El juez federal Juan Pablo Augé aceptó al ex vicepresidente como querellante en la causa que investiga el accionar ilícito de la AFI durante el gobierno de Cambiemos. También aceptó al ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
La Cámara Federal porteña resolvió este viernes que la investigación por espionaje «M» de la AFI a la vicepresidenta y al Instituto Patria deberá pasar a los tribunales de Retiro y ordenó pedir la inhibición a la Justicia de Lomas de Zamora.
Los fiscales afirman que quienes componían la organización, se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia.
La jueza Servini rechazó nuevamente los planteos de la defensa del ex presidente en la causa que investiga presiones contra directivos del Grupo Indalo. Además, remitió copias de la última presentación del abogado Pablo Lanusse, para que se evalúen sus dichos contra la magistrada.
La interventora de la AFI pidió la indagatoria ante el juez Ercolini.
El secretario privado de Mauricio Macri había presentado una denuncia ante los tribunales de Retiro en la que sostuvo que su dispositivo había sido objeto de «distintas irregularidades”. Sin embargo, el fiscal federal Jorge Di Lello consideró que las actuaciones vinculadas al secuestro, custodia y peritajes realizados sobre su teléfono celular, en el marco de la causa por espionaje ilegal, deben investigarse en los juzgados federales de Lomas de Zamora y no en Comodoro Py.
«No hay argentino más impune que Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta», sentenció.
La Cámara Federal porteña pidió que las pericias se acoten a la causa del Grupo Indalo.
Cada vez es más complicada la situación de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa que investiga la vigilancia ilegal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria en 2018.
Aseguran que hay pruebas contundentes del espionaje ilegal desde el Ministerio de Seguridad de Bullrich y la Gendarmería.
Darío Nieto fue a Comodoro Py a pedir auxilio. Dijo que «manipularon» información de su teléfono, que «fabricaron» pruebas y «deformaron» su contenido. Además, hizo una presentación ante el juez Juan Pablo Auge, luego de que se difundiera material que, según dijo, “provenía” de su celular, que le fue “extraído” en peritajes. Puntualmente solicitó que la Justicia “no utilice” el equipo en otras causas.
Quinto Poder