Por Marina Caivano
En el marco del conflicto salarial existente entre el servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Juan Carlos Arámburu en Pehuajó, se produjo la renuncia de los dos especialistas que se desempeñaban en el nosocomio. El Secretario de Salud Municipal, Dr. Carlos Pichetto anunció en una conferencia de prensa que se está trabajando para poder contar con nuevos profesionales y que no van a ceder ante el “apriete de la corporación médica”. Mientras tanto, quienes esperan una cirugía “no urgente” son las más perjudicadas.
El Hospital Juan Carlos Aramburu atiende gran cantidad de personas provenientes de la ciudad y el Partido de Pehuajó, una región con aproximadamente 40.000 habitantes. Llama la atención que un servicio tan necesario como es el Servicio de Traumatología y Ortopedia sólo contara con tres profesionales a cargo y, luego que uno de ellos hiciera uso de una licencia, quedaron sólo dos médicos a cargo, momento en el que se inició el conflicto salarial.
a los dos profesionales que renunciaron se los acusará de «abandono de persona», dijo el secretario de salud.
Según los dichos del secretario de Salud municipal, los profesionales que renunciaron, los doctores Jose Guerineau y Alejandro Heidemann percibían honorarios de alrededor de 120.000 pesos y se los acusará de “abandono de persona” por haberse negado a operar a un niño y una señora de edad avanzada.
Por su parte, los médicos cuentan que habían mantenido varias reuniones con las autoridades del Hospital y llegado a un principio de acuerdo de incremento por un monto determinado, que finalmente no se respetó. En consecuencia, la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, se expidió y declaró a Pehuajó como “zona de conflicto”, razón por la que ningún especialista de la zona que pertenezca a la organización podría atender en Pehuajó.
Ante las renuncias de los únicos traumatólogos que había en el Hospital Municipal, el Secretario de Salud ofreció disculpas públicas y anunció que «las situaciones más urgentes en traumatología serán atendidas por el doctor Larrea, un profesional jubilado que se comprometió a colaborar ante la angustiante carencia de médicos para los más necesitados».
Las más perjudicadas son las personas sin obra social y los jubilados que se atienden con PAMI, y que sólo pueden ser intervenidos quirúrgicamente en el Hospital. En muchos casos atraviesan situaciones que no son de vida o muerte pero, que deben ser resueltas a la brevedad para tener una digna calidad de vida.
El caso de Mirta Denda, una jubilada de setenta años que esperó su prótesis de cadera durante tres meses con la mala suerte de que ahora que le ha sido adjudicada por PAMI no hay quien la opere y la coloque. La mujer no podría ser operada por otro médico porque los reglamentos de PAMI exigen que lo haga el médico que la solicitó.
Tampoco puede solicitar el traslado para ser atendida en otro lugar porque habría que volver a hacer todos los trámites nuevamente para lograr la adjudicación del elemento ortopédico. Mientras tanto, la señora vive en cama por la imposibilidad de moverse ante los dolores que sufre y deberá seguir postrada esperando una solución.


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