la preocupación que existe respecto a que «China International Water & Electric Corporation no promueva la participación y el diálogo como vía para atender los reclamos de la sociedad civil y las autoridades locales y que, por el contrario, persiga la criminalización de los líderes de las comunidades a través de la interposición de querellas criminales».

Fuente: Resumenlatinoamericano.org

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